RESOLUCIÓN DE LA MESA POLÍTICA

El Frente Amplio quiere derogar artículos de seguridad y educación de la LUC

El FA pretende ir contra los artículos más polémicos de la LUC, pero no contra toda la iniciativa que es el eje central de la administración de Luis Lacalle Pou.

Protesta del Pit Cnt por LUC. Foto: Leonardo Mainé
Protesta del Pit Cnt por LUC. Foto: Leonardo Mainé

Luego de una primera votación dividida, la Mesa Política del Frente Amplio resolvió ayer por consenso ir por el “camino largo” para derogar algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que su bancada no votó en el Parlamento. Se analiza incluir cinco capítulos: el educativo, el de seguridad, la limitación al derecho de ocupación, los cambios en las políticas de tierras del Instituto de Colonización y la flexibilización de la ley de inclusión financiera.

Ya es un hecho, el Frente Amplio pretende ir contra los artículos más polémicos de la LUC, pero no contra toda la iniciativa que es el eje central de la administración de Luis Lacalle Pou. La decisión se tomó en la Mesa Política, pero no por unanimidad y fue producto de un debate interno entre sectores y bases que pasó esencialmente por la oportunidad y los costos políticos que puede tener no contar con el respaldo popular.

Fuentes que participaron de la discusión dijeron a El País que el Movimiento de Participación Popular (MPP), el sector Fuerza Renovadora de Mario Bergara, Asamblea Uruguay y Alianza Progresista votaron por seguir el “camino corto” de la derogación. Esto implicaba recolectar 50.000 firmas (2% de los votantes) para el 7 de diciembre. Una vez que la Corte validara las firmas comenzaría a correr un plazo (de 45 días) para la convocatoria de un pre-referéndum de carácter no obligatorio, el cual para aprobarse necesitaría el 25% de apoyo del padrón electoral. La instancia tendría lugar entre febrero y marzo de 2021, en pleno verano y en medio de una pandemia, lo que se consideró inconveniente por la mayoría de los integrantes de la Mesa que argumentaron en contra.

El Partido Comunista, la mayoría de las bases (salvo un delegado de Canelones), el Partido Socialista, el Nuevo Espacio, la Vertiente Artiguista, la Liga Federal, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y la Lista 711 (de Raúl Sendic) defendieron el “camino largo” de juntar 700.000 firmas (un poco más del 25% del padrón electoral) hasta el 8 de julio de 2021. Manejaron como positivo la posibilidad de desplegar una campaña a lo largo de todo el país junto al Pit-Cnt y otras organizaciones sociales. Para que salga aprobado el referéndum se requiere la mayoría de los votantes y no el 25% del padrón como en la vía corta.

Finalmente el “camino largo” para el referéndum fue el que obtuvo más respaldo en la Mesa Política de ayer, por lo que el MPP pidió reconsiderar su posición inicial y se plegó a la mayoría para generar consenso interno. Esto a pesar de que su líder, José Mujica, declaró ayer a radio Carve que dudaba acerca de la convocatoria de un referéndum. “Me gustaría otra cosa y estoy dudando si no hay que reformar la Constitución”, afirmó el expresidente. Una vez definida la modalidad elegida para impulsar la derogación de la LUC, la izquierda se debe poner de acuerdo en el contenido. Fuentes consultadas por El País indicaron que de los casi 500 artículos que contiene la ley se analiza centrarse en alrededor de 60.

Esto implicaría ir en contra del artículo que limita las ocupaciones y habilita a los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos, y a la dirección de las empresas “a ingresar a las instalaciones libremente”. A su vez, hay quienes pretenden derogar los cambios que introduce la LUC a la gobernanza de la educación, al eliminar los llamados consejos desconcentrados en Primaria y Secundaria. Otro punto que se tendrá en cuenta a la hora del referéndum es el capítulo de seguridad, que implica en términos generales un endurecimiento de las penas.

Las otras disposiciones que pretende derogar el FA son las modificaciones a la ley de inclusión financiera obligatoria (que permiten el pago de salarios en efectivo, y transacciones de compra y venta hasta determinados montos) y lo referido al Instituto de Colonización, con la reincorporación de un artículo que quita la obligatoriedad de los colonos de residir en el predio adjudicado.

Los contenidos del referéndum contra la LUC serán negociados con el Pit-Cnt y las otras organizaciones que integran el bloque de la intersocial, dijeron fuentes del FA. El presidente de la central obrera, Fernando Pereira, dijo en entrevista con El País que en principio estaba en contra de la convocatoria al referéndum, pero ahora se inclina por el “camino largo” porque permite explicarle a la gente el contenido de la ley que según entiende es desconocido para buena parte de la población.

Fernando Pereira. Foto: Leonardo Mainé.
Fernando Pereira. Foto: Leonardo Mainé.

Lacalle Pou está confiado.

Cuando reunió a la bancada de gobierno en la residencia de Suárez, el 26 de agosto, Lacalle se mostró confiado en el respaldo popular a la LUC: “Que salgan a juntar firmas y verán”, dijo sobre el FA.

Mientras el presidente ha dicho en más de una oportunidad que la ley es “popular”, la declaración de la Mesa Política de ayer sostiene que la LUC contiene normas “claramente antipopulares, represivas y regresivas, que ponen en tela de juicio las conquistas de la sociedad uruguaya”.

El presidente del FA, Javier Miranda, respondió ayer en conferencia de prensa a declaraciones del presidente, que días atrás había expresado que la izquierda estaba en contra de la LUC pero no sabía “en contra de qué”. “Está claro en contra qué estamos. Estamos contra un proyecto que está reflejado efectivamente en la ley de urgente consideración como la ley de Presupuesto, una ley de recortes, que implica pérdida de salarios y que va a implicar pérdida de jubilaciones, porque las jubilaciones están atadas al Índice Medio de Salarios”, subrayó Miranda.

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