Este jueves se realizó una nueva audiencia judicial en el marco de la investigación que involucra al exsenador Gustavo Penadés y al profesor Sebastián Mauvezín, ambos imputados por varios delitos sexuales.
La jueza Marcela Vargas no dio lugar al pedido de la defensa del exlegislador, que pretendía que pase a cumplir prisión domiciliaria. Sin embargo, Mauvezín deberá cumplir arresto domiciliario con colocación de tobillera electrónica.
Por otro lado, Fiscalía entiende que se debe proteger a las víctimas durante todo el proceso y no solo hasta su declaración. No existieron nuevos riesgos procesales ya que las medidas limitaron el entorpecimiento. Además, se consideró que "nada hace pensar que no volverían a suceder" episodios de intentar entorpecer la investigación.
Soledad Suárez, abogada de víctimas, respaldó el pedido de Fiscalía y argumentó que no han cesado los riesgos procesales, sino que "siguen vigentes".
La versión de las defensas
Por su parte, Laura Robatto, una de las abogadas defensoras de Penadés, señaló que "este caso se vincula al poder, aunque ya no debería". Además, dijo que el martes, día de la última audiencia, Penadés "estuvo sentado en el piso, esposado de pies y manos durante tres horas, y con un agujero al lado que oficiaba de excusado". "No vengo a denunciar", dijo Robatto y expresó que lo que quiere es "ilustrar lo que está pasando para negar la vinculación al poder".
Además, la defensora del exsenador consideró que "con medidas menos lesivas puede mantenerse todo bien". "Repetir una y otra vez la acusación de Fiscalía no la vuelve verdadera. ¿Está la persona imputada obligada a probar que no existe peligro procesal? No. Es a Fiscalía a quien le corresponde dicha tarea", cuestionó.
Robatto pidió que a Penadés se le conceda "prisión domiciliaria total con dispositivo electrónico, prohibición de comunicación, control por policía". Sin embargo, Fiscalía se mantuvo en su postura. La abogada habló de "la posibilidad económica de Penadés para irse, que ya fue acusado por una pena alta", y que "esto se debe tener en cuenta".
"Prisión preventiva incluso no alcanza", dijo Soledad Suárez, al argumentar por qué no debe hacerse lugar al planteo de la defensa del exlegislador.
"Si hay una situación de derechos humanos que se traiga", agregó Suárez. Además dijo que "ha estado en situación de privilegio con respecto a otros imputados. Si hay una situación que lo afecta que se denuncie".
Por su parte, la abogada de Mauvezín, Rossana Gavazzo, señaló que su defendido "transitó la mitad de la condena solicitada por Fiscalía en prisión efectiva". Para Soledad Suárez "en este caso carece de sentido pedir la libertad anticipada" y "no corresponde hacer lugar al pedido ya que los riesgos con respecto a Mauvezín siguen vigentes". Finalmente, la jueza Vargas definió modificar la medida cautelar de arresto domiciliario total con dispositivo de monitoreo electrónico.
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