Explotación de menores

Es como una cita a ciegas. Yo: tapado gris, ella: jean con las rodillas agujereadas. Quedamos en un bar de Ciudad Vieja, su zona “de confianza”. Llega 45 minutos tarde. Luego me contará que esto es lo que hace cuando conoce por primera vez a un cliente: le avisa que está retrasada, lo ve llegar, lo estudia de lejos, y si su intuición le dice que confíe, se acerca. Es probable que a mí también me haya estado observando.

—¿Entonces ya tenés 18 años?
—Sí. En serio. Traje la cédula.
—¿Por qué aceptaste la entrevista?
—Porque tengo una doble vida. Nunca le conté a nadie lo que hago. Ni mi mejor amiga lo sabe, y a ella le cuento todo. Y siento que necesito decírselo a alguien.
—¿Cómo querés que te llame?
—Poné Pikachu, como el dibujito. Con ese nombre empezó todo.

Tres semanas atrás, cuando la Operación Océano se hizo pública y el informativo dio la noticia de que cinco hombres poderosos habían sido formalizados por retribución o promesa de retribución a una adolescente para que ejecutara actos sexuales, en algunos casos ofreciéndole drogas, Pikachu estaba en su casa, junto con su abuela, y del susto se agarró el pecho y exclamó: “No soy yo. Yo estoy en mi casa”. La abuela, que la escuchó, soltó: “¡Claro que estás acá! ¿Qué decís?”.

Pikachu recrea la escena y se ríe. Pero sabe que no es gracioso.

—No es gracioso. Es que este caso a mí me abrió un poco la mente. Me da rabia. Porque siento que nunca se va a decir la verdad de lo que pasa, de toda la gente que está metida en esto. Estoy harta. Harta de que sea tabú. Ojalá un patrullero algún día llegue a mi casa y los policías me digan “sabemos que te prostituís desde los 15”. Y que lo escuche mi abuela. Yo les diría: “¡Al fin se dieron cuenta!”. Y…Uf, creo que sentiría un gran alivio.

Unos días después de aquella noticia, la Operación Océano se amplió y otros seis hombres fueron imputados por el mismo delito. El País informó que habría una nueva comunicación con más acusados —unos 25 en total— y que además de la víctima mencionada, otras cinco habrían sido identificadas.

Darviña Viera, fiscal del caso, escucha estas cifras. “No voy a decir cuántos son, pero sí tenemos algo más y por eso pedí la reserva, no por temor o presión como se dijo por ahí. No queremos que determinadas personas se enteren de determinada evidencia, y para proteger a las víctimas”.

En los pasillos de la Fiscalía se comenta que “este proceso dará mucho trabajo” debido a los nombres y cargos de los implicados: un exjuez penal de menores, un diputado suplente, empresarios de alto rango y varios profesionales.

En casi todos los casos los defensores plantearon que sus representados no sabían que las chicas eran menores y que las relaciones sexuales fueron consentidas. Pero, con el pasar de los días, y por diferentes razones, al menos tres abogados renunciaron.

La investigación empezó con una denuncia que un adulto presentó en Maldonado alertando que una menor había sido abusada. Como esa menor se mudó a Montevideo, la denuncia se trasladó a la fiscalía especializada de la capital. Por otro lado, en la sede de Atlántida se investigaba el supuesto suicidio de otra adolescente que había aparecido ahogada en el arroyo Solís Chico, de la que se tenían indicios de que había sido explotada.

Pronto se supo que las dos menores eran amigas y al incautarse los celulares surgieron chats que revelaban que eran explotadas por hombres que les daban regalos y dinero a cambio de actos sexuales.

“Este tipo de delitos requieren de cierto poder económico, así que no suelen ser cometidos por personas pobres”, opina la fiscal, y agrega: “Tampoco las víctimas que detectamos lo son”. Hasta donde sabe, en este caso no hay proxenetas vinculados. Las adolescentes ofrecían sus servicios en Tinder y en Locanto, una plataforma de avisos clasificados gratuitos.

Cuando cumplió 15, Pikachu también buscó clientes en una aplicación.

—Pasé por abuso infantil y pasé por una violación. A los 12 empecé a pensarlo. A los 15 me decidí para pagarle a mi abuelo un tratamiento médico. Fijate que yo no tuve padres. Mi abuelo era el amor de mi vida. Le pregunté al médico: “¿Es de vida o muerte?”. Y me dijo que sí. Entré a un foro en internet y una chica me aconsejó. Primero busqué un motel, para estar segura. La gerenta me cobraba el 70%. Mi abuelo vivió tres años más. Pudimos viajar juntos y me enseñó a jugar al truco.

