Balas, droga y amenazas: una familia apuntada por atemorizar Pinamar Norte bajo la lupa de la Justicia

Una mujer baleada en la calle, amenazas a punta de pistola, vainas de distintos calibres en la vía pública, una boca de drogas y vecinos que declararon bajo reserva por miedo. Esa es parte de la trama que, según Fiscalía, rodea a “la familia Fernández”, que se encuentra bajo la lupa y señalada de ser una organización delictiva que operaba en Pinamar Norte.

La causa llegó al Tribunal de Apelaciones Penal de 1^er Turno luego de que la defensa de tres imputados apelara dos resoluciones de la jueza de Atlántida Claudia Valetti. Se trata de la formalización de la investigación y la prisión preventiva por 120 días.

A los tres se les imputó asociación para delinquir y lavado de activos. A uno se le agregó violencia privada, porte de arma y tráfico interno de armas. A otro se le imputaron (además de los dos primeros) tráfico interno de armas y municiones, y negociación de estupefacientes. Por último, a una mujer trans se le agregó asistencia al narcotráfico.

La investigación, a cargo de la Fiscalía representada por Stella Alciaturi y Julia Coitiño se concentró en una serie de episodios violentos ocurridos entre febrero y mayo de este año en Pinamar Norte. Según la hipótesis fiscal, no fueron hechos aislados, sino parte del accionar de una banda familiar dedicada a la venta de drogas, la tenencia y el tráfico interno de armas.

El primer hecho mencionado en la sentencia, a la que accedió El País, ocurrió el 11 de febrero. Una mujer recibió dos disparos —uno en el abdomen y otro en una pierna— mientras estaba en la calle. Estos fueron efectuados desde una moto con dos ocupantes, que luego fue vinculada a uno de los ahora imputados.

El 25 de marzo hubo otro intercambio de disparos, donde la Policía encontró 17 vainas 9 milímetros e impactos en árboles. El 1º de mayo, un proyectil impactó contra la ventana trasera de una casa de la zona.

La Fiscalía también reconstruyó un episodio del 21 de mayo. Ese día, tres hombres llegaron en un auto azul y amenazaron a dos personas mientras exhibían una pistola nueve milímetros. Horas después, hubo disparos nuevamente, en los que habrían estado involucrados. Allí se hallaron vainas de múltiples calibres, entre ellos pistolas y armas largas.

La investigación se apoyó en cámaras públicas y privadas, imágenes de drones, allanamientos y declaraciones de testigos, varios de ellos de identidad reservada. Estos últimos ubicaron a integrantes de la familia como parte de una banda dedicada al tráfico de drogas y al uso de armas, aunque no quisieron revelar su identidad por miedo.

En los procedimientos se incautaron casi un centenar de envoltorios con droga, un revólver con la numeración suprimida, vainas, cartuchos y dinero en efectivo.

La defensa de los imputados buscó derribar la formalización. Sostuvo que el relato fiscal era "genérico", que se estaba generalizando a partir del apellido Fernández, que no había interceptaciones telefónicas y que las identificaciones eran parciales. También cuestionó que se imputara lavado de activos por la incautación de dinero que consideró "escaso" y por un auto antiguo.

Pero el Tribunal rechazó esos argumentos. Los ministros recordaron que en una audiencia de formalización "no se exige prueba plena", sino "elementos objetivos suficientes sobre la existencia de los delitos y la identificación de los imputados", lo que entendieron que se “cumple con creces”.

El fallo señaló que uno de los imputados fue identificado en un episodio de amenazas con arma de fuego, que otro fue señalado por testigos como quien ocultaba armas y amenazaba a vecinos para que no hablaran, y que una mujer trans fue ubicada por testigos de identidad reservada como responsable de una boca de venta de drogas.

Uno de los puntos de la apelación estuvo vinculado a esa imputada. La defensa pidió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario con tobillera y advirtió que "al no haber adecuado su documentación a su identidad de género, podía terminar alojada en una cárcel de hombres".

El tribunal reconoció la situación de vulnerabilidad, pero entendió que no alcanzaba para cambiar la medida cautelar. Según la sentencia, existían riesgos graves de entorpecimiento de la investigación y peligro para víctimas y testigos. Se consideró que el amedrentamiento a vecinos ya estaba verificado y que podía repetirse si los imputados quedaban fuera de prisión.

Por eso, los ministros concluyeron que un arresto domiciliario no eliminaba el riesgo. Al mismo tiempo, ordenaron que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) tenga presente la condición de mujer trans de la imputada y adopte medidas para respetar sus derechos durante el cumplimiento de la prisión preventiva.

Con esa decisión, confirmaron la formalización de los tres imputados y la prisión preventiva por 120 días.