Caso Jonathan Correa: INAU comenzó investigación interna y oposición denunció “agujero negro” de información

Las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) comparecieron este martes ante la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados, tras ser citados por la oposición luego de la muerte de Jonathan Correa, joven de 15 años que fue asesinado por su padre a principios de marzo.

En rueda de prensa, la presidenta del organismo, Claudia Romero, dijo que el adolescente “no estaba vinculado a INAU en el momento en el que ocurrió lamentablemente el trágico final”, sino que lo estuvo desde los ocho meses hasta los cuatro años de edad.

“En lo que respecta al caso del adolescente, INAU no recibió ninguna denuncia. O sea, esto no es falta de información, es que no recibimos ninguna denuncia en principio. Iniciamos una investigación administrativa que está en curso, pero de la información de urgencia no resulta que haya denuncias vinculadas a la institución o en el período en el que Jonathan se vinculó a la institución. Lo que sí estuvimos trabajando en la comparecencia era cómo mejorábamos la comunicación a través de los sistemas de información”, aseguró.

Esto último fue el principal cuestionamiento del diputado colorado Felipe Schipani, impulsor de la convocatoria junto a su correligionario Conrado Rodríguez: “El INAU no intervino por un error de comunicación en el Ministerio del Interior, acerca de una decisión de la Justicia hacia el INAU justamente, de un policía que aparentemente entendió mal. Esa es la versión que ha trascendido públicamente y no ha sido desmentida. Y hay un dato que nos confirmaron las autoridades del INAU, que es que no existe un sistema de información interinstitucional de todos los organismos que intervienen en los temas de violencia”.

Según el legislador, es el “cambio fundamental en el que hay que trabajar”, ya que se está “ante un gran agujero negro de falta de información”, y “las autoridades de INAU coincidieron”.

Por su parte, Romero reconoció que la sistematización de información y datos es un aspecto de “vital importancia” desde que inició la nueva gestión y destacó la importancia de herramientas como la llamada Ley Gapia (de Garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia), impulsada por la actual ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, cuando era diputada en el período pasado.

La jerarca sostuvo que el gabinete interinstitucional creado por la norma permite “pensar en un sistema de información a disposición de la trayectoria de vida de los gurises, de la protección, de la generación de alarma”.

“El sistema se está preparando y está mejorando. De hecho, la instalación de la ley nos permite tener una comisión especial de seguimiento, donde la idea es construir fortalezas y saberes para llegar en el tiempo que tenemos que llegar. Estamos atravesando situaciones vinculadas a la infancia y a la adolescencia muy dolorosas, dentro de las cuales están las violencias, y estamos llegando tarde en muchos casos, algo que no nos podemos permitir”, sostuvo la presidenta del INAU.

Schipani insistió en que esto debe resolverse “a la mayor brevedad posible” y reclamó que “lo primero es tener un sistema informático, en plena era informática de la inteligencia artificial, que detecte determinadas alarmas” y que “salga un cartel rojo que diga que hay 14 denuncias”.

Sobre esto, el Ministerio del Interior aseguró en su momento que “no existen 14 denuncias como se dijo”, sino que solo se tiene registro de tres. Una de ellas es la presentada por la UTU de Flor de Maroñas, a la que asistía Jonathan, a fines de noviembre de 2025, luego de que algunos docentes y compañeros lo vieran con hematomas en su cuerpo.

Otra fue realizada tras la muerte de Jonathan con respecto a situaciones de violencia que también vivía su hermana de nueve años (lo que ya fue asignado a una Fiscalía).

La tercera denuncia fue presentada en abril de 2024 por la madre del adolescente, quien manifestó ser víctima de violencia doméstica. En ese momento se dispusieron medidas cautelares de prohibición de comunicación y acercamiento con respecto al padre de Jonathan, aunque luego del plazo de 180 días no volvieron a ser renovadas.

Además de al INAU, Schipani y Rodríguez también citaron a Fiscalía, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Interior y el Poder Judicial; en estos dos últimos organismos también hay activas investigaciones administrativas sobre el accionar en el caso.

El padre de Jonathan fue imputado por reiterados delitos de violencia doméstica agravados y un delito de homicidio especialmente agravado.

Según relató la fiscal de Homicidios Sabrina Flores durante la audiencia, a la que accedió El País, el hombre llevaba tiempo ejerciendo violencia física sobre el adolescente. En la noche del hecho, a raíz de una discusión entre ambos, el padre lo habría golpeado con puños y patadas.

De la autopsia surge que también lo golpeó con un objeto que pudo haber sido “un cable o un cinturón”. Luego de la golpiza, el agresor se fue a acostar y mandó a su hijo a hacer lo mismo. Durante la madrugada el hombre se despertó y vio que el adolescente no respondía y que parecía ya no tener signos vitales, por lo que intentó esconder el cuerpo arrojándolo a una cuneta.

“Eran tantas las lesiones internas que no se pudo constatar dónde había iniciado el sangrado”, expresó el equipo fiscal durante la audiencia y describió que el cuerpo del joven había quedado “morado” de tanta violencia prolongada en el tiempo.