Como foto de perfil en la aplicación usaba la imagen del dibujito japonés. Después se pasó a la web Locanto. Ahora promociona su cuerpo en otras páginas especializadas en prostitución. Allí los teléfonos de las chicas son públicos.

De las ocho páginas más populares, solamente una exige el escaneo de la cédula de identidad para confirmar la mayoría de edad. Del resto, algunas ponen el número 18 como el mínimo permitido en el ítem etario; otras ni siquiera eso.

18. 19. 20. 21. La mayoría de las que publican anuncios online dicen tener esa edad. Pero algunas son menores y se agregan años, y otras son mayores y se los quitan. “Es por el morbo, obvio. Yo tengo 24 y digo que tengo 21”, cuenta una chica que aceptó dar su testimonio.

“Es que ahora es moda ser prostituta. Veo a muchas chicas en las páginas, antes no éramos tantas. Y cada vez son más jóvenes. Las veo en las redes. Se sacan fotos tomando champaña, bailando en una sala vip, usando ropa de marca, con extensiones en el pelo. Compiten por quién se puso más senos, quién se inyectó más ácido hialurónico en los labios, quién tiene las mejores uñas. Lo ven como plata fácil y rápida, pero fácil no es”, dice.

En el Registro Nacional del Trabajo Sexual hay 13.535 inscriptos. En 2017 se contabilizaron 167 altas; en 2018 fueron 185 y en 2019 sumaron 257. De todas formas, entre las personas que únicamente buscan clientes en internet, varias admitieron que no se registran en el Ministerio del Interior para tramitar el carné de habilitación, ni tienen la libreta de profilaxis venérea. Las páginas tampoco preguntan.

Es que la tecnología es un cuchillo de doble filo. Por un lado, las páginas representan la manera de “independizarse” en el trabajo sexual, obviando a los peligrosos intermediarios que siempre existieron —existen— en el ambiente. “La prostitución se volvió un trabajo más seguro. No vamos a domicilios ni nos subimos a vehículos. Vamos a hoteles o alquilamos un apartamento con amigas. Te comprás un celular y vos hablás con tus clientes, vos ponés el precio, vos ponés la hora”, plantea otra chica consultada.

Pero los avisos online también habilitan la explotación de menores. “Invisibilizan más este delito”, dice Luis Purtscher, presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees); por otro lado, el soporte digital está aportando más pruebas para su persecución penal.

Explica Purtscher: “Estamos identificando que las primeras transacciones comienzan en el escenario virtual. No es como antes, que muchas veces quedaba en las palabras de testigos, o era la palabra de la gurisa contra la de los abusadores: ahora hay un registro material de que esos diálogos existieron, de que la promesa de retribución existió y eso facilita la construcción de la prueba”.

Pikachu usa dos chips en su celular. Uno para su vida de estudiante y su trabajo pantalla; otro para “el laburo”. Está cursando dos tecnicaturas que le paga un cliente que conserva desde que empezó, “para ayudarla a salir del ambiente”, dice.

—Yo tengo tres anuncios online y coordino con los clientes por teléfono. Cuando arranqué, si la página me permitía, ponía que tenía 15. Algunos me preguntaban específicamente si era menor. El auge de la prostitución son las menores. Si empezás siendo chica te ven diferente, hasta las prostitutas te ven diferente porque saben que sufriste mucho o piensan que fuiste inteligente para contactarte con gente de mucho dinero.

En la Operación Océano “la prueba material está”, asegura la fiscal Viera. Esa es la diferencia con otras investigaciones que naufragan. Pero además cuenta con la declaración de la víctima, “el testigo estrella”. Esto casi nunca sucede, o porque las chicas se rehúsan o porque los equipos que trabajan con ellas deciden evitar que declaren “para salvarles la vida”.

Desde 2004 se actualizó la normativa que penaliza los delitos de violencia sexual comercial hacia niños, niñas y adolescentes, y recientemente la trata. Se llevaron a cabo investigaciones y se desbarataron redes de pornografía y prostitución. En Montevideo se crearon seis fiscalías especializadas en delitos sexuales, y Conapees capacitó a más de 8.000 referentes, lo que permitió mejorar la captación y el diagnóstico. Sin embargo, el volumen de denuncias por estos delitos es casi insignificante.

La División Políticas de Género del Ministerio del Interior apenas contabilizó 68 en 2019. Esta cantidad representa el 6% del total de delitos sexuales registrados a niños y adolescentes. De estas denuncias, 35 fueron por contribución a la explotación sexual de un menor; 14 por comercio, almacenamiento y difusión de material pornográfico; 12 por retribución o promesa de retribución a menores para que realicen actos sexuales.

