“El Estado contra las víctimas”: organizaciones cuestionan en el Parlamento la reforma del gobierno al CPP

Rucvds, El Paso y Asfavide comparecieron este martes ante la comisión que estudia el proyecto del Ejecutivo; afirmaron que la reforma recorta derechos, no corrige desigualdades del proceso penal y puede generar "revictimización".

Representantes de asociaciones civiles en comisión del Senado.
Representantes de asociaciones civiles en comisión del Senado.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

La discusión por la reforma del Código del Proceso Penal tuvo este martes un capítulo centrado en las víctimas. A partir de las 15:00, la comisión de Constitución y Legislación del Senado recibió a representantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (Rucvds), la Asociación Civil El Paso y la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide).

Las organizaciones comparecieron para plantear sus reparos al texto enviado por el Poder Ejecutivo, que propone una reforma del proceso penal que rige en Uruguay desde 2017.

El cuestionamiento de fondo es que estas asociaciones consideran que el proyecto fue elaborado "sin incorporar suficientemente la voz de las víctimas" y no corrige "desigualdades que ya existen dentro del proceso penal". Incluso entienden que algunos cambios pueden profundizarlas.

Según ya habían planteado a El País los abogados Soledad Suárez y Juan Raúl Williman, actualmente la víctima puede pedir a Fiscalía que diligencie determinadas evidencias, pero si el fiscal no lo hace no tiene las mismas herramientas que el imputado para reclamar ante un juez. Sostuvieron que esa diferencia deja a la víctima en una posición subordinada dentro de la investigación y esto no es abordado en el proyecto.

Otro de los aspectos que genera mayor preocupación es una modificación que consideran que permitiría que el imputado solicite medidas de prueba directamente al juez y en reserva, incluso cuando para obtenerlas se requiera la intervención del Estado. Para los colectivos, esa vía podría habilitar medidas invasivas sobre la privacidad de denunciantes o víctimas, como el acceso a información sensible, teléfonos o comunicaciones.

Desde las asociaciones advierten que ese escenario puede provocar revictimización y desalentar denuncias, en particular en casos de violencia doméstica, violencia sexual o delitos donde la víctima "ya enfrenta obstáculos para acudir al sistema judicial".

También cuestionan que el proyecto no incorpore la figura de la querella, un reclamo planteado desde hace años por abogados de víctimas. Esa herramienta permitiría que la víctima tenga mayor autonomía en el proceso cuando discrepa con una decisión de Fiscalía o cuando entiende que no se impulsan determinadas líneas de investigación.

Esta herramienta ya había sido puesta sobre la mesa por Andrés Ojeda. El senador del Partido Colorado integra la comisión que recibió a las asociaciones junto a Graciela Bianchi, Javier García, Gloria Rodríguez (Partido Nacional) Patricia Kramer, Susana Andrade, Constanza Moreira, Sebastián Sabini y Daniel Caggiani (Frente Amplio).

La comparecencia se dio en medio de una amplia discusión sobre el equilibrio del sistema acusatorio. Mientras algunos operadores entienden que la reforma aclara vacíos y corrige problemas surgidos en la aplicación del CPP, las organizaciones de víctimas sostienen que el texto inclina la balanza en favor del imputado y deja sin resolver reclamos históricos de quienes denuncian delitos.

Luego de la comparecencia ante los legisladores, la abogada Soledad Suárez destacó en conversación con El País que Asfavide (Asociación que asesora) tuvo una "muy buena recepción".

Durante la instancia, entregaron un análisis profundo sobre el proyecto de Presidencia, presentando argumentos jurídicos que respaldan su postura. Suárez destacó que están "preocupados por todo el espectro de víctimas" y que considera que "todas se ven afectadas por esta mirada de reforma que no contempla la perspectiva de víctimas ni de trauma".

También se dio una instancia de intercambio, en la que desde Asfavide dieron su visión de los artículos más preocupantes y de "la lógica que todavía es un obstáculo para el acceso pleno y efectivo de la Justicia". Por su parte, los legisladores evacuaron dudas con respecto al tema.

Para el viernes 10 de julio está convocado en la Junta Departamental de Maldonado un conversatorio titulado “El Estado contra las víctimas”, en el que expondrán, entre otros, Teresa Herrera, Soledad Suárez, María de la Paz Echeto, Ivana Messano e Ignacio Barlocci.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

CPP

Te puede interesar