El segundo día del juicio oral al exsenador frenteamplista Charles Carrera giró en torno a la discusión sobre si el exdirector general de Secretaría de Interior cometió un ilícito al autorizar que un civil, Víctor Hernández, se atendiera durante tres años en el Hospital Policial y recibiera tickets alimentación por ese período.
Ayer declaró como testigo propuesto por Fiscalía el exministro del Interior Luis Alberto Heber, que reiteró que hizo una denuncia penal al constatar una presunta irregularidad en el hecho de otorgarle a Hernández esas prestaciones. La defensa de Carrera rechazó que haya algún tipo de irregularidad y señaló que el ministro ordenó hacer una denuncia penal antes de que terminara la investigación administrativa.
El caso se remonta a la madrugada del 11 de noviembre de 2012, cuando Víctor Hernández, un albañil de 27 años, recibió un disparo en su casa de La Paloma, Rocha. Según alegó, el disparo provino de una casa cercana donde el entonces subcomisario Marcos Martínez festejaba su cumpleaños. El disparo le lesionó la médula espinal, dejándolo parapléjico.
Primero estuvo internado en el Hospital de Clínicas. Luego Carrera aprobó que estuviera internado tres años en el Hospital Policial para continuar la rehabilitación. Según su defensa, como ya se ha dicho en distintas instancias, lo hizo por razones “humanitarias” y apelando a excepciones que permitirían que personal sin familiares policías pueda atenderse en el Hospital. Hernández, luego le inició un juicio civil al Ministerio del Interior, alegando que el Estado había asumido la culpa al otorgarle las prestaciones. Sin embargo, perdió porque no se pudo probar si el disparo salió del arma de un policía.
El caso tomó estado público y Heber resolvió, durante su gestión, hacer una denuncia penal. En mayo de este año la Fiscalía de Delitos Económicos de 2.º Turno pidió cuatro años de penitenciaría para Carrera por fraude y utilización indebida de información privilegiada.
“Solidaridad o caridad con dinero de las arcas del Estado”, tituló el caso la fiscal titular, Sandra Fleitas. Cifró el costo de la internación en $ 5 millones y el de los tickets en $ 940.000. Sostuvo que Carrera sabía que Víctor no reunía las condiciones para “ingresar al Policial y que usó información a la que accedía como ordenador de gastos” para hacer uso de los tickets.
Derecho
Ayer, en el segundo día del juicio oral, Heber declaró que comenzó a investigar el caso de Víctor Hernández después de reunirse con él en enero de 2022, durante una recorrida por La Paloma. Primero solicitó información a Sanidad Policial sobre la internación de Hernández durante tres años y medio. Como la respuesta no aclaró el origen del dinero que recibían, ordenó una investigación al Departamento de lo Contencioso, que constató los pagos y recomendó profundizar las actuaciones administrativas y presentar una denuncia penal ante la Fiscalía.
Heber sostuvo que Hernández no tenía derecho a atenderse en el Hospital Policial porque no era funcionario policial ni familiar de uno, y afirmó que tampoco existía una norma que habilitara al Ministerio del Interior a entregarle unos $20.000 mensuales mediante tickets de alimentación.
La defensa de Carrera cuestionó que Heber hubiera presentado la denuncia penal el 13 de julio de 2022, cuando la investigación administrativa recién terminó en 2023. El exministro respondió que hubo una primera investigación que detectó irregularidades y que las abogadas del Departamento de lo Contencioso recomendaron simultáneamente ampliar las actuaciones administrativas y denunciar los hechos ante la Fiscalía porque existían indicios de delito. Insistió en que actuó siguiendo ese asesoramiento jurídico y que no tenía por qué esperar a la conclusión del procedimiento administrativo.
La defensa le exhibió un mensaje que Heber envió a Hernández: "Víctor, danos un tiempo. Hemos encontrado una punta interesante en tu caso. Pero no te puedo informar". El exministro explicó que esa "punta" era la denuncia penal contra Carrera, que podía permitir establecer responsabilidades por las prestaciones otorgadas. Ante las preguntas sobre cómo esa denuncia podía ayudar a esclarecer quién había disparado contra Hernández, Heber afirmó que su intención era demostrarle que el ministerio no estaba “encubriendo” irregularidades.
La defensa preguntó a Heber si conocía un sistema de autorizaciones especiales que permite al director nacional de Sanidad Policial habilitar la atención de personas que no son policías ni familiares de funcionarios. "No, no sabía que existía esa potestad", respondió el exjerarca nacionalista.
