El gobierno admite que no estudió el impacto en la frontera tras reclamos de comercios por la reforma del Mides

Comerciantes de zonas limítrofes con Brasil plantearon que las modificaciones en torno a la TUS tienen un efecto “delicado y perjudicial”. Ojeda criticó que el ministerio “tomó decisiones importantes sin analizar”.

Cartel que indica la frontera entre Rivera y Santana do Livramento. Foto: Mateo Vázquez
Frontera entre la ciudad de Rivera y Santana do Livramento, Brasil.
Foto: Mateo Vázquez / archivo El País.

La reforma del sistema de transferencias del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fue la principal bandera de la Rendición de Cuentas del gobierno, tanto por la unificación como por los cambios que se hicieron particularmente al método de cobro. Entre varias modificaciones, se habilitó la posibilidad de que pueda ser a través de retiro de efectivo. Ante esto, comercios de la frontera no demoraron en llevar al Parlamento sus reclamos de que esto sería “delicado y perjudicial” para sus negocios.

En departamentos como Rivera, indican que buena parte del consumo cotidiano, más que nada para pequeñas y medianas empresas, viene de clientes que utilizan la Tarjeta Uruguay Social (TUS) como método de pago. Tras algunas comparecencias, legisladores pidieron explicaciones al gobierno sobre si se había atendido esta situación y cómo se habían estudiado posibles efectos. Ese fue el caso del senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, y su correligionario Marne Osorio, diputado y exintendente riverense.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) envió respuestas a dos pedidos de informes realizados por ellos, los cuales fueron respondidos a fines de octubre y mediados de setiembre, respectivamente. En el caso de Ojeda, a cuya contestación accedió El País, la cartera indica: “En relación a los efectos económicos y territoriales de la política, en particular en los departamentos fronterizos, no se cuenta con estudios específicos”.

“Cabe enfatizar que el objetivo de la reforma propuesta en relación al sistema de transferencias a la infancia está asociado a mejorar la seguridad económica de los hogares con niños, niñas y adolescentes y contribuir a reducir la pobreza en dichos hogares. En tal sentido, los análisis de impacto realizados privilegiaron aspectos tales como incidencia de la pobreza, distribución del ingreso, ingresos de los hogares, así como las correspondientes estimaciones de impacto fiscal”, agrega el MEF.

A su vez, argumenta que, “en el marco del proceso de Diálogo Social, se desarrolló un conjunto de actividades orientadas a recopilar insumos sobre las distintas temáticas priorizadas”, que incluyeron “conversatorios en el territorio, seminarios académicos y diversos análisis y estudios, incluyendo estimaciones de impacto fiscal, distributivo y social de las transformaciones analizadas”. El ministerio menciona “instancias de intercambio” en todos los departamentos con “vecinos” y “comerciantes”.

El MEF sostiene que las prestaciones asociadas a la TUS “representan el 30% de los montos transferidos a hogares con niños, niñas y adolescentes”, y la “mayor participación” corresponde a las asignaciones familiares, que representa el 70% restante. Además, puntualiza que recibir pagos con la TUS “no implica ninguna inversión o costo incremental para los comercios respecto de los costos asociados a la aceptación de medios de pago electrónico en general”.

“El Ministerio de Economía reconoce que tomó decisiones importantes sin analizar su impacto en los comercios, sobre todo en la frontera, y eso nos preocupa especialmente”, declaró Ojeda en diálogo con El País.

En la respuesta a Osorio, que comparte algunos aspectos con la del senador, la cartera añade que los posibles impactos de la política en la frontera “constituyen aspectos relevantes para el diseño y seguimiento de las políticas públicas, y fueron considerados en el proceso de elaboración de la reforma propuesta, contemplando asimismo los posibles efectos que distintos diseños de la política tienen sobre el acceso de los hogares beneficiarios a bienes y servicios”.

