“Firme o muera”: empresas en guerra contra el millonario Plan Vale, de reciclaje, y acuden a la Justicia

Es una de esas políticas de estado que se han mantenido en gobiernos de todos los colores políticos durante más de 20 años con, hay que decirlo, escasísimo éxito en sus resultados. La política de reciclaje de envases se inició en Uruguay con una ley de 2004, al final del gobierno de Jorge Batlle, que estableció la “responsabilidad extendida” del productor e importador en la gestión de estos materiales que produce. Y en 2019 el Parlamento aprobó otra ley, la de gestión integral de residuos, impulsada por la segunda administración de Tabaré Vázquez, que a su vez sirvió de base para una resolución firmada en 2021 por el entonces ministro de Ambiente Adrián Peña en la administración de Luis Lacalle Pou, que estableció metas muy ambiciosas de recuperación sobre el total de envases puestos en el mercado: se proyectó pasar en pocos años del histórico piso de 4-5% a un 50% en todo el país.

Y resulta que de esa resolución de Peña —que obliga a las empresas que venden productos envasados, desde los fabricantes de bebidas a los que producen cajas de cartón, a adherirse a un plan de gestión de residuos— nació en 2022 el Plan Vale, con el que la Cámara de Industrias del Uruguay intenta alcanzar esas altas tasas de recuperación de plástico, cartón, papel, vidrio y latas.

El plan, aprobado por el Ministerio de Ambiente, tiene una gobernanza donde participa un grupo cerrado de grandes empresas que generan envases en Uruguay. Las demás, las más pequeñas y medianas, han seguido el tema a la distancia: “No tenemos voz ni voto”, dice el referente de una gremial empresarial, que pide no ser identificado.

Foto: Archivo/El País.

El plan se basará (en futuro, porque aún está en desarrollo) en dos pilares de funcionamiento.

Por un lado, un sistema de depósito, devolución y reembolso por el cual los compradores pagarán entre tres y cinco pesos más por todas las bebidas que vienen en envases de un solo uso, los cuales se le devolverán al retornar el envase vacío al supermercado. Y, en segundo lugar, un fortalecimiento de la entrega voluntaria del resto de los envases de un solo uso, para su reciclaje.

El inicio de este nuevo plan, sobre todo del sistema de depósito, devolución y reembolso, se ha venido postergando: primero se dijo que iba a estar operativo a fines de 2024; ahora la fecha tentativa es fines de 2027, cuando se prevé completar la infraestructura y el equipamiento y comenzar las pruebas en línea. La meta, por ahora lejana, es llegar a ese 50% de recuperación de envases. En 2025 la recuperación fue de 6% y, según los datos oficiales, la proyección para 2026 es 8%.

El actual gobierno tomó la posta: el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dijo en marzo en un acto en la Torre Ejecutiva con la Cámara de Industrias que el plan es “una prioridad”. Fuentes de la cartera apuntan a El País que la administración “decidió activar la efectividad del cumplimiento de este plan” para que se logren los resultados ambientales planteados.

Pero para poner quinta, se necesita dinero. En concreto, unos 50 millones de dólares: eso es lo que le cuesta al Plan Vale comprar e instalar la infraestructura necesaria.

Y entonces empezaron los problemas.

A fin de febrero el Ministerio de Ambiente aprobó una resolución que le dio 60 días al Plan Vale para comunicar el listado de empresas adheridas. Unas semanas después, en marzo, el plan informó a cerca de 3.500 empresas productoras o importadoras de envases que debían firmar una carta de “readhesión” (muchas, la mayoría, ya están adheridas al plan y vienen pagando cuotas hace años), que en los hechos supone algo así como triplicar los aportes financieros durante un período de 15 años.

Para poder financiar la compra de equipos, el Plan Vale resolvió sacar préstamos y, ante los bancos, las empresas deben salir de garantes. Se crea un fideicomiso para administrar todo.

La idea, dicen a El País fuentes del plan, es tomar crédito ya que no consideran conveniente “hacer frente a esta magnitud de inversiones directamente con los aportes de las empresas”.

El 9 de abril el ministerio emitió otro comunicado que agregó presión: a partir del 2 de mayo controlaría en forma estricta la adhesión al plan y las empresas en falta recibirían sanciones. Se les podría prohibir fabricar, importar, comercializar y entregar cualquier producto alcanzado por la normativa.

La intimación generó alarma en los responsables de cientos de empresas y sus asesores, según un relevamiento realizado por El País. Dicen que algunas cláusulas son “abusivas” e “ilegales”. Y que el acuerdo es “infirmable” (ver recuadro más abajo).