Los abogados señalaron que desde el año 2000 se habían concedido unas 16.000 autorizaciones de ese tipo y le preguntaron cuántas denuncias penales había promovido por el uso del Hospital Policial. Heber respondió que una sola, la del caso Hernández. Insistió en que actuó por recomendación de los abogados del ministerio y que si los letrados le hubieran aconsejado presentar otras denuncias, también lo habría hecho.
Humanitarias
También declaró como testigo la directora del Departamento de lo Contencioso del Ministerio del Interior, Silvia Carabajal, que actuó en el juicio civil iniciado por Hernández y también recomendó, según Heber, la denuncia penal por las irregularidades administrativas.
La defensa de Carrera la cuestionó porque había firmado un escrito en el juicio civil que justificaba las prestaciones del Hospital Policial por razones humanitarias, sin advertir las irregularidades que luego reprochó. Carabajal reconoció que entonces no las detectó, pero explicó que la estrategia de defensa había sido elaborada por otros abogados. Señaló que es habitual que un funcionario firme escritos preparados por compañeros y que ella siguió una línea de defensa ya establecida.
Sobre las autorizaciones excepcionales para atender a civiles en el Hospital Policial, Carabajal mencionó cuatro categorías identificadas en un relevamiento administrativo, todas vinculadas de alguna manera con funcionarios policiales. La defensa le preguntó en cuál encuadraban casos como el del exministro Eduardo Bonomi y el excustodio de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano. Respondió que no sabía y aclaró que no podía asegurar que todas las autorizaciones especiales existentes se limitaran a esas cuatro categorías, que surgían de la documentación examinada.
Respecto de la denuncia penal, Carabajal aclaró que su informe de 2022 identificó presuntas irregularidades administrativas, pero no ordenó ni recomendó directamente denunciar. Indicó que el ministro podía considerar acudir a Fiscalía si se encontraba “suficientemente instruido”, sin necesidad de esperar necesariamente a que concluyera la investigación administrativa. Insistió en que la denuncia se presentó por orden escrita de Heber y que se denunciaron hechos, no personas, porque correspondía a Fiscalía determinar si existían delitos.
También declaró como testigo la extitular de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, Estela González, que debió investigar el episodio en el que Hernández resultó baleado. La exjerarca relató que el agente que realizó la primera pericia balística no actuó con la debida diligencia y proporcionó información errónea, por lo que se solicitó que fuera sumariado. Esa actuación no pudo terminar porque el funcionario se retiró antes. González señaló que aunque no se pudo determinar fehacientemente la procedencia del disparo, los indicios recogidos apuntaban a que la bala que hirió a Víctor Hernández había salido de la casa del comisario, ubicada frente a su vivienda.
Asimismo, afirmó que no autorizó la internación de Hernández en el Hospital Policial ni la entrega de tickets de alimentación, y que esas decisiones no correspondían a sus competencias.
Por último declaró el abogado Marcelo Pereira Gómez que participó en la defensa del Ministerio del Interior en la demanda civil. La defensa de Carrera le preguntó por qué en la contestación de la demanda sostuvo que las prestaciones continuarían hasta que finalizaran las investigaciones administrativa y penal, pero después recomendó suspenderlas. Pereira Gómez explicó que lo primero fue un argumento para defender al Estado en el juicio, alegando que se habían dado esa facilidades por razones humanitarias sin que ello implicara una asunción de culpa. Sin embargo, explicó que luego pidió el cese de las prestaciones porque le era útil para despejar cualquier duda sobre la responsabilidad de la cartera en el juicio.
Además, sostuvo que pidió el “cese” de las prestaciones porque consideró “obvio” que un civil no podía atenderse en el Hospital Policial. De todos modos, reconoció que no estudió la normativa sobre quiénes podían concurrir a ese centro ni si había excepciones.
Los testigos dijeron desconocer si Hernández recibió las prestaciones por filiación política o por ser amigo de Carrera. Pero a la vez todos dijeron no conocer antecedentes de un caso en el que se le hayan pagado prestaciones a una persona antes de que terminara un juicio civil.
El lunes declararon Víctor y su hermano Daniel. Éste último dijo que Carrera y González les sugirieron que no hablaran de la asistencia y aclaró que no hubo amenazas. También recordó lo que, según él, le había dicho el jerarca sobre una eventual demanda contra el Estado: “que había mucha plata para agarrar”. Y agregó: “Pero a mí con plata no me agarran, queríamos encontrar a los culpables”.
La defensa dio otra explicación para el pedido de discreción. Dijo que al ministerio llegaban quejas porque “había una convivencia que mantener” que no estaba siendo respetada por los Hernández.