Heber como testigo, prescripción rechazada y cruces por los plazos: así inició el control de acusación a Carrera

La primera audiencia de control de acusación contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera dejó sus primeras novedades. La jueza rechazó que parte de los hechos estuvieran prescriptos, la defensa anunció que apelará y el exministro del Interior Luis Alberto Heber fue admitido como testigo para el eventual juicio oral.

La instancia no quedó concluida. La jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, Diovanet Olivera, fijó nuevas audiencias para el martes y miércoles de la próxima semana. Todavía resta controlar parte de la prueba documental y material presentada por la Fiscalía.

El planteo de prescripción concentró buena parte de la discusión de este jueves. Los abogados de Carrera, Juan Manuel González Rossi y Lucía Fernández, pidieron que se consideraran prescriptos los hechos anteriores al 11 de junio de 2015.

La fecha surge de que la investigación fue formalizada exactamente diez años después, el 11 de junio de 2025. Para la defensa, ese es el plazo de prescripción aplicable a los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada por los que Carrera fue acusado.

El punto central fue determinar si las conductas atribuidas al exsenador deben analizarse por separado o como delitos continuados.

Un delito continuado se configura cuando varias acciones realizadas en distintos momentos, pero vinculadas a una misma resolución o propósito, se consideran jurídicamente como un único delito. Esto incide directamente en la prescripción, ya que el plazo comienza a correr desde la última conducta y no desde la primera.

La defensa sostuvo que esta figura fue concebida para beneficiar al acusado y "evitar que una sucesión de hechos similares se transforme en una suma desproporcionada de delitos y penas". A su entender, no puede utilizarse para quitarle al imputado la posibilidad de ampararse en la prescripción.

Sobre la internación de Víctor Hernández en el Hospital Policial, los abogados afirmaron que, si hubiera existido una orden de Carrera, se habría dado antes o al momento de su ingreso, ocurrido el 24 de julio de 2013.

En cuanto a los tickets de alimentación, alegaron que solo podría hablarse de una "resolución criminal única" si Carrera hubiera ordenado desde un comienzo que se entregaran $ 20.000 todos los meses. Según la defensa, fueron decisiones independientes y, por lo tanto, las anteriores al 11 de junio de 2015 también habrían prescripto.

El equipo fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2^do Turno fiscal —representado por Sandra Fleitas, Romina Cabrera, Verónica García y Elisa Guper— respondió que la acusación describe conductas que se extendieron en el tiempo. Señaló que la autorización para permanecer en el Hospital Policial era renovada cada seis meses y que los tickets fueron entregados mensualmente durante varios años. Los últimos hechos se ubican en 2016.

La Fiscalía también sostuvo que el planteo ya había sido formulado durante la formalización y analizado en primera y segunda instancia. La defensa cuestionó esa interpretación, aseguró que entonces no se había atribuido expresamente la existencia de delitos continuados y leyó pasajes de la sentencia del Tribunal de Apelaciones.

La jueza del caso aclaró que no estaba resolviendo si Carrera es culpable o inocente ni valorando definitivamente la prueba y aseguró que esa tarea corresponderá al juez que intervenga en el juicio oral.

Sin embargo, explicó que para pronunciarse sobre la prescripción debía realizar una "consideración provisoria" sobre la continuidad de las conductas. Para eso tomó como punto de partida el relato presentado por la Fiscalía.

La magistrada citó jurisprudencia que considera al delito continuado como una única infracción compuesta por varios actos, cuya ejecución comienza con la primera acción y termina con la última. Sobre esa base, entendió que no se daban las condiciones para declarar la prescripción.

La defensa anunció que apelará. Esto no detuvo la audiencia, que continuó con el análisis de los testigos que comparecerán más adelante.

La Fiscalía propuso 23 testigos y la misma cantidad de documentos (los cuales serán analizados el martes), además de prueba pericial y material. Entre los testigos se encuentra Luis Alberto Heber, cuya comparecencia fue admitida sin oposición de la defensa.

El exministro fue ofrecido para declarar sobre cómo tomó conocimiento de los hechos relacionados con la internación de Hernández, un civil que no era usuario del Hospital Policial, y qué medidas adoptó el Ministerio del Interior. La denuncia que originó la investigación penal fue presentada en 2022, durante su gestión.

También declararán el propio Víctor Hernández y su hermano Daniel. Este último deberá declarar, entre otros aspectos, sobre una reunión que mantuvo con Carrera en 2014 y sobre los recibos de los tickets destinados a su hermano.

La lista incluye además antiguos jerarcas y funcionarios de Sanidad Policial y del Hospital Policial, quienes serán interrogados acerca de las autorizaciones, los procedimientos administrativos y el cálculo de los gastos generados por la internación.

Carrera está acusado de fraude y utilización indebida de información privilegiada. Fleitas pidió que sea condenado a cuatro años de penitenciaría, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 Unidades Reajustables.

La acusación sostiene que Carrera ordenó que Hernández fuera atendido en el Hospital Policial pese a que no tenía derecho a utilizarlo y que autorizó la entrega mensual de tickets de alimentación.

Según la demanda acusatoria, la internación y los estudios generaron un gasto nominal de $ 5.214.668. Actualizado por IPC al momento de la acusación, ese monto ascendía a $ 9.474.385. A eso se suman 47 tickets de $ 20.000 cada uno, por un total de $ 940.000.

La defensa rechazó que la orden hubiera partido de Carrera. Argumentó que el entonces director general de Secretaría no era jerarca de Sanidad Policial y, por lo tanto, no podía disponer la internación.

Según su versión, fue el entonces ministro Eduardo Bonomi quien resolvió que Hernández fuera atendido, luego de recibir pedidos de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, vecinos de La Paloma y dirigentes políticos. La decisión, alegaron, tuvo un carácter humanitario y precautorio.

También sostuvo que la Dirección Nacional de Sanidad Policial tenía facultades para autorizar la atención de personas ajenas a la Policía y que anteriormente otros civiles habían recibido asistencia mediante procedimientos similares.

Sobre los tickets, afirmó que su existencia y la forma en que se distribuían eran información pública, por lo que Carrera no accedió ni utilizó datos privilegiados. Esas dos versiones serán el centro del juicio.