En tanto, entre enero de 2018 y abril de 2020, Fiscalía logró 40 formalizaciones vinculadas a denuncias de explotación sexual con al menos una víctima menor.

Hay varias explicaciones detrás de estos números; y recriminaciones. Suelen ser los diferentes operadores capacitados que trabajan en el territorio (docentes, médicos, policías) los que identifican situaciones sospechosas y las trasladan a las organizaciones civiles que trabajan con el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU). Luego, esos equipos determinan si radicar la denuncia.

Sí se logró ver mejor. En la última década Conapees multiplicó por 10 la cantidad de situaciones trabajadas por año: en 2019 fueron 240 los casos.

Pero, ¿cómo se evalúa si presentar o no una denuncia? Diego Pailos, de la ong Gurises Unidos, señala que se evalúa si la menor está preparada para afrontar un proceso y si se podrá asegurar su protección. “Si está involucrada en un circuito de explotación en un departamento, que pueda ir a otro; si está en una zona o contexto muy intenso, poder mudarla”, detalla.

Otras veces se pide a un juez que determine el amparo, es decir su institucionalización en un hogar de 24 horas.Pero, de estos sitios, según reconocen varias fuentes, suelen huir.

Sin el testimonio de la víctima, probar el intercambio es difícil. “A veces la paga es un surtido, la cuenta de la luz, un perfume”, describe la abogada Andrea Vitalis, asesora y operadora social de Gurises Unidos. “Los explotadores amenazan a los adolescentes y también a los operadores; han ido a sus casas. Sienten que son intocables”.

Si esto ocurre, se denuncia y se solicita al juzgado de familia medidas de no acercamiento. Pero estas disposiciones habitualmente se incumplen, constituyendo un delito de desacato que el juzgado debería comunicar a Fiscalía para su persecución penal, pero no pasa.

El informe mundial de trata del Departamento de Estado estadounidense, en 2019, concluyó que “funcionarios policiales e inspectores de trabajo no identificaron víctimas de manera proactiva y sistemática, y que el gobierno no tuvo servicios adecuados para las víctimas”. Sigue: “Los intentos de enjuiciar y condenar a presuntos tratantes fueron insuficientes, el gobierno solo ha condenado a cinco tratantes en los últimos seis años”.

Andrea Tuana, de la ong El Paso, coincide. “Hemos acercado indicios de situaciones que suceden en determinados lugares que podrían revelar una red de explotación o de trata, pero sin el testimonio de la víctima esa información no se profundiza y la investigación no se desarrolla. Es frustrante. Se descubren situaciones investigando otros temas —por ejemplo, allanando bocas de pasta base donde hay menores prostituyéndose—, o cuando el INAU realiza inspecciones en espectáculos públicos. Pero los datos que aportan los vecinos deberían ser valiosos, porque la gente que observa lo que pasa tiene mucho miedo de hablar”.

“Lo complejo de esto es que se repiten patrones estructurales del problema, pero en lo concreto cada caso es único”, dice Purtscher. La violencia comercial sexual de menores tiene distintas modalidades y ámbitos.

Chicas escorts consultadas dicen haber asistido a fiestas vip en chacras de Maldonado y Canelones donde se les obliga a consumir drogas. Una de ellas relató una escena en la que menores que parecían ser inmigrantes bailaban dentro de cápsulas de vidrio.

A Pikachu, a los 17, la subastaron en una fiesta con empresarios.

—Nos vistieron de mozas. Un anfitrión nos hacía subir a un escenario para el quién da más. A veces te ponen miles de pesos en la cartera, para que te calles.

Karina Núñez, trabajadora sexual integrante del colectivo O.TRA.S, propone una reunión de zoom para que participen otras referentes del interior: Elaine Neres, de Rivera, y Carmen Cortez, de Florida. Las tres —que comenzaron siendo menores— dicen que en las ciudades en las que viven, como en la mayoría de las whiskerías y prostíbulos les piden cédula, las adolescentes son explotadas en la calle. La mayoría son adictas. “Hay clientes que te dicen: ‘¿Por qué te voy a pagar $ 1.500 si me lo acaban de hacer por un chasqui?’”, cuenta Carmen. Un chasqui —una dosis de pasta base— cuesta $ 50.

De acuerdo al registro del Ministerio del Interior, en 2019 Montevideo y Salto fueron los departamentos con más denuncias de delitos de violencia sexual comercial hacia menores. Desde la Jefatura de Salto dicen que el incremento de estos casos y “los distintos modus operandi constatados” generaron que en 2020 se incrementara el personal de la oficina de Trata de Personas: eran tres, ahora son siete.

Al asumir, Carlos Ayuto, el flamante jefe de Policía, quiso interiorizarse acerca de la investigación realizada hasta ahora para aclarar la muerte de Nazarena Porto.

