INVESTIGAN

La denominada Operación Océano dejó al descubierto una trama de explotación sexual de menores por parte de empresarios y profesionales tanto uruguayos como extranjeros que en apenas dos meses ha generado varias decenas de detenciones y un arduo trabajo de investigación que todavía no termina. "No me sorprendió la magnitud porque intuíamos desde hace tiempo la existencia de este fenómeno y la profundidad", dijo el fiscal de Corte Jorge Díaz. Aquí una puesta a punto de en qué está el caso.

El caso se dio a conocer a mediados de mayo luego de que cobrara trascendencia penal tras el cruce de denuncias en Maldonado entre un hombre y dos adolescentes. Una de ellas falleció poco después. Su cuerpo fue encontrado en la desembocadura del arroyo Solís Chico en marzo de este año.

El cruce de denuncias entre el hombre y las adolescentes llevó a la Fiscalía a ordenar la incautación de celulares. Así salió a la luz la trama de una explotación sexual a menores de edad con varios implicados e investigados. "Al poco tiempo se incautaron los celulares de las adolescentes y de ahí surgió una cantidad de datos que la Fiscalía empezó investigar junto con Interpol", indicó la fiscal del caso Darviña Viera. 

Las conversaciones entre los investigados y las menores fueron una de las pruebas claves con las que contó la Fiscalía para solicitar el inicio de la investigación contra cinco hombres: un exjuez penal, un diputado colorado suplente, un abogado y profesor universitario de Derecho, un arquitecto y un productor de eventos.

Los hombres son acusados de delitos de retribución o promesa de retribución a menores para que ejecuten actos sexuales o eróticos. Los contactos comenzaron a través de una página web, una especie de clasificados eróticos donde personas ofrecen servicios sexuales de toda clase sin pagar comisiones. La fiscal Viera dijo que no existen vínculos entre los indagados: "Podrá ser que se conozcan pero por ahora nosotros no vemos una red".

En la Fiscalía, varias menores reconocieron que eran abusadas desde los 16 años por hombres adultos, con edades que oscilaban entre los 40 y los 70 años. Tras la formalización de los primeros cinco indagados la fiscal aseguró que el caso no quedaba ahí.  “Hay más personas implicadas”, dijo en rueda de prensa.

El sábado se realizó la última formalización y fue la número 21. Se trata de un argentino que está radicado en Uruguay. La fiscal Viera confirmó que la persona "está o estuvo vinculado" a un centro educativo, pero dijo no saber cuál es la relación actual. De todas maneras el caso continúa ya que se sabe que hay más involucrados. La fiscal del caso informó que hay al menos tres personas requeridas por la causa y estima que todas están fuera del país.

Para el argentino las medidas cautelares fueron la fijación de domicilio, prohibición de acercamiento o comunicación por cualquier medio con las víctimas por 180 días, retención de documentación y cierre de fronteras.

La joven tenía 17 años y era una de las chicas explotadas por un grupo de adultos mayores de edad, con un alto poder adquisitivo e influyentes.

La adolescente fue encontrada muerta el 20 de marzo en el arroyo Solís Chico. Su cuerpo apareció en el agua a metros de la playa de Las Vegas. Fue identificada por un tatuaje.

En una primera instancia el caso estaba en la Fiscalía de Atlántida, pero finalmente pasó a la fiscal de Delitos Sexuales. “Hay una asimetría muy grande entre el adulto abusador y la adolescente”, explicó la fiscal adscripta de Violencia Sexual, Fulvia Fravetto, en la sede de la Fiscalía.

El 16 de marzo de 2019, la joven salió de su casa en un Uber hacia Tres Cruces, donde iba a subirse a un ómnibus con destino a Punta del Este. Las cámaras de la rambla y testigos la registraron ingresando al agua a la altura de la playa Trouville. 

Consultada por El País sobre el caso, la fiscal de Atlántida, Mirna Busich indicó: “La adolescente se cayó al agua. No se sabe si se autoeliminó o si la tiraron en Montevideo. Eso está en investigación”, agregó Busich.

La investigación es realizada por la fiscal especializada en Delitos Sexuales, Darviña Viera, y las fiscales adscriptas Fulvia Favretto y Giuliana Realini.

Además se cuenta con la colaboración de investigadores de la Dirección de Crimen Organizado e Interpol.