Más de la mitad de las personas privadas de libertad en Uruguay abandonó sus estudios antes de cumplir los 15 años y tres de cada cuatro no superaron el ciclo básico de enseñanza secundaria, de acuerdo al Segundo Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad, realizado en 2025 y presentado este viernes.
La investigación fue desarrollada por el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, junto con el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
En cuanto al abandono educativo, el relevamiento constató que el 48,5% de los entrevistados dejó de asistir por primera vez a un centro educativo entre los 10 y los 14 años, mientras que otro 2,5% lo hizo entre los 5 y los 9 años.
En conjunto, el 51% interrumpió su educación antes de cumplir 15 años. Otro 42,6% abandonó inicialmente los estudios entre los 15 y los 19 años.
En cuanto al máximo nivel educativo alcanzado, el 37,4% tenía ciclo básico incompleto, el 19,1% había terminado únicamente primaria y el 9,8% carecía de instrucción o no había completado la escuela. Otro 8,1% había terminado ciclo básico, mientras que el 13,9% alcanzó educación media superior, el 8% estudios de UTU y el 3,3% educación terciaria. Estas cifras incluyen los estudios realizados durante el período de reclusión.
Situación de calle y drogas
El censo también reveló que el 20,5% de la población carcelaria manifestó haber vivido en situación de calle antes de alcanzar la mayoría de edad, mientras que el 26,8% pasó por instituciones de protección o de responsabilidad penal adolescente. Otro 22,7% declaró haber convivido con situaciones de violencia o delitos dentro de su núcleo familiar.
Además, el 46,4% cometió su primer delito antes de los 18 años.
Asimismo, el 71,1% manifestó tener al menos un familiar o amigo cercano con antecedentes penales y el 46,2% señaló que alguna persona de su círculo se encontraba privada de libertad al momento del relevamiento.
El 69% de los entrevistados declaró haber consumido alcohol u otras sustancias durante los doce meses anteriores a su detención. Dentro de ese grupo, el 52,6% consideró que su consumo había sido problemático.
Entre quienes reconocieron haber tenido un consumo problemático, la pasta base fue la sustancia más mencionada, con el 58,2%, seguida por la cocaína, con el 46,2%. También aparecieron el alcohol, con el 36,8%; la marihuana, con el 30,6%; y los psicofármacos, con el 6,4%.
La vida dentro de las cárceles
El censo también examinó las condiciones de vida dentro de los establecimientos penitenciarios. En este punto, el estudio reveló que el 40,4% de los entrevistados declaró no haber salido al patio durante la semana anterior al relevamiento.
La participación de los presos en actividades educativas prácticamente se duplicó entre 2010 y 2025. El informe identifica este incremento como uno de los avances más importantes del sistema penitenciario en los últimos quince años. Actualmente, el 41,6% de los reclusos censados declara haber estudiado durante el último año. Pese al crecimiento, los investigadores advierten que más de la mitad de la población penitenciaria continúa sin acceder a actividades educativas.
En materia laboral, el 37,9% de los entrevistados realizaba actividades de trabajo dentro de los establecimientos penitenciarios.
El relevamiento también constató episodios de violencia dentro de los establecimientos. El 10,1% de los censados declaró haber sufrido una agresión física por parte de otro recluso durante los seis meses anteriores, mientras que el 6,7% manifestó haber sido agredido físicamente por integrantes del personal penitenciario. Sin embargo, 86,6% de quienes declararon haber sufrido algún hecho de violencia no presentó una denuncia.
Por otro lado, el 18,8% de los encuestados (casi uno de cada cinco) declaró recibir medicación psiquiátrica, ya fuera de forma exclusiva o combinada con otros tratamientos.
Tasa de prisionalización
La población privada de libertad en Uruguay pasó de 6.757 personas en 2003 a 16.570 a fines de 2025, lo que representa un incremento del 145% en poco más de dos décadas.
El crecimiento también se refleja en la tasa de prisionalización, que pasó de 253 personas cada 100.000 habitantes en 2010 a cerca de 480 en 2025, un aumento de aproximadamente el 90%. El informe señala que esta evolución ubica a Uruguay entre los países con mayores niveles de encarcelamiento de América Latina y del mundo.
El 92,1% de la población censada se identificó como varón, el 7,4% como mujer y el 0,4% declaró otras identidades de género. La población penitenciaria es predominantemente joven: seis de cada diez entrevistados tenían menos de 35 años y aproximadamente tres de cada cuatro no habían cumplido 40.
El relevamiento comprendió a 13.182 personas alojadas en 25 establecimientos penitenciarios de todo el país, lo que representa una cobertura del 80% de la población prevista.