El Parlamento va camino a un escenario inédito, en donde se duplicarán esfuerzos para investigar todo lo ocurrido en torno al denominado caso Cardama, el astillero con el que el Estado rescindió contrato el pasado 13 de febrero y contra el que se iniciarán acciones legales varias, en medio de artillería cruzada entre oficialismo y oposición.
Lo que ocurrió es que, entre el ruido y las críticas al actual gobierno y el anterior —por las irregularidades detectadas en el contrato suscrito con la firma española y sus problemas en la fase constructiva, en el primer caso, y por las formas seguidas y las eventuales consecuencias negativas para el Estado, en el segundo— el Frente Amplio y el Partido Nacional iniciaron una suerte de carrera para ver quién instalaba antes una comisión investigadora.
Al final de la semana pasada y al inicio de esta, los referentes de ambas bancadas orejeaban lo que podían hacer del otro lado y el impacto que eso podría tener en la opinión pública en un tema que, a priori, la dirigencia política sabe que está lejos de las preocupaciones cotidianas de la gente.
Por eso es que, cuando los legisladores del Frente Amplio analizaban la posibilidad de una investigadora en el Senado como primera reacción parlamentaria al anuncio que el presidente Yamandú Orsi hizo en conferencia de prensa el viernes pasado, los blancos definieron comunicar públicamente su voluntad de investigar el intrincado asunto, pero en Diputados.
"Tenemos que ir a fondo y esclarecer los verdaderos motivos que llevaron al boicot de esta compra y que fue motivada por mezquindades políticas", declaró a El País, por la tarde del mismo 13 de febrero, el senador nacionalista Martín Lema.
Luego vino el fin de semana y, al llegar el martes, cuando los blancos terminaban de confirmar los votos para lograr la mayoría de 50 apoyos en la Cámara de Representantes —que, a condición de investigar "todo el proceso", se consiguió el apoyo de los dos diputados de Cabildo Abierto y los otros dos de Identidad Soberana— la bancada de senadores del oficialismo presentó la denuncia ante la presidenta de la cámara alta, Carolina Cosse, bajo el argumento de que es allí donde se encuentra "uno de los principales responsables que tiene que dar cuenta" del contrato (Javier García), como declaró el senador Daniel Caggiani y luego, con palabras similares, diría el también senador del MPP Sebastián Sabini, el miembro denunciante.
Fue un contraataque frenteamplista, como tituló El País el martes, con el objetivo —por estas horas, y mientras ya actúa la comisión preinvestigadora— de estudiar en profundidad las "dificultades" que desde un comienzo tuvo Cardama para "conseguir las garantías" a la postre irregulares o falsas, además de analizar en detalle los informes posteriores —como el de Bureau Veritas— que concluyeron que hubo “incumplimientos graves en la ejecución de la obra por parte de la empresa constructora”, entre otros varios problemas.
Esta situación motivó nuevas reflexiones en la bancada nacionalista, antes de decidir un próximo paso en una competencia que, si comenzó como una carrera, se fue transformando en "una partida de ajedrez", bromeó un legislador blanco.
El siguiente paso fue mantener el plan, ya que los votos estaban conseguidos: presentar una segunda denuncia en Diputados para formar una preinvestigadora que recibirá este jueves al denunciante —el nacionalista Juan Martín Rodríguez—, de manera tal que antes de que termine la semana estén prontos los informes en mayoría y en minoría —ya que habrá dos diputados del oficialismo y uno por la oposición.
Ahora bien, ¿con qué apuro? Porque los legisladores blancos recordaron que para el próximo lunes 23 de febrero está fijada una sesión extraordinaria en la cámara baja, en la que se votará la ley que hace modificaciones a la política contra el lavado de activos y en la que también está previsto votar la comisión investigadora sobre la compra de la estancia de María Dolores. Y el artículo 118 del reglamento de Diputados establece a texto expreso que, cuando el o los informes de una comisión preinvestigadora se presenten ante el presidente de la Cámara de Representantes, "el asunto se incluirá en primer términos en la primera sesión extraordinaria que se realice".
En el Senado, mientras tanto, no está prevista ninguna sesión —de momento— hasta el miércoles 25, con lo que, en principio, la oposición tendrá formada su comisión antes que la que busca promover el oficialismo en la cámara alta.
Esto ya genera comentarios sobre la conveniencia de tener dos comisiones centradas en lo mismo —"me parece que después de instalada la comisión en Diputados en el Senado tendrían que desistir", dijo, por ejemplo, el diputado cabildante Álvaro Perrone (ver más adelante)— pero además es defendido con el argumento de que es en la Cámara de Representantes donde hay más representatividad.
"¿Por qué en Diputados?", se preguntó Rodríguez ayer en rueda de prensa. "Por una razón muy sencilla. Es la única cámara donde todo el espectro político se encuentra representado. Los seis partidos políticos que componen el Parlamento están representados allí y no en la Cámara de Senadores".
Sin embargo, el foco propuesto en la denuncia, y que impulsarán los blancos, es muy diferente al que busca el Frente Amplio en el Senado. Porque si bien el texto que presentó Rodríguez propone "para mejor comprensión del proceso" que "la fecha a investigar sea desde el año 2005 hasta el anuncio de la rescisión", lo cierto es que la indagatoria estará centrada en analizar los los "hechos, actos y eventuales conductas irregulares" cometidas por el gobierno de Yamandú Orsi "relacionados con la rescisión del contrato para adquirir las patrullas oceánicas anunciado el pasado viernes" 13 de febrero".
Para Perrone, "el Senado debería desistir" con su investigadora
Con el escenario como está planteado, para el diputado Álvaro Perrone se incurriría en una “disputa” entre cámaras como ya ocurrido otras veces en el último tiempo, algo que debería ser evitado.
“A mí me parece que una vez que quede instalada la comisión investigadora en Diputados, en el Senado deberían desistir” de hacer lo mismo, dijo el legislador de Cabildo Abierto en diálogo con El País.
“¿Qué va a pensar la población cuando vea que estamos todos los diputados y senadores enfocados en un mismo tema”, se preguntó el cabildante, antes de subrayar que no tenía “recuerdos de que alguna vez algo así se haya hecho en el Parlamento”: dos investigadoras que, con foco diferente, trabajaran en el mismo tema.
De modo que debería haber solo una y en Diputados, porque “es más justo, ya que allí están todos los partidos”, concluyó Perrone, en línea con los blancos.
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