Reforma del CPP: gremios judiciales y víctimas analizan “bondades” y “oscuridades” del proyecto oficial

Cada vez que una causa judicial llama la atención de la población, el fondo del asunto concreto —si abusó o no abusó, si mató o no mató— es solo uno de los temas en los que se centra el debate. Otro, recurrente, es si la forma en la que se desarrolla el proceso es realmente justa. Esto, la forma en la que se llevan adelante las causas penales, está regulado en el Código del Proceso Penal, que tuvo una reforma estructural en la década pasada y decantó en una ley que comenzó a regir en 2017. Uruguay pasó de tener un sistema inquisitivo (el juez investigaba y resolvía sobre la culpabilidad) a uno acusatorio, donde el fiscal indaga y es él quien está en el centro de la escena. A nueve años de su entrada en vigencia, el Poder Ejecutivo creó un Grupo Asesor Técnico para realizar una reforma. De él participaron el Poder Judicial, la Fiscalía, el Colegio de Abogados, la Defensoría Pública y Gabriel Valentín, grado 5 de Derecho Procesal. Fueron cerca de 15 técnicos.

Si el proyecto, que ya está en manos del Parlamento, se aprueba, el resultado de este será lo que aplicarán miles y miles de operadores, los que ya han hecho llegar a los gremios sus opiniones. El País entrevistó a los representantes de las asociaciones judiciales y a profesores del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, que hablaron en nombre de la agrupación con la que tienen convenio: la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. El resto de los entrevistados habló en nombre de sus gremios, a excepción de la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, que habló a título personal, con base en su experiencia de más de 20 años como jueza penal y ahora ministra del Tribunal de Apelaciones de 1^er Turno en la misma materia. A continuación, lo que cada uno de ellos opina.

Estefanía Leal

El proyecto respeta los principios constitucionales del Código del Proceso Penal. Esto es que debe ser acusatorio, adversarial y con un juez imparcial. Esta reforma aborda cosas que, si bien no era que estaban en duda, no estaban tampoco completamente saldadas. La propuesta las termina de resolver, abogando siempre por la igualdad de armas entre la defensa y la Fiscalía, con el juez como principal garante de los derechos del imputado y de todas las partes. A su vez, el Código actual desde que está vigente tuvo varias reformas y algunas cuestiones quedaron desfasadas. Esos problemas se fueron resolviendo a través de la jurisprudencia, pero el proyecto retoma esos temas y los aclara.

Estefanía Leal

Nosotros entendíamos que algunas reformas tenían que hacerse. Respecto del proyecto, hay cosas que se han solucionado, cuestiones mínimas, en las que la Fiscalía estuvo representada y entendió que están bien. Pero también hay cuestiones que entendemos que no se deben tocar, porque se trata de cosas que ya funcionan bien. Desde nuestro punto de vista (en el proyecto) dan más ventaja a una parte que a la otra. En resumen, tiene luces y sombras.

Leonardo Mainé

El consenso entre nosotros es que es una reforma necesaria. Hay algunas cosas que son más urgentes, otras menos, pero eleva el nivel técnico porque realiza muchas correcciones. En un balance global es positivo. Tiene la intención de equiparar un poco la desigualdad que tenemos tanto la defensa pública como la privada con la Fiscalía, que tiene todo el apoyo estatal.

Ignacio Sánchez.

El proyecto, que tiene alrededor de 180 artículos, podría dividirse en cuartos. Un cuarto lo aceptamos e incorporamos, porque pensamos que está bien. Otro cuarto es inocuo porque cambia cuestiones menores, como eliminar el nombre de “Ministerio Público” y cambiarlo por “Fiscalía”. Los restantes dos cuartos estamos en desacuerdo. Nuestro proyecto es la contrapartida. Le cambiamos la estructura al sistema.

Ignacio Sánchez

En general, se retrocede. No se mejoraron cuestiones claves, al tiempo que se recortaron derechos importantes. Esto aunado a que la lógica en general es pro imputado desde un lugar que excede el garantismo, por el que abogamos, llegando a la mera ventaja. En el grupo de trabajo se excluyó la voz de las víctimas. Los estándares internacionales exigirían ya tener incorporada la querella.

La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU) redactó un proyecto propio de reforma del CPP que tomó estado parlamentario. En palabras de su presidente, Möller, este se encuentra “en la vereda de enfrente” del impulsado por el Poder Ejecutivo. El objetivo es “trabajar en paz con la Fiscalía” y que algunos casos puedan resolverse más rápidamente, según indicó su vocal, Fagúndez.

El texto propone varias reformas a puntos clave del proceso: la formalización, el control de acusación y el juicio oral, entre otros. A su vez, reincorpora el concepto de procesamiento, que había sido descartado. En algunos aspectos, se toman cuestiones propias de la “audiencia preliminar” del juicio civil. La propuesta busca que la formalización sea un acto de comunicación inocuo a partir del cual no se puedan imponer medidas restrictivas. Si el Estado pretende hacerlo, debe pedir el procesamiento. Para aceptarlo, la Justicia debe tener “semiplena prueba” de la existencia del hecho. En esa etapa, el juez puede ver las pruebas. Actualmente, en la etapa intermedia previa al juicio (control de acusación), la defensa debe mostrarle a la Fiscalía sus pruebas. Eso sería eliminado y el defensor podría no mostrarlas por “estrategia”.

En el caso de los procesos abreviados, se habilitaría una segunda instancia de revisión. Además, se incorporaría la querella privada para los delitos económicos, la difamación y la injuria, entre otros.

Desde la asociación criticaron que se tilde el proyecto de “inquisitivo”, porque su intención no es que el juez investigue, sino que juzgue con base en la prueba.