Reforma del CPP es “un saludo a la bandera” si no se destinan más recursos a defensores públicos, alertó gremio

La Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu) compareció la semana pasada ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado a propósito del tratamiento de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) propuesta por el Poder Ejecutivo.

La delegación reclamó que se requieren mayores recursos económicos y humanos para la Defensoría Pública, que “lleva el 90% de las causas penales en Uruguay”, además de que aludió a algunos puntos de la iniciativa del gobierno, según consta en la versión taquigráfica.

Estefanía Broggi, presidenta del gremio, aseguró que si no se les dota de “más defensores” y un “equipo técnico” de investigación, “las modificaciones del Código quizás sean un saludo a la bandera”, y se refirió a la situación de Fiscalía.

“Está bien que se quiera dotar a la Fiscalía, pero a la defensa pública se le tiene que dar más recursos. En Montevideo, son 28 defensores contra 130 fiscales aproximadamente. O sea, si a la defensa pública no se nos dota de más defensores públicos, va a llegar un momento en el cual realmente no vamos a poder litigar. En el interior muchas veces hay un defensor contra tres fiscales. No nos olvidemos que la Fiscalía también tiene todo un equipo profesional de litigación. Entonces, al momento que vamos a juicio ellos van a ser seis contra un defensor o dos defensores”, manifestó.

Por su lado, la secretaria general de Adepu, Lucía Long, sostuvo que funcionan como “contrapeso” del Ministerio Público, en el cual en Montevideo “se atienden, por día, entre 50 y 60 personas”.

Asimismo, dijo que han “sido históricamente relegados en cuestiones presupuestales”, lo que ha generado “una deficiencia enorme de cargos que en algunos casos se están cubriendo con la actuación de algunos funcionarios colaboradores, que no es lo que debería ocurrir”.

Según Long, “la necesidad de dotar de más presupuesto” a los defensores públicos “va a existir con o sin esta reforma” y “va a seguir existiendo hasta que alguien tome dimensión de la importancia del organismo”.

En ese sentido, dijo que esa “precariedad absoluta” del organismo “afecta” las posibilidades de ir a juicio, y “probablemente ello incide en la alta tasa de procesos abreviados” con Fiscalía, que “tiene todo el aparato estatal a su disposición”. Y añadió: “La brecha con las personas que pueden pagar equipos de abogados se está haciendo cada vez más grande”.

Con respecto al contenido de la reforma, criticaron el artículo 61, que refiere a “la posibilidad de interrogar al detenido por parte de la Policía”. El abogado Rodrigo López aseguró que “hay un aspecto positivo” en cuanto a que “figure en esa acta que efectivamente se le leyeron los derechos y hay una disposición expresa de que se deje cierta constancia en ese parte policial”, pero “esa constancia es claramente insuficiente”.

“Logísticamente se hace imposible el acompañamiento del defensor público en esa circunstancia del detenido en la seccional. Además, imagínense a un detenido, privado de libertad, muchas veces con síndrome de abstinencia, dificultades para comprender el idioma o comprender ideas en esas circunstancias, que preste una declaración voluntaria en esa circunstancia ante un organismo que, claramente, no es neutral”, aseguró.

López también argumentó que “sería conveniente que se implementaran recursos de registros de audio y fílmicos que dieran garantías a la persona al momento de la detención”.