En 2023 se anunció el Plan Universal de Saneamiento, que preveía la construcción de la infraestructura necesaria para atender 61 localidades del interior del país. Las obras preveían 850 kilómetros de redes de colectores de saneamiento, 55.000 conexiones domiciliarias, obras intradomiciliarias de las nuevas conexiones, la construcción de 42 nuevas plantas de tratamiento de líquidos residuales y la complementación de tres plantas de tratamiento existentes, su operación y mantenimiento por los primeros dos años de puestas en funcionamiento. Sin embargo, para el actual presidente de OSE, Pablo Ferreri este proyecto tiene varios “problemas” como “falta de priorización estratégica -es decir, por qué elegir algunas localidades y no otras-; deficiencias técnicas y de diseño en aspectos ambientales y sociales que debían ser considerados; problemas contractuales y de gestión del contrato, e insuficiencia de financiamiento” y habrá un rediseño del plan.
El presidente de OSE apuntó además que estructuralmente, “la situación es mala; financieramente es mala” algo que viene “de hace décadas”.
¿Qué pasó con el saneamiento? En 2021, el entonces presidente de OSE Raúl Montero hablaba de un plan con acciones que iban a costar US$ 1.000 millones con lo que se iba a extender el saneamiento en 124 localidades del país e iba a garantizar el acceso al servicio a más de 650.000 uruguayos.
En 2023 el entonces directorio de OSE presentó el plan a los 18 intendentes del Interior en el Congreso de Intendentes y ya eran 61 localidades (en vez de las 124 iniciales), a un costo estimado -sin la operación y el mantenimiento y sin el IVA- de unos US$ 284 millones, con un financiamiento previsto de parte de Fonplata por US$ 325 millones. En ese momento, según dijo Ferreri ante la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara de Diputados, “no había proyectos ejecutivos; había diseños o trazados básicos, tentativos”.
Ahora, OSE definió que serán 28 localidades en este período de gobierno en vez de 61 y las otras quedarán para el próximo período.
“Eso originó informes de las áreas técnicas -como de la gerencia ambiental o de saneamiento; incluso, hubo un informe firmado por algunos gerentes regionales de OSE y de la gerencia de saneamiento- que establecían que el programa tenía varios problemas que debían ser corregidos hacia la etapa licitatoria”, dijo Ferreri.
Pero, “cuando se empiezan a corregir algunos de los problemas -no se corrigieron todos vinculados a esa primera prefactibilidad-, la adjudicación terminó siendo por US$ 431 millones”, expresó y agregó que luego “el directorio anterior renegoció el contrato y le quitó las conexiones intradomiciliarias” por lo que pasó de US$ 431 millones a US$ 407 millones.
Ferreri aseguró que “en OSE no hay un documento escrito con los criterios técnicos de por qué se priorizaron esas 61 localidades y no otras. O sea, ¿cuál fue el criterio técnico para decidir avanzar sobre unas y no sobre otras?”.
“No hubo un análisis previo para la elección de las localidades que tuviera en cuenta su situación sanitaria. Es decir, no se analizó cuáles tenían más problemas ambientales con los vertidos ni cuáles tenían más riesgo ambiental que otras”, cuestionó.
“Tampoco hubo un análisis del costo-beneficio. Es decir: si con cierta inversión hago determinada obra, genero tal potencial de conexiones, y si hago la misma inversión en otro lado, genero menos. Hay obras que llevaron a proyectos millonarios -por varios millones de dólares- que, en alguna localidad, implicaban menos de 100 conexiones potenciales”, criticó.
“Además, no hubo un análisis socioeconómico que analizara la disponibilidad a pagar. Es heterogénea la respuesta de la ciudadanía en cuanto a la avidez por el saneamiento. Por lo tanto, tiene más sentido ir a las localidades con mayor densidad y, también, a aquellas que demuestran -porque ya se sabe o porque se hizo un estudio previo- que hay más ciudadanos con voluntad de conectarse”, añadió.
El presidente de OSE fustigó que “no se tomaron aspectos de conveniencia técnica. Es decir que hay localidades donde la capacidad de las plantas de tratamiento está holgada, es ociosa y, por lo tanto, con una inversión solo en redes se podían ganar muchas más conexiones que en lugares donde no había ni siquiera planta de tratamiento y, por lo tanto, era mucho más oneroso avanzar”.
“Un dato para manejar es que de las 61 localidades, hay 31 localidades con menos de 5.000 habitantes y 12 con menos de 2.500 habitantes. Más de la mitad de las localidades previstas con la inversión millonaria no alcanzan un nivel de cobertura de 50%, y en algunas localidades el aumento de cobertura que se logra con esa inversión millonaria en dólares es de entre el 10% y el 20% de esa localidad. Entonces, ahí hay un tema de ineficiencia a la hora de diseñar el programa”, apuntó Ferreri.
“Cuando se eligen localidades con poca densidad y poco volumen de población, el costo por conexión que se termina generando es altísimo. Hay localidades en las que ese costo supera los US$ 50.000 por conexión. Aquí hay gente que sabe mucho más de Mevir que yo, pero para tener alguna referencia, las casas de dos dormitorios en madera de Mevir cuestan entre US$ 43.000 y US$ 45.000, y las de dos dormitorios con medios tradicionales entre US$ 60.000 y US$ 70.000. Es decir que hay localidades donde el costo de la conexión de OSE, al cual además hay que sumarle la conexión intradomiciliaria, es mayor que el valor de una casa de Mevir. Me parece que esa es una muestra clara de la mala decisión técnica, desde algunos aspectos, de tomar algunas localidades”, ejemplificó.
