El Estado recibió condenas por más de US$ 1 millón por muertes y lesiones en cárceles en menos de un mes

Entre el 18 de setiembre y el 13 de octubre, la Justicia dictó cuatro sentencias que condenaron al Ministerio del Interior a pagar más de US$ 1 millón, más intereses, por muertes y lesiones de personas privadas de libertad. Los fallos, a los que accedió El País, involucran indemnizaciones para familiares de presos fallecidos y sobrevivientes de incendios. Son decisiones de primera instancia, por lo que todavía pueden ser apeladas por la cartera.

La condena más alta corresponde a un incendio ocurrido el 28 de diciembre de 2023 en el módulo 4 del exComcar, que dejó seis muertos. La sentencia, dictada el 9 de octubre, fijó US$ 841.000 para familiares de los fallecidos y dos sobrevivientes. El expediente reconstruyó las fallas que permitieron a un grupo de presos salir de una celda para ir con armas y combustible a atacar a quienes estaban encerrados en otra.

El fuego y el humo invadieron la celda 49. Otros reclusos abrieron un boquete en una pared para ayudar a escapar a las víctimas, mientras funcionarios intervenían para rescatarlas y apagar el incendio. Dos presos murieron ese día y otros cuatro fallecieron en los días siguientes.

Durante el juicio, un jefe de servicio describió las limitaciones de la vigilancia nocturna. Declaró que en ese turno había un funcionario y otro de refuerzo, y que las consolas —del sistema de videovigilancia— no se utilizaban por falta de personal.

El juez de lo Contencioso Administrativo de 2^do, Alejandro Martínez de las Heras, cuestionó los controles de armas y combustible, el mantenimiento de las barreras de seguridad y la respuesta ante el incendio. Igualmente, reconoció el esfuerzo de los policías, "que actuaron al límite de sus posibilidades". Aseguró que la responsabilidad en el “déficit institucional estructural del sistema carcelario en su conjunto que tiene ya larga data”.

Ese mismo 9 de octubre, el mismo juez dictó otra condena por el incendio del 16 de junio de 2025 en el módulo 11 de esa misma cárcel, donde murieron cuatro presos. La pareja e hijo de uno de ellos terminó con una indemnización de US$ 115.000. Fueron US$ 45.000 para la mujer y US$ 70.000 para el niño.

La investigación administrativa de ese caso reconoció que los funcionarios eran insuficientes y que estaban sobrecargados de tareas. Recomendó aumentar la dotación y mejorar el equipamiento de una unidad calificada de “máxima seguridad”.

Interior sostuvo que los ocupantes de la celda donde estaba esta víctima habían iniciado la agresión. Según aseguraron desde la cartera, rompieron candados e ingresaron a la celda contigua con un trozo de colchón encendido, lo que provocó una reacción que terminó con el incendio y las muertes.

El juez entendió que esa versión tampoco exoneraba al ministerio, ya que la posibilidad de romper candados, moverse entre celdas y usar materiales prendidos fuego evidenciaba la "ausencia de controles adecuados".

El fallo también recogió las consecuencias familiares. El hijo recibió atención psicológica para transitar el duelo. El magistrado señaló que la "falta de contacto físico habitual no disminuye por sí sola el dolor de los familiares". "La conexión emocional no desaparece, ni se reafirma por una visita carcelaria", concluyó.

Meses antes, el 2 de marzo de 2025, otro incendio en el módulo 11 había dejado tres presos gravemente lesionados. Uno murió días después. Uno de los sobrevivientes sufrió una lesión por inhalación y debió ser internado en CTI. El 13 de octubre, la Justicia condenó a Interior a pagarle US$ 20.000 por daño moral.

La evaluación que se le realizó al ingresar a la cárcel advertía un riesgo alto de daño hacia sí mismo y hacia terceros. Interior expuso ese perfil como argumento. El juez entendió que conocer ese riesgo exigía "medidas reforzadas de prevención y atención". También cuestionó los controles de elementos capaces de iniciar fuego y la detección del incendio.

Un fallo del 18 de setiembre por la muerte de un joven de 20 años en la cárcel de Las Rosas planteó un reproche similar. El joven sufrió heridas mortales durante una pelea en octubre de 2022. Se incautaron dos cortes carcelarios.

La sentencia señaló que esas armas evidenciaban "fallas de control" y dispuso indemnizaciones para sus padres y hermanos. La jueza cuestionó, además, que Interior invocara reiteradamente sus antecedentes, "como si los mismos tuvieran incidencia en el bien jurídico vida". Sostuvo que el deber de protección no depende de los delitos cometidos.