Colectivos feministas rechazan cambios en reforma del CPP que habilita a la defensa a pedir incautaciones

Más de 30 organizaciones civiles, en su mayoría vinculadas a la militancia feminista y de género, emitieron en las últimas horas un comunicado en respuesta a declaraciones realizadas al diario El País por el catedrático de Derecho Procesal Gabriel Valentín, quien integró el Grupo Asesor Técnico que trabajó en la reforma del Código del Proceso Penal.

En la misiva, expresaron “su enérgico rechazo al avasallamientos de derechos fundamentales y revictimización, al recorte de derechos de las víctimas y la falta de avances en aspectos claves, dando la espalda a los estándares en derechos humanos reconocidos internacionalmente”.

Según los diversos colectivos, en razón de modificaciones planteadas para que el imputado pueda solicitar al juez que ordene recolectar evidencias sin necesidad de avisarle al fiscal o a la víctima denunciante, implica un retroceso o falta de avance que deja a las víctimas “sin tener participación”.

En esta línea, se enumera que “las víctimas no pueden pedir que el juez ordene práctica de evidencias (pero que el imputado podría), solicitar el auxilio del Estado para su investigación, intervenir frente a un acuerdo para arribar a un juicio abreviado ni apelar en caso de rechazar la prisión preventiva contra el acusado o la sentencia definitiva.

En entrevista con El País el pasado domingo, Valentín mencionó que actualmente la defensa de un acusado hoy no tiene la posibilidad de acceder “a un domicilio o a un objeto relevante que pudiera tener una víctima”. Y planteó que dentro de las propuestas, siempre y cuando medie una orden judicial, se podría habilitar la posibilidad de inspeccionar un lugar propiedad de un tercero e incluso manejó la posibilidad —aunque más difícil— teórica de que se pueda llegar a incautar un teléfono, que podría ser de la víctima.

“Llamamos a frenar de forma urgente este retroceso y corregir este proyecto, que violenta a las víctimas, las expulsa del sistema de Justicia, les impone silencio y propicia la impunidad”, reclamaron finalmente en el comunicado los 31 colectivos.

El profesional manifestó que la coacción es el ejercicio de la fuerza ordenado por el Estado y eso requiere de orden judicial. “Acceder a un domicilio particular, a una cosa que tiene otro -una víctima, por ejemplo, que tenga un documento o un objeto relevante. El defensor hoy no puede ordenar que se lo saquen a la víctima; podría pedírselo y se lo dará o no se lo dará. Con la reforma, puede un abogado pedirle al juez que le ordene que se lo entreguen”, dijo.