Jueza rechazó objeciones a la acusación contra Penadés tras cruces por las edades y el relato de los hechos

La jueza Marcela Vargas rechazó este martes las objeciones formales presentadas contra la acusación al exsenador Gustavo Penadés y consideró que los cuestionamientos planteados por su defensa deberán discutirse durante el juicio oral. Los abogados Homero Guerrero y Laura Robatto anunciaron que apelarán la resolución.

La decisión se produjo al final de la primera audiencia de control de acusación contra Penadés y Sebastián Mauvezín, instancia previa al juicio en la que se discute, entre otros aspectos, la forma en que fueron presentados los hechos y las pruebas que podrán utilizar las partes.

La audiencia comenzó con la exposición de Fiscalía, que optó por presentar en orden cronológico los hechos denunciados por las 13 víctimas comprendidas en la acusación. El relato abarcó episodios ocurridos desde la década de 1990 hasta el año 2022 e incluyó presuntos abusos sexuales, pagos a cambio de mantener relaciones y situaciones de violencia.

Según la teoría fiscal, Penadés contactaba a algunas de las víctimas en la vía pública y las trasladaba a hoteles, apartamentos u otros lugares. En los hechos más recientes, Fiscalía atribuyó a Mauvezín la búsqueda de adolescentes mediante redes sociales, contactos personales y propuestas vinculadas a supuestos campeonatos de fútbol o “trabajitos” a cambio de dinero.

Uno de los pasajes más gráficos de la exposición estuvo relacionado con una fiesta en Punta del Este. Según narró Fiscalía, una de las víctimas fue trasladada con los ojos cubiertos y obligada a mantener relaciones sexuales con varias personas. En el lugar habría decenas de adultos y adolescentes, y se mencionó la existencia de una denominada “mesa de los caramelos”. La acusación sostiene que allí se consumían éxtasis y otras drogas. También señala que policías llegaron al lugar y hablaron con Penadés.

Mientras se exponían algunos de los hechos, Penadés negó reiteradamente con movimientos de cabeza.

Fiscalía también incluyó en su narración la investigación ilegal desplegada contra denunciantes del exlegislador, por la que ya fueron condenadas siete personas. Sostuvo que policías y particulares obtuvieron información reservada, realizaron vigilancias y buscaron intimidar o conseguir declaraciones contra algunas de las víctimas.

Como parte de esa maniobra, los investigadores encontraron mensajes en los que se hacía referencia a Penadés como “el amigo” o “el hombre”. Fiscalía mencionó conversaciones como “ya estamos en un rato para apretar al preso”, “lo salvo al hombre, creo” y “llevá impreso lo que tengas para dar la estocada final”. También afirmó que Penadés prometió una casa al exdirector del exComcar Carlos Taroco como forma de pago.

Tras la exposición fiscal, la defensa de Penadés planteó una excepción por defectos formales y sostuvo que la acusación "no describe con suficiente claridad" las conductas atribuidas al exsenador. Homero Guerrero afirmó que varios de los hechos se apoyan únicamente en los relatos de los denunciantes y señaló que existen contradicciones que deberán ser consideradas.

Laura Robatto cuestionó que Fiscalía organizara los episodios cronológicamente y sostuvo que las declaraciones deberían incorporarse en el orden en que las víctimas comparecieron durante la investigación. Según argumentó, la secuencia escogida busca construir un patrón que no se corresponde con la forma en que avanzó la causa.

La abogada puso especial énfasis en la falta de fechas exactas y de documentación que permita establecer las edades de las víctimas al momento de cada episodio. Señaló que ese dato "resulta indispensable" para determinar qué figura penal y qué legislación corresponde aplicar, debido a que los hechos abarcan más de tres décadas.

“La edad de las víctimas no puede ser un acto de fe”, sostuvo Robatto, quien reclamó que se incorporen las partidas de nacimiento y calificó la acusación como “muy grande y muy mal hecha”. También pidió que se excluyan elementos que consideró periféricos y que Fiscalía identifique concretamente qué conducta entiende delictiva en cada caso.

La defensa de Mauvezín, encabezada por Rossana Gavazzo, acompañó los cuestionamientos y también reclamó acceder a documentos que acrediten las edades. Aclaró que las partidas podrían presentarse con los nombres tachados para preservar la identidad de las víctimas.

Fiscalía defendió el orden cronológico elegido y señaló que no existe ninguna disposición que la obligue a presentar los hechos según el momento en que declaró cada víctima. Explicó que las denuncias fueron apareciendo "a medida que las personas se animaron a acercarse a sus abogados o a la Fiscalía".

También indicó que no puede exigirse a las víctimas que recuerden el día exacto de episodios ocurridos hace décadas y que la acusación puede establecer fechas aproximadas. A su entender, las contradicciones señaladas por las defensas no constituyen defectos formales, sino asuntos vinculados con la valoración de la prueba que deberán debatirse en el juicio.

Respecto de las edades, Fiscalía informó que las partidas de nacimiento se encuentran reservadas en una caja fuerte del juzgado y propuso alcanzar acuerdos probatorios que permitan acreditar cuándo nació cada víctima sin revelar su identidad.

Juan Raúl Williman y Soledad Suárez, representantes de las víctimas, también rechazaron que la acusación presentara defectos formales. Afirmaron que las defensas no pueden determinar cómo Fiscalía debe construir su plataforma fáctica ni establecer el orden en que presentará los hechos durante el juicio.

Williman intervino en la discusión sobre las partidas de nacimiento. Advirtió que ingresar en los sistemas judiciales el día, el mes y el año de nacimiento podría permitir conocer la identidad de las víctimas. Como alternativa, propuso alcanzar acuerdos probatorios mediante los cuales las partes reconozcan el mes y el año de nacimiento de cada denunciante sin revelar su nombre.

Suárez dijo que “no hay un solo defecto formal” en la acusación y respaldó la posibilidad de alcanzar esos acuerdos. La discusión se tensó cuando Robatto reclamó saber cuántas personas tomarían la palabra por parte de Fiscalía y expresó: “Falta la fiscal de Corte nomás”. Luego afirmó que en la audiencia había “dos partes: Fiscalía y defensa”. “Nos quiere silenciar”, respondió Suárez, mientras Williman también reivindicó la intervención de los representantes de las víctimas.

Al resolver, la jueza Marcela Vargas sostuvo que no identificó ningún defecto formal en la acusación y que los argumentos escuchados forman parte de la defensa que deberá desarrollarse durante el juicio oral. Agregó que los delitos sexuales no pueden analizarse separados de su contexto y que la forma y el orden elegidos para presentar los hechos integran la estrategia de Fiscalía.

Por esos motivos, rechazó la excepción planteada. La defensa de Penadés anunció inmediatamente que apelará. La etapa de control de acusación continuará este jueves. Fiscalía pidió anteriormente una condena de 16 años para el exsenador por 22 delitos contra 13 víctimas y una pena de seis años para Mauvezín.