Claudio Duarte camina por las calles de Progreso como quien recorre su propia casa. Es el alcalde y va por su segundo mandato. Una vecina pasa en bicicleta y lo saluda por el nombre. Otro le grita, en tono de broma, que no lo volverá a votar “por cómo quedaron las calles”. Un veterano frena unos segundos para darle la mano y seguir camino. Duarte escucha todo. Hace casi dos años que las quejas por las obras de saneamiento forman parte de su rutina diaria.
No es casual. Progreso fue la localidad elegida para dar inicio a uno de los proyectos de saneamiento más ambiciosos impulsados durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. El plan prometía llevar este servicio a 61 localidades del interior del país, muchas de ellas sin cobertura alguna, a través de una inversión estimada en 349 millones de dólares.
El enorme cartel de obra todavía permanece en uno de los cruces más céntricos de la ciudad. Pero el escenario cambió. El nuevo directorio de OSE anunció que revisó el proyecto general y reducirá significativamente su alcance. De las 61 localidades previstas originalmente, pasarán a ejecutarse obras en unas 30, al entender que los recursos disponibles no alcanzan para completar el plan tal como fue diseñado.
La decisión reabrió una discusión política y técnica sobre el proyecto. El actual presidente de OSE, Pablo Ferreri, dice a El País que recibió un plan de saneamiento con dificultades de diseño y también de financiamiento.
Cuando se le pregunta por qué cree que la administración anterior manejó un número tan grande de localidades, responde: “Quiero ser cauto, pero en OSE no encontramos ningún documento técnico ni financiero que respalde ese proyecto. Quedaron muy lindos los carteles que prometen 61 localidades, pero el plan no tenía sustento”.
Desde el otro lado, Raúl Montero, presidente de OSE en el período anterior, afirma que la licitación original del plan de saneamiento “estaba adjudicada por el total de las obras”.
Y agrega: “Da la impresión de que se va a recortar y renegociar con las empresas para hacerlo en menos localidades”. Montero asegura que el plan original combinaba criterios de eficiencia con una lógica de distribución territorial. “La idea era sembrar saneamiento en todo el país y no concentrarlo solo en las zonas más densas”, afirma el dirigente del Partido Nacional.
Desde la actual administración de OSE sostienen que, al momento de anunciarse el plan para 61 localidades, todavía no estaban definidos los proyectos ejecutivos ni los costos finales de las obras. Según explican, cuando las empresas adjudicatarias comenzaron a elaborar los planes definitivos y a aterrizar las intervenciones en cada territorio, los montos crecieron de forma significativa.
Ferreri pone como ejemplo el caso de Quebracho en el departamento de Paysandú. Según señala, una obra que inicialmente estaba estimada en 3,8 millones de dólares terminó costando cerca de 10 millones una vez que se corrigieron aspectos vinculados a la cobertura del servicio y a la capacidad futura de la planta de tratamiento. “Había obras en Tacuarembó previstas en 6 millones que terminaron costando 10 millones de dólares”, agrega.
Para la actual conducción de OSE, esas diferencias muestran que las estimaciones originales no reflejaban el costo real de las intervenciones, lo que explica la decisión de reducir la cantidad de localidades incluidas en el plan, manteniendo la misma inversión. O sea, con el mismo dinero se harán menos obras.
Montero, el expresidente de OSE, sostiene que el proyecto original contemplaba redes y plantas de tratamiento funcionando en simultáneo. “No había obras pensadas sin tratamiento de aguas. Decir eso es un error, había una planificación estratégica”, afirma.
También rechaza cuestionamientos sobre la ausencia de proyectos ejecutivos al momento de la adjudicación. “Es usual que OSE licite con anteproyectos y que el proyecto ejecutivo lo haga la empresa que gana. Hace años que funciona así”, dice Montero.
Después de la obra: el lado B del saneamiento
A pocas cuadras del municipio, obreros vuelven a levantar parte de la calle para rehacer trabajos ya realizados. En Progreso aparece el lado B del saneamiento: semanas enteras con calles cerradas, vecinos que no pueden sacar el auto, adultos mayores y madres con cochecitos de bebé que quedan prácticamente atrapados entre pozos, barro y montículos de tierra. Aunque hay cordón cuneta y veredas, a veces el tránsito peatonal queda interrumpido por completo mientras avanzan las obras.
Alejandro Ruibal, director ejecutivo de Saceem, una de las empresas que integra los consorcios encargados de las obras, reconoce que estas son intervenciones complejas para los vecinos. “El saneamiento tiene mucho impacto durante la construcción: pozos, barro, calles cerradas. A nadie le gusta que le rompan la entrada de la casa”, dice.
Sin embargo, enfatiza en la importancia ambiental y sanitaria de estas obras. “La gente muchas veces no percibe el beneficio inmediato porque estaba acostumbrada a usar pozo negro o tirar aguas a la cuneta, pero el impacto ambiental y sanitario es enorme”, afirma Ruibal.
