El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, presentó un informe ante el Secretariado del Frente Amplio en el que defendió la campaña de prospección sísmica realizada este año en aguas uruguayas y aseguró que las medidas de control y mitigación ambiental aplicadas fueron “las más exigentes a nivel nacional e internacional”. El documento al que accedió El País, fechado el 6 de mayo, sostiene que la actividad culminó "sin registrarse muertes de fauna marina asociadas a las tareas de exploración" y remarca que los mecanismos de protección establecidos por el Ministerio de Ambiente “funcionaron y fueron efectivos”.
El informe recuerda que la nueva etapa de prospección sísmica fue resuelta durante la administración anterior, entre 2022 y 2024, mediante contratos de ANCAP con empresas petroleras, y que el actual gobierno asumió con los expedientes ya en curso. Según el ministerio, la diferencia respecto a campañas anteriores radicó en las nuevas exigencias ambientales incorporadas en la Autorización Ambiental Previa otorgada en diciembre de 2025.
Entre las medidas adoptadas, el documento destaca que se duplicó el área de exclusión para proteger fauna marina. Mientras anteriormente la actividad debía detenerse si había animales a menos de 500 metros del buque, ahora el radio pasó a ser de 1.000 metros. También se limitó la operativa a un período de seis meses —de noviembre a abril— para evitar épocas de mayor reproducción y presencia de especies, se prohibió repetir estudios en una misma zona antes de cinco años y se estableció una distancia mínima de 100 kilómetros entre buques sísmicos. Además, se creó un mecanismo de compensación económica para el sector pesquero en caso de comprobarse afectaciones.
El ministro indicó además que "se exigió un estudio de impacto ambiental completo, audiencia pública y monitoreo permanente a bordo de los buques". Para ello se dispuso la presencia de seis observadores especializados —cuatro de fauna marina y dos de monitoreo acústico pasivo— que trabajaron día y noche reportando información al Ministerio de Ambiente. Técnicos de la cartera también realizaron inspecciones presenciales en marzo y abril a bordo del buque sísmico BPG Prospector.
Resultados
En cuanto a los resultados, el informe señala que durante la campaña se registraron 487 avistamientos de distintas especies marinas, de los cuales 259 ocurrieron dentro del radio de mitigación de 1.000 metros y 228 fuera de esa área. El ministerio afirmó que no hubo muertes vinculadas a la prospección sísmica y sostuvo que las necropsias realizadas por Facultad de Veterinaria descartaron que la actividad fuera la causa de los casos de fauna varada que tomaron estado público. Según el documento, el delfín hallado muerto falleció por una infección cerebral causada por parásitos, mientras que la orca sufrió una infección generalizada.
El texto también asegura que no se registraron impactos sobre la pesca y que hasta el momento no se presentó ningún reclamo para activar el mecanismo de compensación económica previsto para el sector. Incluso, el ministerio señala que los datos preliminares indicarían que la zafra de merluza en marzo tuvo buenos resultados.
Sanción a buque noruego
Por otra parte, el informe da cuenta de una sanción en trámite contra la empresa Searcher por la actuación del buque noruego SW Empress, que realizó tareas de prospección sísmica entre el 4 y el 12 de abril en la plataforma continental extendida sin contar con autorización ambiental previa. El Ministerio de Ambiente entiende que la empresa incurrió en una infracción grave y analiza aplicarle una multa equivalente a unas 1.000 Unidades Reajustables, cerca de US$ 50.000.
Finalmente, el documento plantea que, si en el futuro se confirma la existencia de hidrocarburos explotables en aguas uruguayas, deberá abrirse un “diálogo nacional amplio” para definir políticamente si el país avanza o no hacia la explotación petrolera. El ministerio subraya que, aunque Uruguay transformó su matriz eléctrica, el petróleo todavía representa 35% de la matriz energética global y constituye una parte relevante de las importaciones nacionales y de los costos de ANCAP.
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