Foto: Leonardo Mainé.

La carta de readhesión, a cuyo texto accedió El País, dice que al firmar la empresa “manifiesta su consentimiento al financiamiento” durante todo ese período y que la obligación de pagar “solo se extinguirá cuando se haya abonado la totalidad de la misma o cuando la empresa deje de estar obligada a contar con un plan de envases”.

Un punto cuestionado por muchas empresas, según supo El País, es este: la carta establece que la “terminación de la adhesión por parte de la empresa antes de transcurridos los 15 años, no liberará a la misma de su obligación de continuar con el pago de la cuota de financiamiento”. Es decir, la obligación de pago se mantiene.

También se cuestiona que la empresa no pueda alegar “el incorrecto funcionamiento del Plan Vale” o “el no cumplimiento de los objetivos mínimos de recuperación y valorización de envases” para no pagar las cuotas de financiamiento.

Los pagos serían trimestrales pero nadie sabe hoy con exactitud de qué monto (“la información no es muy transparente en el plan”, lamenta un abogado, “les pedís datos y no te dan nada”). Sí se sabe que será más o menos el triple que hoy y que serán proporcional a la cantidad de envases que genera cada firma. Y que hay una responsabilidad solidaria —uno de los aspectos más cuestionados— por la que si una empresa deja de pagar en algún momento de esos 15 años, debe hacerse cargo el resto.

Pero hay más: al firmar la empresa debe aceptar que, en caso de aceleración del financiamiento, las entidades financieras “podrán requerir al fideicomiso el pago de la totalidad del crédito y los intereses adeudados de forma anticipada”; en ese caso, la empresa deberá pagar al contado su “parte proporcional del saldo de financiamiento”.

De las 3.500 empresas alcanzadas, a fines de abril habían firmado el texto unas 500, según datos del plan brindados a El País, de los cuales algunas lo hicieron “bajo protesto”, una figura jurídica que se suele usar en el derecho financiero y que implica que no se está de acuerdo pero que se sigue adelante para no verse perjudicado.

Y, con este panorama complejo, ¿qué postura adopta el Ministerio de Ambiente? Consciente del malestar de muchas empresas, el ministro Ortuño aplazó un mes los controles (la nueva fecha tentativa es el 2 de junio) y convocó el miércoles pasado a una reunión para iniciar una negociación, donde participaron las autoridades del Plan Vale (el presidente Agustín Tassani y el director general Diego Fulquet), estudios jurídicos y empresarios.

Sobre eso hablaremos más adelante, pero antes algo de contexto: hay al menos cinco estudios jurídicos que asesoran a empresas sobre el camino a seguir, después que en marzo les llegó documentación con la intimación a adherirse.

De ellos hay uno que va por una línea de confrontación directa: Delpiazzo Abogados. Según un documento de ese estudio al que accedió El País, promueve una acción cautelar de carácter colectivo ante el Poder Judicial. El objetivo “es evitar que las empresas se vean obligadas a aceptar condiciones abusivas bajo la presión inmediata de sanciones y prohibiciones de operar”.

Hasta ahora 69 empresas obligadas a participar del Plan Vale firmaron la acción promocionada por Delpiazzo, según supo El País.

¿Qué implica esta medida judicial? Básicamente, las empresas le piden a un juez que el Ministerio de Ambiente suspenda los controles hasta tanto en un juicio posterior, que puede durar unos dos o tres años, se declare la nulidad de estas cláusulas.

El documento de Delpiazzo, cuyos responsables rechazaron hablar con El País, dice que las cláusulas del acuerdo son “altamente gravosas y abusivas”. Y detalla: se transfiere a la empresa “los riesgos propios del plan”, se “obliga a pagar el financiamiento durante los 15 años, incluso si el plan se extingue o si la empresa lo abandona”, establece responsabilidad por los incumplimientos de otras empresas, impone la obligación de pagar “aun cuando el plan no funcione adecuadamente”, permite al administrador “modificar unilateralmente la cuota a pagar” y “restringe fuertemente la posibilidad de abandonar el plan o pasar a otro”.

También se denuncia que hay “ausencia de mecanismos claros de gobernanza y de participación de las empresas adherentes en la toma de decisiones”. Y se concluye: “Todo esto se pretende imponer sin transparencia sobre la gobernanza del plan, sin acceso a documentos esenciales de funcionamiento, y sin participación de las empresas que, en definitiva, son las que financian”. Las empresas, alerta el documento, pueden “quedar impedidas de operar”.