¿Cómo se hacen estas obras de saneamiento? Una vez que los estudios están terminados y los técnicos junto con las empresas aterrizan el proyecto en el territorio, comienza la intervención en la calle. Se abre una zanja en el centro de la calzada, mientras los laterales permanecen sin tocar. Allí se excava hasta cuatro metros de profundidad para instalar las tuberías que luego transportarán las aguas servidas. En zonas como estas de Canelones, por lo general se realiza una conexión cada dos padrones.
El trabajo bajo tierra suele traer sorpresas. Los operarios pueden encontrarse con piedras que no estaban previstas en los estudios y que obligan a modificar los tiempos de obra. También puede ocurrir que se rompa una cañería de agua potable de OSE o aparezcan otras infraestructuras no registradas.
En una calle de la localidad 18 de Mayo, también en Canelones, dos camiones y una retroexcavadora trabajan sobre una zanja abierta. Entre un ingeniero de casco blanco, un capataz de casco azul y varios obreros de casco amarillo que entran y salen del pozo, uno de los encargados explica que antes de avanzar a la siguiente cuadra deben asegurarse de que la tubería quede perfectamente nivelada. Para comprobarlo utilizan una luz guía que debe verse de forma uniforme a lo largo de todo el tramo instalado. Si la línea se desvía, aunque sea centímetros, hay que corregirla antes de continuar.
Algunos vecinos observan la escena con curiosidad. “Es increíble lo que pueden hacer las máquinas y los ingenieros”, comenta Alberto, un jubilado de 78 años que sigue la obra desde la puerta de su casa, justo frente a la retroexcavadora.
Cuando la instalación queda terminada, comienza la etapa de reposición. La empresa debe rellenar la zanja, compactar nuevamente el terreno y reconstruir la superficie, ya sea con bitumen o con tosca, según las características de la calle. Es justamente en esa fase donde aparecen los reclamos en Progreso y otras localidades: varios vecinos sostienen que algunos tramos quedaron mal compactados y comenzaron a hundirse.
Mientras recorre los barrios intervenidos, Duarte -el alcalde de Progreso, frenteamplista- se agacha y toca con la mano las diferencias de altura que dejaron los arreglos. “Mirá cómo quedó esto”, dice. Explica que no solo se rompió el tramo donde se colocaron los caños: también se dañaron los bordes por el peso de las máquinas y de los camiones.
La obra en Progreso comenzó el 1° de octubre de 2024, apenas semanas antes de las elecciones nacionales. Duarte recuerda que Progreso venía de años complicados: la pandemia, las obras del Ferrocarril Central y calles que, asegura, nunca volvieron a quedar iguales. “Venimos aguantando”, resume.
El alcalde admite que el saneamiento era una necesidad histórica para la ciudad -que apenas tenía un 0,3% de cobertura-, pero cuestiona las prioridades elegidas. Dice que hubiera preferido que las obras arrancaran en los barrios más vulnerables, donde todavía hay cunetas con aguas servidas a cielo abierto, y no en zonas céntricas que ya tenían calles pavimentadas y cierta infraestructura resuelta. “Acá seguimos con pozo negro, pero no tenés las aguas servidas corriendo por la cuneta. En otros barrios sí”, dice mientras señala una calle prolija del centro. Según cuenta, de los 16 barrios de Progreso, el saneamiento llegó solo a siete u ocho. Y ahora le toca responder al resto de los vecinos por qué quedaron afuera, sin tener respuesta de OSE.
Además, el alcalde cuestiona la poca coordinación entre OSE, las empresas y los municipios. “Nosotros somos los que estamos todos los días acá, los que conocemos el territorio. Pero nadie nos preguntó”, asegura, con cierta molestia.
Dice, eso sí, que no se opone al saneamiento. Al contrario: lo define como una obra imprescindible. Y mientras avanza por otra calle emparchada, vuelve a señalar el asfalto hundido. “El problema no es solo hacer la obra”, dice. “El problema es cómo queda la ciudad después”.
Las diferencias políticas detrás del plan
Las críticas que se escuchan en los barrios tienen su correlato político. Para Juan Pablo Delgado, diputado blanco que ha seguido este tema y fue presidente de Mevir, la reformulación del Plan Nacional de Saneamiento implica que el actual gobierno y OSE le están “dando la espalda al interior profundo”.
Desde el año pasado realizó una docena de pedidos de informes para conocer el estado de las obras previstas en distintas localidades, especialmente en Canelones. Ante respuestas que considera insuficientes, solicitó una reunión con el directorio y los equipos gerenciales de OSE, que acudieron a una comisión del Parlamento para dar explicaciones a la oposición.
Delgado asegura que en ese encuentro OSE informó que el plan original pasaría de 61 a 28 localidades. “Sacaron 33 localidades, muchas de ellas de menos de 5.000 habitantes, argumentando falta parcial de financiamiento y priorizando obras en zonas de mayor densidad poblacional”, sostiene.
