Caso Penadés: jueza rechazó que cuatro denunciantes cayeran por caducidad y la defensa apelará

La jueza Marcela Vargas rechazó este jueves los planteos de caducidad formulados por la defensa del exsenador Gustavo Penadés respecto de varias de las víctimas incluidas en la acusación fiscal y entendió que la discusión deberá resolverse durante el juicio oral. Los abogados Homero Guerrero y Laura Robatto anunciaron que apelarán todas las resoluciones.

La audiencia terminó antes de que la defensa pudiera exponer sobre el último denunciante que tenía previsto analizar y el control de acusación continuará los días 4 y 6 de agosto.

La posición de la defensa estuvo basada en la “instancia de parte”, una manifestación de voluntad que, según la legislación vigente cuando habrían ocurrido algunos de los hechos, era necesaria para que determinados delitos sexuales pudieran ser investigados.

Los abogados sostuvieron que esa instancia debía presentarse dentro de un plazo de seis meses y que varias de las víctimas acudieron a la Justicia décadas después. Argumentaron que la posibilidad de promover la persecución penal había caducado.

Robatto utilizó una pizarra para explicar su posición y analizó individualmente los casos de cuatro denunciantes. En uno de ellos, señaló que los hechos habrían ocurrido en 1989 o 1990, cuando existía una diferencia de entre tres y cuatro años entre el denunciante y Penadés.

“Penadés no nació con 60 años, seguro tenía cabello”, ironizó la abogada y destacó que en ese momento el exsenador tenía unos 23 años, no era legislador y no contaba con fueros.

La defensa afirmó que el denunciante tuvo más de tres décadas para presentar la instancia y recién declaró a fines de 2024. También cuestionó que se aplicaran retroactivamente normas posteriores.

Fiscalía respondió que el punto ya había sido discutido y resuelto anteriormente por un Tribunal de Apelaciones. Además, sostuvo que ese denunciante se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que en la década de 1990 era una persona muy joven que ejercía la prostitución para subsistir.

Los representantes de las víctimas, Soledad Suárez y Juan Raúl Williman, acompañaron la posición fiscal y señalaron que las normas sobre la instancia de parte son de naturaleza procesal y, por tanto, de aplicación inmediata. Agregaron que el análisis debe contemplar los tratados internacionales, así como el derecho de las víctimas y sus familiares a ser escuchados.

La jueza Marcela Vargas rechazó el planteo de los abogados de Penadés al entender que la caducidad no surgía de manera “manifiesta o grosera”. Señaló que para determinar si existía vulnerabilidad y si la víctima estaba efectivamente en condiciones de denunciar era necesario valorar prueba, una tarea que corresponde al juez del juicio.

“El argumento para no acoger la excepción me lo está dando usted misma”, le dijo Vargas a Robatto durante el intercambio. “No puedo transformarme en juez de juicio”, agregó.

La defensa realizó planteos similares respecto de otros denunciantes. En uno de los casos sostuvo que la persona tenía 17 años cuando habrían ocurrido los hechos, pero que ante la imprecisión de la fecha, también podría haber tenido 18.

Fiscalía respondió que la defensa estaba tomando extractos de las declaraciones para realizar su propia valoración sobre si las víctimas eran vulnerables o estaban en condiciones de formular la instancia. Insistió que ese análisis no corresponde a la etapa de control de acusación.

La abogada de víctimas Soledad Suárez también cuestionó que la defensa incurriera en una "valoración anticipada de la prueba" y reclamó que las consecuencias del trauma fueran analizadas con perspectiva.

Los intercambios se tensaron cuando Guerrero preguntó “qué estamos haciendo acá” si la ley establecía un plazo de seis meses. “¿Para qué tenemos jueces, legisladores y constituyentes? ¿Qué le impide juzgar ahora? Porque la ley es clara”, expresó.

Vargas respondió que estaban ante un caso concreto y “no en la academia”. Agregó que sería "sencillo hacer un razonamiento lógico en una pizarra", pero que el expediente exigía analizar hechos y circunstancias particulares. También calificó el planteo de la defensa como “dramático”.

La defensa también abordó los casos de Javier Viana y de una víctima identificada como B. Sobre esta última sostuvo que tenía pocos días para cumplir 18 años cuando mantuvo un encuentro con Penadés en diciembre de 1999, que no volvió a verlo y que no denunció porque no quería contarle lo ocurrido a su madre.

La jueza mantuvo en todos los casos el mismo criterio. Las circunstancias invocadas por las partes deberán ser discutidas y probadas en el juicio oral. La defensa anunció apelación contra cada una de las decisiones.