INVESTIGACIÓN

Operación Océano: juicio a empresario argentino

La jueza Adriana de los Santos ordenó el inicio del proceso penal en su contra por un supuesto delito de explotación sexual de adolescentes y ordenó medidas de no acercamiento a la víctima.

Dos policías de Montevideo en un patrullero. Foto: Darwin Borrelli
Foto: Darwin Borrelli

El empresario argentino hace 20 años que está radicado en Uruguay. Hoy tiene 63 años y vive en Punta del Este.

A principios de marzo de este año, cuando surgió el primer brote del nuevo coronavirus, viajó a Argentina. Poco después, a través de su abogado Alejandro Balbi, supo que era buscado por un supuesto delito de explotación sexual de adolescentes. Es decir, la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, había solicitado a la Dirección de Crimen Organizado su captura en el marco de la “Operación Océano”.

El empresario pretendió viajar a Uruguay a presentarse en la Fiscalía. Pero las leyes de cooperación entre Uruguay y Argentina no lo habilitaban a regresar al país, ya que no tenía residencia ni documento de identidad uruguayo. Incluso Balbi realizó gestiones ante la Cancillería, pero fue en vano.

El empresario regresó el viernes 26 y quedó detenido.

En la mañana de ayer, la jueza Adriana de los Santos ordenó el inicio del proceso penal en su contra por un supuesto delito de explotación sexual de adolescentes y ordenó medidas de no acercamiento a la víctima.

La fiscal subrogante de Viera, Andrea Naupp, también pidió a la Justicia que se le suspenda al empresario el ejercicio de la patria potestad y se lo inhabilite para el ejercicio de funciones públicas y privadas. Sin embargo, la jueza no hizo lugar por entender que era una pena anticipada. En la audiencia, la Fiscalía y familiares de la víctima dijeron que apelarán.

Balbi rechazó la formalización de la investigación contra su cliente y anunció que iba apelar el fallo. “¿Cuál es la conducta alternativa exigible a mi cliente por parte del Estado? ¿Que debería haber hecho distinto a lo que hizo? ¿Cuál es el estándar que le podemos exigir a un ciudadano para verificar la edad de otra persona?”, se preguntó. Y agregó otras cuestiones: “¿Qué garantía puede tener un habitante del país para determinar con certeza si un documento es apócrifo o no corresponde a esa persona? ¿Es ese el requisito que por ejemplo se le exige a los locales comerciales para que dejen entrar a casinos o salas de juego o espectáculos públicos? ¿Es el mismo u otro?”.

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