El Plan Vale por ahora no ha recibido notificaciones sobre este camino judicial iniciado.

Foto: Leonardo Mainé.

A diferencia de Delpiazzo, otros estudios apuestan a la negociación, al menos en esta etapa. Es el caso de Pérez del Castillo&Asociados, que tiene preparada una acción judicial de amparo pero primero va por el diálogo. Lo contrataron 10 empresas, desde industrias a importadores pequeños, desde laboratorios a comercios, dice el abogado Martín Fridman, quien piensa que las condiciones actuales son “una locura”. Y plantea cuál es uno de los problemas principales a su juicio: “Las empresas están firmando un cheque en blanco a 15 años y, si se dan determinadas circunstancias, puede ser un pasivo mucho mayor que el volumen de su negocio”.

Lo peligroso, argumenta, es que no firmar en las actuales condiciones implica que el gobierno les puede “trancar las importaciones y aplicar multas”.

El estudio presentó una petición administrativa al Ministerio de Ambiente para que se suspenda el control hasta tanto se resuelva esta situación, además de una denuncia en la Comisión de Defensa de la Competencia en donde dicen que determinadas condiciones del plan son “medidas anticompetitivas” y, por último, iniciaron una negociación directa con las autoridades del Plan Vale para encontrar redacciones alternativas al contrato de adhesión, por ejemplo estableciendo un tope a la responsabilidad solidaria y que no haya “un precio tan alto de salida”.

En una postura similar —crítica pero afín a la negociación—, el estudio Consultores Legales Asociados asesora a unas 15 empresas, la mayoría pequeñas. Marcelo Güinle y Hugo Costa, socios, dicen a El País que los reparos pasan por una “obligación” financiera que “pone nervioso a cualquiera” y “abre una caja de pandora”, a lo que se suman las “dudas por la forma de implementación” del plan. Y hablan de una situación “desleal” ya que las plataformas como Temu o Amazon “no pagan el Plan Vale”.

Foto: Leonardo Mainé.

Hughes & Hughes, mientras, asesora a 10 empresas y, según afirman los abogados Héctor Ferreira y Dayana Brites, hoy están “abiertos al diálogo” para que se “reformulen” algunos aspectos del convenio a firmar. “Pero las empresas están inquietas, algunas más que otras. Ojo, no hay mala voluntad: sabemos que el financiamiento debe aprobarse; el tema son las condiciones”, explican.

Hay un quinto estudio, cuyos responsables piden no ser identificados, que entiende que el convenio de readhesión “lo regularon y miraron entre unos pocos” mientras las pequeñas empresas quedaron “colgadas de un pincel” porque les dijeron “firme o muera”.

Este estudio presentó una nota al ministerio, firmada por 35 empresas, para abrir una mesa de trabajo y prorrogar el plazo de control.

Y eso fue lo que hizo Ortuño. En la última reunión, de más de dos horas el miércoles 6 de mayo, los abogados que asesoran a empresas fueron claros en que el convenio, tal cual está redactado, es “ilegal y nulo”. En una primera instancia el Plan Vale se mostró reacio a los cambios, dicen participantes del encuentro, pero el ministro “los apretó” y se comprometieron a analizar una redacción alternativa del texto y de sus posibles impactos legales. Según cuentan, Ortuño fue claro en que “hay que contemplar a todos” y no solo a las grandes empresas.

En esa reunión, cada estudio quedó comprometido a enviar sus aportes legales y el plan responderá la próxima semana.

Entre otras cosas, se pidió que se transparente la cifra exacta que se necesita financiar, que se fije un costo mensual aproximado de los aportes, un tope máximo para la responsabilidad empresarial y que el Estado salga de “garantía”.

Uno de los participantes en la reunión, Ricardo Poggi de la cámara de ferreteros, dice que ahora hay expectativa “hasta de firmar un nuevo contrato de readhesión”, mientras que el estudio Consultores Legales Asociados insiste en que “las empresas quieren colaborar para que salga lo mejor posible”.

Fuentes del Plan Vale dicen que están “abiertos a la escucha y el intercambio constructivo”. El ministerio cataloga la reunión como “positiva”, según supo El País, y una fuente ministerial reafirma: “Hay una decisión del Poder Ejecutivo en que el plan se ponga en marcha en este período y los hitos se den según las fechas previstas”. Entonces, ¿las empresas aceptarán pagar, se comprará toda la infraestructura necesaria y se podrá pasar del 6% de reciclaje actual a casi el 50% de los envases? Todavía es muy pronto para saberlo.