INVESTIGACIÓN

Operación Océano: realizarán dos audiencias masivas por explotación de adolescentes

Los 21 imputados por delitos de explotación sexual de adolescentes se dividirán en dos grupos para asistir a dichas instancias.

Fiscalía General de la Nación. Foto: Gerardo Pérez
Es la mayor investigación sobre explotación sexual de menores: una víctima causó 21 imputados. Hoy son 15 damnificadas. Foto: Gerardo Pérez

Las capturas de pantalla con chats entre empresarios y comerciantes y un grupo de adolescentes datan por lo menos de marzo de 2019. Los 21 hoy investigados en la Operación Océano solicitaban a las entonces adolescentes -hoy alguna de ellas ya cumplió los 18 años- fotos eróticas. Luego organizaban los encuentros sexuales tras un rápido intercambio de información personal. A cambio les ofrecían regalos (lencería, perfumes), una “escapada” a Punta del Este, un paseo en barco y hasta un viaje a Buenos Aires.

En un hecho inédito desde que comenzó a aplicarse el nuevo Código del Proceso Penal el 1° de noviembre de 2017, en la próxima semana se realizarán dos audiencias masivas en el Juzgado Penal. Aunque se dividió en dos el número de imputados, en las audiencias participarán también abogados defensores, el equipo de la Fiscalía, la magistrada y otra funcionaria judicial y custodias.

Más sospechosos.

En las capturas de pantalla en poder de la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, y de las fiscales adscriptas, Fulvia Favretto y Giuliana Realini, algunos de los investigados se ofrecían a ir a buscar a las chicas hasta el liceo. “Ninguno de los imputados le preguntó realmente la edad a las víctimas”, dijo a El País la fiscal Viera a la salida del Juzgado Penal en una audiencia realizada en marzo de este año.

Una de las menores se hacía llamar Mía. “Es mi nombre de fantasía”, decía a los adultos. En otra ocasión brindaba su nombre de pila verdadero.

Mía envió fotos suyas por una conocida red social. Luego, a pedido de uno de los adultos acusados de explotación sexual de menores, mandó fotos de alto contenido sexual.

En otras capturas de pantallas, una de las adolescentes le pidió “una ayuda económica” a un conocido empresario. El imputado respondió que debían conocerse más, ver si se gustaban, si se complementaban, si uno escuchaba al otro.

“A mí me embola estar con mujeres de mi edad. Yo vivo solo. Mis hijos viven con su madre”, explicó a la adolescente en una conversación.

Favretto explicó en una rueda de prensa realizada en la Fiscalía: “Hay una asimetría muy grande entre el adulto abusador y la adolescente”.

Según las capturas de pantallas en poder de la Fiscalía de Delitos Sexuales, algunas de las menores tenían 16 años cuando fueron explotadas sexualmente por los adultos. Hoy las víctimas son 15 y hay un varón menor de edad. Un dentista fue procesado dos veces en esta misma causa.

Viera dijo a El País que se está investigando a todos los contactos sexuales con retribución económica que tuvieron las 15 víctimas. Es decir, el número de imputados podría aumentar exponencialmente en las próximas semanas.

La fiscal Viera dijo que los investigados contactaban a las menores a través de páginas web de encuentros sexuales.

Las víctimas no provenían de un contexto crítico, aunque tenían carencias desde el punto de vista social. Una de las adolescentes, de 17 años, falleció tras tirarse al agua en la zona de Punta Carretas. Estaba involucrada con uno de los hoy imputados, quien fue formalizado en prisión por poseer antecedentes penales. Su muerte es investigada por la Fiscalía.

Audiencias llenas.

En un principio, la Fiscalía propuso a la Justicia realizar una sola audiencia con los 21 imputados y sus abogados defensores.

No trascendió el motivo de esas audiencias, ya que el expediente es reservado. Se supone que apunta a agilizar tiempos procesales.

La jueza Adriana de los Santos alegó que podía haber riesgo sanitario en una audiencia con tanto público y decidió que se realizarán dos instancias: una está fijada para el próximo martes y la otra para el día siguiente.

Algunos defensores presumen que las dos audiencias serán para prorrogar la reserva del expediente que trata sobre menores de edad.

Viera no pedirá prórroga de las medidas de los imputados -no acercarse a las víctimas y prohibición de trabajar con niños o niñas-, ya que la mayoría de ellas vence en noviembre de este año.

Consultada por El País, la fiscal Viera respondió que ya pidió pericias psiquiátricas para los 21 imputados, las que serán realizadas por el Instituto Técnico Forense (ITF).

Abogados defensores señalaron a El País que analizan que sus clientes no se presenten a las pericias psiquiátricas.

“Se dieron casos de explotación por comida o un vaso de yogur”
Fiscalía General de la Nación. Foto: Gerardo Pérez

La fiscal adscripta de Delitos Sexuales, Fulvia Fravetto, dijo que su equipo trabaja también en otros casos de explotación sexual a menores que no generaron la repercusión que tuvo la Operación Océano. “Me imagino que eso se debe a quiénes son las personas imputadas”, dijo Fravetto, en alusión a que hoy hay 21 procesados en la Operación Océano, la mayoría de ellos empresarios y comerciantes. “Hay una naturalización de este tipo de situación que configuran delitos”, dijo Fravetto al programa “El Megáfono Radio” de la 89.3 FM de Pando.

Consultada sobre si la posición económica y contactos de los imputados dificulta la investigación, Fravetto dijo que ello no entorpece a la hora de realizar la indagatoria. “Lo que ocurre es que las retribuciones prometidas o dadas consistían en bienes de otro tipo de precios como perfumes, viajes, entradas a eventos”, dijo al programa.

Según la fiscal, “han ocurrido casos de explotación sexual a cambio de comida o de un vaso de yogur. La naturaleza de los hechos es la misma: ofrecer o dar a una adolescente una retribución a cambio de sexo. No importa la cantidad prometida u otorgada por el adulto”.

Pérdida de patria potestad de procesados

El 13 de mayo pasado la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales imputó a cinco hombres el delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo. En esa misma audiencia se solicitó a la jueza Adriana de los Santos que suspendiera el ejercicio de la patria potestad y los inhabilite para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes. La jueza no hizo lugar. El Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión y dio la razón a la Fiscalía.

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