La visión del actual directorio es muy distinta. Ferreri, el presidente de OSE, rechaza las críticas de la oposición que acusan al organismo de concentrar obras en el área metropolitana. “Eso no se condice con la realidad”, sostiene, y remarca que las inversiones anunciadas en el interior fueron acordadas junto a los intendentes de cada departamento.
Como ejemplo, enumera inversiones anunciadas recientemente en distintos puntos del país: 19 millones de dólares para Quebracho y Guichón, 40 millones para Soriano, 35 para Maldonado, 10 millones para Tacuarembó y 13 millones para Rivera. “Decir que le estamos dando la espalda al interior no se condice con la realidad”, afirma.
“Nosotros no recortamos del contrato un solo peso; el contrato se mantiene por el mismo monto. El problema es que, cuando se afinaron los proyectos ejecutivos y se llevaron a tierra, los costos aumentaron”, dice. Y sostiene que tampoco existía un análisis técnico que justificara la selección de las 61 localidades anunciadas. Según explica, el contrato total al final supera los 430 millones de dólares, mientras que el financiamiento obtenido a través de Fonplata fue de 320 millones. “Heredamos un proyecto con más de 100 millones de desfinanciamiento”, asegura.
Delgado, en cambio, dice que existían mecanismos para financiar la continuidad total del plan. Menciona la posibilidad de ampliar el préstamo de Fonplata, el subsidio aprobado durante el gobierno anterior y el aumento de tarifas aplicado por OSE. “Solo el aumento de tarifas representa más de 100 millones de dólares de recaudación adicional en el quinquenio”, sostiene.
Ferreri, el presidente de OSE, cuestiona la calidad de algunos relevamientos del anterior gobierno. Afirma que hubo localidades donde los estudios se realizaron mediante drones sin suficiente trabajo de campo, lo que derivó en problemas posteriores, como redes ya existentes o plantas proyectadas en zonas inundables. También menciona casos en los que el costo por conexión resultaba excepcionalmente alto. “En Castillos, cada nueva conexión costaba más de 56.000 dólares, lo cual era un disparate”, afirma.
También advierte que el contrato original eliminó una partida de 29 millones destinada a conexiones intradomiciliarias, es decir, las conexiones desde la red pública hacia el interior de las viviendas. “Eso implica un costo adicional que habrá que asumir por fuera del contrato, especialmente en barrios vulnerables donde los vecinos no pueden pagarlo”, dice.
Ruibal, el empresario, remarca que el proyecto continuó adelante pese a las modificaciones: “Lo importante es que la inversión se mantiene y que hay una política de Estado en saneamiento. Un gobierno aceptó la iniciativa y el siguiente la continuó”. Y asegura que para las empresas el cambio no significó una alteración sustancial. “Nos extendieron los plazos y ajustaron algunas obras, algo habitual en contratos de este tipo”, explica.
En la política se discute cuántas localidades entran y cuántas salen del plan, para quienes viven junto a las obras la pregunta es mucho más simple: cuándo terminarán y cómo quedará su calle cuando las máquinas se vayan.
Las Piedras y sus barrios olvidados
Las Piedras ya cuenta con una extensa red de saneamiento, pero el crecimiento constante de la ciudad canaria hace que la demanda por nuevas conexiones no se detenga.
Con unos 73.000 habitantes, es la ciudad más poblada de Canelones y forma parte de un corredor urbano. Las localidades crecieron unas junto a otras hasta el punto de que, para quien recorre sus calles, resulta difícil identificar dónde termina una y comienza la siguiente. En ese contexto, el saneamiento también avanza sobre barrios que durante años quedaron al margen de la infraestructura básica. La alcaldesa interina de Las Piedras, Mirta Correa, asegura que existe una coordinación permanente entre el municipio, OSE, las empresas constructoras y la
Intendencia de Canelones para acompañar cada intervención y responder a las inquietudes de los vecinos.
Antes o durante el avance de los trabajos, las autoridades organizan reuniones en los propios barrios junto a técnicos de OSE y representantes de las empresas encargadas de la obra. El objetivo es explicar qué se va a hacer, cuánto tiempo demandará y cuáles serán las molestias inevitables de una intervención que obliga a romper calles y modificar la circulación cotidiana.
Las primeras experiencias ocurrieron en los barrios Pueblo Nuevo y en la zona de San Marcos y 19 de Abril.
Correa recuerda que en Pueblo Nuevo los encuentros comenzaron con reclamos y malestar. Los vecinos se quejaban por el barro, los pozos y las dificultades para entrar o salir de sus viviendas. “La gente estaba un poco enojada”, relata. Con el correr de las reuniones, sostiene, la percepción comenzó a cambiar. “Después saben que tienen el beneficio de no llamar más a la barométrica”, afirma.
Para Correa, el principal valor del saneamiento está en sus efectos sobre la salud pública. En muchos barrios las aguas servidas circulan por cunetas a cielo abierto.
Por eso, pese a las molestias que generan las obras, la alcaldesa considera que el balance es positivo.
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