Conexión Ganadera: el síndico estimó incobrable el 82% de sus cuentas a cobrar; déficit supera los US$ 270 millones

El síndico de Conexión Ganadera, Alfredo Ciavattone, presentó ante el Juzgado de Concursos de 1^er Turno la lista de acreedores y el inventario de activos de la empresa. Los documentos permiten dimensionar cuánto debe la firma y con qué bienes y derechos cuenta para afrontar esas obligaciones.

La lista establece quiénes son los acreedores, qué montos se les reconocen y cuál es la naturaleza de cada crédito. El inventario reúne y valora los activos que el síndico entiende que integran el patrimonio de la concursada.

Los documentos recogen la posición de la sindicatura, pero todavía pueden ser impugnados. Luego, el juez deberá aprobarlos o introducir las modificaciones que correspondan. Fuentes del caso señalaron que también resta considerar verificaciones tardías, por lo que el pasivo podría aumentar.

Según un informe distribuido entre acreedores, elaborado a partir de los créditos incluidos en el listado, el pasivo de Conexión Ganadera asciende a $ 16.750 millones, equivalentes a US$ 387,6 millones. Los activos fueron valuados en US$ 115,5 millones. La diferencia entre ambas cifras supera los US$ 272 millones.

El inventario registra US$ 360,4 millones que Conexión Ganadera tiene pendientes de cobro. De esa cifra, el síndico restó US$ 294,6 millones bajo el rubro “previsión incobrables”, equivalente al 82%. Se trata de un ajuste contable que se aplica cuando existen dudas sobre la posibilidad de cobrar una deuda.

Por eso, las cuentas por cobrar quedaron valuadas en US$ 65,7 millones dentro del inventario.

Un informe distribuido entre acreedores al que accedió El País identifica como principal cuenta por cobrar un crédito de aproximadamente US$ 273,1 millones contra la empresa Hernandarias XIII. También incluye US$ 16,5 millones contra MCO Agro, US$ 15,3 millones vinculados a Daniela Cabral, US$ 14,5 millones contra la herencia de Gustavo Basso, y US$ 10,8 millones contra Pasfer, entre otros.

La situación patrimonial de Hernandarias muestra las dificultades que enfrenta Conexión para recuperar el principal de esos créditos. Su concurso registra un pasivo de US$ 328 millones y activos por apenas US$ 775.635. La relación entre ambas cifras apenas supera el 0,2%.

Los pasivos de Conexión Ganadera y Hernandarias no deben sumarse, ya que una parte importante corresponde a los mismos inversores. Esto se debe a que Conexión aparecía como administradora y receptora de los fondos, mientras que Hernandarias figuraba como tomadora y debía recibir, custodiar y producir el ganado.

Ciavattone dejó constancia de que, al declararse el concurso, no existían animales registrados en Dicose a nombre de ninguna de las dos empresas, salvo excepciones en Hernandarias. También aclaró que Conexión, por su condición de consignataria, no podía registrar ganado a su nombre.

Fuentes del caso explicaron a El País que los US$ 35 millones obtenidos con la venta de ganado por adelantado no están incluidos dentro de los US$ 115,5 millones informados como activo de Conexión Ganadera.

Ese dinero proviene de animales registrados a nombre de clientes y está sujeto a un mecanismo de distribución específico.

El acuerdo alcanzado por los acreedores ya fue homologado. Resta que la sindicatura presente el proyecto de distribución, donde deberá establecer cuánto le corresponde cobrar a cada adherente, y que el juez lo apruebe. A partir de esa resolución comenzará a correr el plazo de 60 días previsto para efectuar los pagos.

Otra de las próximas etapas será el incidente de calificación, en el que se determinará si la insolvencia fue fortuita o culpable y si existieron personas que contribuyeron, directamente o como cómplices, a producirla o agravarla.

Si el concurso es declarado culpable, la Justicia puede ordenar que administradores o terceros declarados cómplices reintegren bienes e indemnicen los daños causados con su patrimonio. Fuentes del caso indicaron que representantes de acreedores señalarán a las personas que entienden que participaron en la insolvencia o se beneficiaron con la salida de fondos. Esperan que en esa etapa se analice la actuación de familiares, mandos medios, tomadores y otros involucrados que también aparecen en la investigación penal.

Las posibles consecuencias penales, por su parte, dependerán de la investigación de Fiscalía y de las decisiones de la Justicia especializada.