Asociaciones civiles alertan que reforma del CPP recorta apelaciones y deja fuera a víctimas de acuerdos penales

La reforma del Código del Proceso Penal (CPP) enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento no solo generó reparos políticos o institucionales. También abrió una discusión sobre el lugar que ocupan las víctimas dentro del proceso penal.

Esa es la base del informe jurídico que asociaciones civiles presentaron ante la comisión de Constitución y Legislación del Senado, al que accedió El País. El documento, de 113 páginas, fue elaborado como fundamento del comunicado titulado “El Estado contra las víctimas” y apunta contra varios artículos del proyecto de reforma del CPP.

La tesis central es que el texto del gobierno "no corrige desigualdades ya existentes entre víctimas e imputados", sino que en algunos puntos "las profundiza".

El documento fue firmado por la abogada Soledad Suárez, con la colaboración de los abogados Ignacio Barlocci, María de la Paz Echetto e Ivanna Messano. En sus primeras páginas, cuestiona cómo fue elaborado el proyecto y afirma que el grupo de trabajo convocado por Presidencia tuvo participación de operadores, especialistas, Fiscalía, Poder Judicial y defensores de imputados, pero no de representantes técnicos o sociales de víctimas.

“Lo que se requiere es la participación desde la defensa de las víctimas, escuchar a las organizaciones que las representan desde la sociedad civil”, sostiene el informe.

Uno de los puntos centrales está en los recursos. Según el análisis presentado ante los legisladores, el proyecto "elimina o limita" la posibilidad de que la víctima apele decisiones relevantes en cuatro escenarios. Estos son cuando se rechaza su oposición al archivo provisional de una causa, cuando se dispone el sobreseimiento pedido por Fiscalía, cuando el sobreseimiento es solicitado por la defensa del imputado y cuando se aplica el principio de oportunidad.

Las organizaciones advierten que la víctima podría quedar sin una segunda instancia ante resoluciones que cierran o detienen una investigación. En el informe se indica que en caso de que el juez desestime la oposición de la víctima, “la única posibilidad” que tiene hoy es el recurso de apelación, y afirma que el proyecto deroga esa herramienta.

Otro artículo señalado como problemático es el referido a la solicitud de diligencias durante la investigación. De acuerdo con el informe, la redacción proyectada habilita que el imputado y su defensa pidan directamente al juez determinadas diligencias, sin noticia del fiscal ni de la víctima, incluso en casos en que se requiera la intervención del Estado.

Para las organizaciones, ese punto puede derivar en "medidas invasivas sobre la vida privada de denunciantes o víctimas", en particular en investigaciones por violencia doméstica, violencia sexual o delitos donde aseguran que ya existen obstáculos para denunciar. El informe dedica un capítulo a ese artículo bajo el título “De víctimas a investigadas” y afirma que puede colocar a la víctima en una posición de exposición frente a la estrategia defensiva del imputado.

Los asesores de asociaciones civiles también plantean que la norma podría implicar el uso de recursos estatales —incluida la Policía o peritos oficiales— al servicio de pedidos formulados por la defensa del imputado.

El reparo no es que la defensa pueda buscar sus propias evidencias, sino que esas diligencias puedan tramitarse en reserva, sin intervención fiscal ni participación de la víctima. Como alternativa, proponen que ante la negativa de Fiscalía a diligenciar una prueba, tanto el imputado como la víctima puedan acudir al juez, pero mediante una audiencia oral y pública.

El proceso abreviado es otro de los ejes del documento. En el informe afirman que esta vía se utiliza en más del 96,9% de los casos penales y que allí la víctima queda “completamente fuera” de la negociación inicial entre Fiscalía e imputado. Aunque luego sea escuchada en audiencia, las organizaciones sostienen que su palabra no tiene efecto real sobre el acuerdo alcanzado.

Por eso, proponen que la aplicación del abreviado no sea acordada solo entre Fiscalía e imputado, sino también con participación de la víctima.

También cuestionan que el proyecto "consolide la separación entre juzgados de protección y juzgados penales", algo que según las organizaciones, obliga a las víctimas a recorrer distintas sedes judiciales, repetir relatos y enfrentar un “periplo” que puede generar revictimización.

La discusión quedó instalada en el Senado, donde el proyecto del Ejecutivo es analizado por la comisión de Constitución y Legislación. Mientras algunos operadores entienden que la reforma busca ordenar problemas surgidos desde la entrada en vigencia del nuevo CPP, las organizaciones que presentaron el informe —Asfavide, El Paso y Rucvds— advierten que si el texto se aprueba sin cambios, el sistema puede quedar "más desequilibrado".