Ferreri cuestionó también que los diseños para las obras “se confeccionaban, en todos los casos, a partir de imágenes tomadas por drones y, posteriormente, ajustados con los sistemas de información geográfica. Esto tuvo como consecuencia que en algunos lugares los diseños previstos originalmente implicaban hacer redes donde ya había”.
“Es decir que cuando iban a hacer el pozo ya estaba la red de saneamiento porque se había hecho el diseño con drones. Por supuesto que tampoco se consideró la interferencia con otros servicios, es decir, si donde estaba previsto pasaba alguna cosa de la Intendencia o algo de la UTE, etcétera. Este es otro tema importante que ahora nosotros estamos tratando de resolver”, agregó.
“En general, cuando uno prevé una obra de saneamiento tiene que romper y por debajo pasan las redes de agua que muchas veces también se rompen porque en la mayoría de los casos son antiguas. Por lo tanto, a la hora de hacer el saneamiento siempre se prevé la sustitución de las redes de agua. Este proyecto no previó la sustitución de redes y conexiones domiciliarias en el caso de que se rompan. Por lo tanto, ese es otro costo que nosotros, en paralelo al avance del contrato, estamos asumiendo ahora. Es decir que no estaba previsto el cambio de la red de agua y lo estamos considerando”, afirmó.
Ferreri apuntó que “como los análisis fueron muy preliminares, se consideraron infraestructuras en predios que no estaban disponibles o que no eran adecuados. Hubo localidades donde los predios en los cuales se estimaba hacer las plantas de tratamiento eran predios inundables y, por lo tanto, no servían y hay que buscar nuevos predios”.
“No se tuvo en cuenta la normativa ambiental en la prefactibilidad. Varios proyectos no cumplían los requisitos ambientales para vertidos establecidos por la Dinacea. Entonces, a medida que vamos avanzando con el proyecto definitivo vamos incluyendo sobrecostos vinculados al cumplimiento de la normativa ambiental y, obviamente, eso encarece los proyectos”, añadió.
El presidente de OSE dijo que hay otro problema con el dinero a erogar. “El contrato preveía una ejecución en tres años, más dos años de operación y mantenimiento, lo cual daba una ejecución de más de US$ 120 millones por año para OSE. El promedio histórico de saneamiento de OSE se ubica entre los US$ 32 millones y US$ 35 millones. Es inviable para una organización aumentar por cuatro o por cinco su capacidad de gestión de un día para el otro. No lo puede hacer; es tan sencillo como eso”.
El diputado Ariel Amen respondió a Ferreri que “se estudió la situación. Hubo una empresa que hizo un proyecto de iniciativa privada. Entiendo que los funcionarios de OSE vieron eso antes de aprobarlo. O sea, había gerentes. Ese núcleo de ingenieros que trabaja hoy junto a la gerenta general, estaba antes”.
“Me queda como un sabor amargo porque la administración anterior estudió estas localidades, en conjunto con el grupo de empresas que se presentaron a la iniciativa privada. Llegado el momento de ejecutar, se consigue la financiación y demás, pero resulta que, después, no se puede llevar adelante por temas técnicos. Eso me sorprende un poco”, lanzó Amén.
El presidente de OSE dijo que “no es hora de entrar en polémica, ni mucho menos, pero quiero dejar constancia de que eso no fue así. Las localidades no fueron elegidas por criterios técnicos de la Gerencia de OSE”. Incluso leyó “una frase de un memorándum que la Gerencia de Saneamiento en 2023 entrega al gerente general (de OSE), y lo puedo poner a disposición. En un párrafo dice que, 'en primer término, no se emiten juicios sobre las localidades incluidas en la propuesta, dejando simplemente constancia de que la Gerencia de Saneamiento no participó en la selección de las mismas'”.
La parte financiera de OSE
Ferreri recordó que “OSE tiene un contrato por US$ 407 millones, sin IVA (para el plan de saneamiento), pero por resolución de directorio se estableció la posibilidad de un 5% adicional por imprevistos y un 15% por ajustes paramétricos. Eso da un subtotal de US$ 479 millones”.
“A su vez, para llevarlo adelante OSE tiene que resolver las conexiones intradomiciliarias; había asumido el compromiso de hacer las plantas de tratamiento en Mercedes y Dolores con Fonplata y tiene que poner el aporte local al préstamo. Eso genera, entre las conexiones intradomiciliaras, las plantas de tratamiento y el aporte local de OSE, un subtotal de costos asociados al contrato de US$ 104 millones”, agregó.
“Esos son compromisos por US$ 583 millones. El préstamo de Fonplata es por US$ 323 millones. La diferencia entre el préstamo y los compromisos es de US$ 260 millones para un organismo que estructuralmente tiene problemas financieros y que no puede bancarse por sí mismo. Entonces, obviamente que hay que conjugar ambos elementos”, señaló.
En principio, OSE no redujo ni cortó el contrato vigente, que es por unos US$ 478 millones con el IVA incluido. “Tenemos obras por fuera del contrato y expropiaciones y otros cargos que tiene que asumir OSE. A eso nosotros le tenemos que agregar -y en eso estamos trabajando, pero vamos con nuestras capacidades resolviendo por partes el problema- lo que tiene que ver con las conexiones intradomiciliarias y con el plan de barométricas. Como verán, este es un monto realmente muy abultado y, por lo tanto, lo que estamos haciendo es un programa de saneamiento de mediano plazo, que excede un período de gobierno”, dijo Ferreri.
El jerarca dijo que “de manera estructural, OSE no se sostiene por sí misma” y por eso “tiene una deuda que es del entorno de su facturación. Piensen en una empresa que tiene de deuda todo lo que factura en un año” y que “pide préstamos para financiar la operativa diaria”.
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