El MEF también dejó en claro —en ambas contestaciones— cómo funcionará el cobro en sí de las transferencias: “Pasará a realizarse exclusivamente mediante acreditación en cuenta bancaria o en instrumento de dinero electrónico, (...) lo que incluye la posibilidad de retirar efectivo y realizar compras en cualquier comercio formal, adherido a la posibilidad de recibir pagos electrónicos”.

También se indica que la tarjeta “BPS prestaciones” (medio de pago a través del cual se pueden cobrar varias de las prestaciones actuales y será priorizado con la nueva reforma) permitirá “acceder a la devolución de la totalidad del IVA”, lo que por lo tanto “incrementará el poder de compra efectivo de las prestaciones y, al mismo tiempo, constituye un mecanismo orientado a favorecer la realización de compras en comercios formales”.

Competencia “directa” con Brasil

Desde el propio oficialismo se reconocieron como “legítimos” los reclamos de los comerciantes, tal como dijo el senador frenteamplista Eduardo Brenta durante un conversatorio sobre la Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo (IEEM) en setiembre.

“Hace unos días recibimos en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a un grupo de pequeños comerciantes de la frontera, de Rivera, que nos planteaban la importancia que para ellos tenía que la TUS se siguiera otorgando, porque esos eran sus clientes y en realidad, si se les daba en efectivo, se iban a ir a comprar del otro lado de la frontera”, describió.

“Hoy hay varias paradojas de esto”, comentó el senador, al tiempo que ironizó sobre “tantos años de crítica a la inclusión financiera y ahora de defender la inclusión financiera”. Sin embargo, dijo que el planteo es “totalmente legítimo” y destacó la devolución de IVA para quienes usen la tarjeta.

El pasado 11 de setiembre, la mencionada comisión del Senado, sobre el final del tratamiento de la Rendición de Cuentas, recibió a una delegación de la Asociación de Comercios Unidos de Rivera (ACUR) y otra del Centro Comercial de Rocha, cuyos integrantes explicaron su preocupación al respecto.

“Venimos por el problema de la tarjeta del Mides, que el gobierno quiere sustituir dando plata. Para nosotros, para la ciudad de Rivera y las ciudades de frontera, en general, esto sería muy delicado, complicado y perjudicial. Con toda la plata que daría en efectivo la gente se iría para el otro lado a comprar. Los comercios de frontera ya han dicho —muchos almacenes lo han comentado— que, si pasa eso, tendrían que cerrar, porque viven de la tarjeta del Mides. Quizás acá, en Montevideo, una, dos o diez tarjetas no influyen mucho en un comercio, pero allá, en Rivera y en la frontera, hacen mucha fuerza”, manifestó Nereo Zaballa, uno de los comerciantes.

Hicieron énfasis en que están “a 20 metros” de Brasil, con lo cual los departamentos aledaños mantienen “una competencia comercial directa, diaria y permanente”, según Silvia Olivera, presidenta de ACUR. El pedido fue que se evite la sustitución de la TUS por el dinero en efectivo como cobro para el beneficio.

Olivera además brindó el dato de que, solo en Rivera, “los comercios habilitados a vender con la tarjeta Mides son 588” y “el número exacto hasta el momento era de 5.248 tarjetas”, con un valor promedio de $ 4.000 cada una. Es decir, casi $ 21.000.000.

Medidas

El MEF señala en ambas respuestas a los dirigentes colorados que ha implementado “instrumentos específicos para atender” la situación de los comercios de frontera.

Entre ellos, destacan la “creación de una franja intermedia de descuento del Imesi para las estaciones de servicio ubicadas entre 20 y 60 kilómetros de los pasos de frontera, equivalente al 50% del descuento aplicable a las estaciones ubicadas hasta 20 km”.

También señalan el “régimen simplificado de micro importaciones” con “exoneraciones tributarias y aduaneras para determinados productos”, la “reducción de hasta 75% de los aportes patronales para nuevos puestos de trabajo dependientes”, etc., como parte del “régimen especial de comercio de frontera”.

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