La menor desapareció el 30 de diciembre de 2017 y el 2 de enero de 2018 apareció ahogada en una cañada ubicada a 55 kilómetros de la ciudad, en Villa Constitución. En diciembre pasado, otra adolescente fue vista saliendo del agua, intentando escalar hacia la superficie. Estaba drogada. Un hombre la ayudó y la entregó en la comisaría. “Demasiada coincidencia. Pedimos a Fiscalía que se investigara si había una conexión entre los dos hechos”, dice la abogada y política colorada Cecilia Eguiluz, representante de la familia de la menor fallecida.

Nazarena se movía en un circuito de cuatro cuadras y frecuentaba la Plaza de Deportes, donde solía estar en compañía de un hombre que le prestaba su celular. Su madre recuerda que un día la vio con ropa nueva y otra vez le mostró un perfume, pero nunca le quiso decir cómo los había obtenido. “Todos en Salto sabemos que en esa plaza se prostituyen menores. En el expediente no se pudo reconstruir cómo Nazarena fue a parar a Villa Constitución. Tras dos años y seis meses, sentimos que la investigación no ha sido productiva. Para nosotros su muerte tiene dos anclajes: uno es la explotación sexual de menores y el otro la trata interna de chicas que son llevadas a prostituirse a Villa Constitución”, dice la abogada.

Según fuentes de la Fiscalía, debido al estado del cuerpo, la autopsia no pudo esclarecer si se trató de un homicidio o de un suicidio. Tras enumerar la cantidad de testimonios recolectados y pericias realizadas, el operador consultado asegura que se está avanzando en tres líneas distintas de investigación. Tiene esperanzas.

Dispuestas a no rendirse, algunas integrantes del colectivo salteño La revuelta subversiva salieron a investigar qué pasó con Nazarena. Se mezclaron en la plaza y consiguieron testimonios. De a poco fueron recibiendo otras denuncias anónimas. “Venían de adolescentes que denunciaban que sus amigas de 12, 13, 14 y 15 años desaparecían por tres o cuatro días, y luego regresaban. Esto se repetía varias veces al año”, cuenta Silvina Cayetano.

Pudieron localizar a algunas y les dijeron que había una ruta de trata interna hacia Villa Constitución y otra hacia Bella Unión. A cambio recibían “bolsas con alimentos”; muchas son adictas.

“¿Por qué no denunciamos esto? Por que acá nos conocemos todos. Hay gente con poder detrás de esto. Tenemos familia, tenemos trabajo y cuando se trata de ponerle el cuerpo a una denuncia tenés mucho que perder”, confiesa Cayetano.

Mientras tanto, el número de mujeres desaparecidas se incrementa. El colectivo Dónde están nuestras gurisas lleva un registro “incompleto” desde 2017, que arroja que serían al menos 60, de las cuales el 85% son menores de edad. “Las desapariciones en muy pocas ocasiones son investigadas. Se da en general intervención a personas ausentes, pero intiman a las familias a buscar los “indicios” o “pruebas” de delitos. Si las denuncias se hacen en las seccionales, la Fiscalía muchas veces no se entera de lo sucedido”, dice la abogada Georgina Barria.

En este contexto, ¿la Operación Océano podría representar un punto de inflexión? Los referentes opinan que sí, aunque Tuana, de El Paso, advierte que este delito no suele calar hondo en la sociedad. Habrá que ver qué concurrencia logra la movilización en contra de la trata y la explotación sexual que se convocó para el próximo 3 de junio.

—Si hay una marcha te juro que yo voy a ser la primera —dice Pikachu—. Mirá. A mí una vez un cliente me robó la cartera. No pensé y fui a la seccional 15 de la calle 8 de Octubre. Les dije: “Mi cliente me robó”. Yo tenía 16. Era evidente que era menor. Me miraron y me dijeron: “¿Qué? Chonguito, mejor andate”. Los mismos policías ni se percataron de mi edad. Nadie te saca de esto.

—¿Qué le dirías a una menor?
—Qué no lo haga. Algo en vos se muere. Te volvés adicta a la plata fácil. ¿Sabés lo que hace falta? Una campaña ¿Por qué hay campañas contra el cigarro y no contra la prostitución? ¿Por qué no voy caminando por la calle y veo carteles de no al tráfico de mujeres? Nada te informa la persona en la que te convertís si hacés esto, ni cómo podés hacer para salir.

—¿Pensás dejarlo?
—Sí. Mi meta es recibirme en un año y ahí dejar. Con mi cliente, el que te conté que me paga los estudios, vamos a viajar a Punta Cana para darle un cierre a todo esto. Va a ser un viaje de celebración.