SCJ se desmarcó de representantes en grupo técnico que elaboró reforma del CPP y señaló “preocupación fundamental”

Una delegación del Poder Judicial compareció ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado a propósito del tratamiento de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) propuesta por el Poder Ejecutivo. Allí señalaron que los representantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que fueron parte del
Grupo Asesor Técnico (GAT) que elaboró el proyecto, no necesariamente los representan.

Doris Morales, presidenta de la SCJ, comenzó por decir que el organismo no hace “un pronunciamiento a favor o en contra de la iniciativa”, o de si algunos artículos son “criticables”, pues entienden que esto "no corresponde" en función "de un posible o posterior planteo de inconstitucionalidad".

"Si habláramos de cada uno de los artículos y lo que nos parecen en cuanto a su contenido, entendemos que estaríamos haciendo una especie de prejuzgamiento”, aseguró, según la versión taquigráfica a la que accedió El País.

Asimismo, sostuvo que los jerarcas designados en el GAT que elaboró la reforma actuaron “con total independencia”. Y ahondó: “Ni ellos ni nosotros dependemos de las opiniones de unos u otros. Ellas fueron designadas y dieron su opinión. Los señores ministros y las señoras defensoras no hablaron por nosotros; plantearon sus ideas de forma independiente, como corresponde a los jueces en general”, dijo.

Morales señaló que en el informe que confeccionaron en el grupo “hubo cuestiones que fueron admitidas, algunas que no y otras que consensuaron acuerdos para llegar a una norma”, teniendo en cuenta que no existió ningún mandato “a hacer determinadas cosas”.

“Nosotros no lo suscribimos ni lo dejamos de hacer, en función de la independencia con la que actuamos. Sin embargo, hay normas que pueden llegar a tener impacto en nuestra ya menguada economía”, acotó.

En ese sentido, criticó que, “como en casi todas las leyes, si se crean leyes y no se crea una estructura que sustente su cumplimiento, como son los juzgados y las defensorías, puede llegar un momento en el que fracase a pesar de lo excelente que pueda ser una propuesta y una reforma, si no lleva también asignaciones presupuestales acorde”.

“Es decir que tiende a fracasar, y lo va a hacer por el lado casi siempre más débil que es el Poder Judicial, en el sentido de que nosotros dependemos del presupuesto que no creamos”, sumó.

Según la presidenta de la SCJ, la “problemática presupuestal”, a la que se han referido otros organismos como Fiscalía o la Defensoría Pública, se da principalmente en el interior del país, pues “muchas veces las cosas se hacen muy desde Montevideo y no se aprecia la problemática de la cantidad de jueces, que en el interior son muchos menos”.

De esta manera, continuó, “muchas veces terminan fracasando los procesos o los códigos por falta de una nueva infraestructura y por no pensar desde el inicio en qué se necesita y cómo se va a solventar”.

Si bien Morales insistió en no emitir “un pronunciamiento específico” sobre los artículos por la “posibilidad” de que “en un futuro alguien plantee inconstitucionalidades”, enfatizó que su “preocupación fundamental” está en aquellos que puedan generar “un aumento de las cargas de trabajo inabordable”.

Sobre ese punto, aseguró que “muchas veces no se advierten las consecuencias que algo puede tener en el futuro y cómo eso impacta en el Poder Judicial y también en la Justicia, porque después se dice que la Justicia no hizo, la Justicia no hace, la Justicia no pudo, no cumple con sus tiempos”.