Brasileño requerido por estafa a inversores seguirá detenido en Uruguay: habría movido unos 10 millones de reales

La Justicia uruguaya decidió mantener detenido a un hombre brasileño requerido por su país, donde es investigado por una presunta estafa con inversiones en la ciudad de Aracaju, ubicada al noreste de Brasil. La resolución judicial detalla movimientos por más de 10 millones de reales (unos $ 80 millones) y menciona a por lo menos diez víctimas identificadas.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1^er Turno confirmó por unanimidad la decisión adoptada por la jueza de Río Branco Eloísa Lago. El fallo de segunda instancia llegó a fines de junio y fue firmado por Graciela Eustachio, Dolores Sánchez de León y Marcelo Malvar.

La resolución no concedió aún la extradición, pero sí confirmó el arresto preventivo del hombre para asegurar el trámite mientras Brasil presenta el pedido formal. Se trata de una medida cautelar de "cooperación internacional" y no de una "condena ni de una declaración de culpabilidad", advirtieron los ministros.

La primera resolución ya había ordenado comunicar la decisión a Interpol, mantener al hombre a su disposición y remitir el expediente a un juzgado de Montevideo, que será el encargado de estudiar la solicitud formal de extradición.

Según se reconstruyó en la sentencia, el brasileño se presentaba como asesor de inversiones y prometía grandes retornos. De esa manera habría convencido a varios clientes de transferir sus inversiones desde portafolios oficiales a cuentas bancarias a su nombre. Luego, según el pedido de la Justicia de Brasil, se habría apropiado tanto del capital como de los intereses.

La maniobra fue realizada entre 2021 y 2024, aunque al detallar los movimientos se incluyeron operaciones realizadas desde marzo de 2020. Entre marzo y setiembre de ese año recibió créditos por más de 2,5 millones de reales (unos $ 20 millones). De ese monto, 95% fueron transferencias entre bancos.

Luego continuó recibiendo dinero a través de transferencias entre bancos, pero también de sistemas de pagos instantáneos entre usuarios.

La suma de todos los períodos alcanza los 10.432.031 reales. Ese monto corresponde a los créditos recibidos y movimientos señalados en la sentencia. El fallo no establece que todo ese dinero constituya el monto defraudado. Las víctimas identificadas y entrevistadas hasta este momento son diez.

La orden de detención fue emitida a mediados del año pasado por el Tribunal de Justicia de la ciudad de Sergipe, con vigencia hasta enero de 2036. Interpol emitió además una notificación roja el 7 de diciembre de 2025.

La defensa del hombre se opuso a que él permaneciera privado de libertad y solicitó que se le impusiera arresto domiciliario, entrega del pasaporte y los documentos de identidad, además de un control policial estricto.

Su abogado sostuvo que su cliente vive en Uruguay desde hace ocho meses, trabaja como constructor en Maldonado, reside con su familia en Punta del Este y cuenta con documento uruguayo. También señaló que tiene dos hijas gemelas de tres años con autismo, que dependen del cuidado de sus padres, y que carece de antecedentes penales en Uruguay.

Según la defensa, el requerido había comparecido tres meses antes de su detención en São Lourenço do Sul para notificarse de una audiencia fijada para el 26 de junio, a la que tenía previsto asistir junto con su abogado. Con ese antecedente afirmó que no existe riesgo de fuga y sostuvo que la estafa investigada no era un delito grave.

Por su parte, la Fiscalía de Río Branco pidió confirmar el arresto. Alegó que el hombre se había "sustraído de la Justicia" y que los montos investigados son "importantes". También mencionó el riesgo de fuga, por su nacionalidad brasileña y la precariedad de los controles migratorios, así como riesgo de entorpecimiento si quedaba en condiciones de contactar a las víctimas.

Para el tribunal, el caso está regido por el Acuerdo sobre Extradición del Mercosur. El artículo 29 de la Ley aprobada en Uruguay autoriza al Estado requirente a pedir la detención preventiva por vía diplomática o a través de Interpol para asegurar el procedimiento.

La norma establece que la persona debe ser liberada de inmediato si, una vez transcurridos 40 días corridos desde que el Estado requirente fue notificado de la detención, no se formalizó el pedido de extradición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del país requerido.

Los ministros entendieron que el tratado debe cumplirse "de buena fe" y de una manera que "garantice la eficacia de la cooperación penal internacional". Por eso, concluyó que el requerido debe permanecer detenido durante esta etapa y confirmó la resolución de primera instancia. La decisión sobre su entrega a Brasil quedará para el proceso formal de extradición.