Caso Carrera: cruce entre Fiscalía y defensa por el alcance de testimonios propuestos para el juicio

Fiscalía y la defensa del exsenador frenteamplista Charles Carrera mantuvieron ayer cruces al analizar los testimonios que los abogados pretenden presentar durante el juicio. La discusión estuvo centrada en el contenido de las declaraciones y sobre cuánta información se había entregado previamente.

El equipo fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno sostuvo que en varios casos la defensa utilizó descripciones genéricas, como “contexto de la época” u “otro dato útil para la causa”, que no les permitían saber con exactitud qué declararía el testigo ni preparar las preguntas para controvertir su versión.

Los abogados Juan Manuel González Rossi y Lucía Fernández respondieron que los asuntos estaban desarrollados en la contestación de la acusación. También cuestionaron que se les exigiera un nivel de detalle que, según afirmaron, Fiscalía tampoco utilizó al presentar algunos de sus testigos.

El intercambio ocurrió durante una nueva audiencia de control de acusación, etapa en la que se define qué pruebas podrán utilizar las partes. Uno de los primeros testimonios analizados fue el de Mario Layera, actual director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado.

La defensa anunció que Layera declarará sobre cómo estaba organizado el Ministerio del Interior, los distintos niveles de jerarquía, el funcionamiento de Asuntos Internos y las hipótesis que se manejaron internamente sobre el disparo que dejó paralizado a Víctor Hernández. Layera era jefe de Policía de Montevideo cuando ocurrieron los hechos.

Fiscalía respondió que previamente solo se le había informado que el testigo hablaría sobre el “funcionamiento del Ministerio del Interior”, sin incluir los demás asuntos mencionados durante la audiencia.

“Les asiste razón a los dos”, concluyó la jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, Diovanet Olivera. La magistrada reconoció que la descripción entregada a Fiscalía no abarcaba todo lo anunciado posteriormente por la defensa, pero señaló que durante un interrogatorio también se puede profundizar sobre determinados asuntos.

Por ese motivo, el análisis del testimonio de Layera quedó para una próxima instancia, de manera que Fiscalía pueda conocer previamente todos los temas sobre los que será consultado.

La discusión se repitió con otros testigos que la defensa pretende utilizar para reconstruir lo ocurrido en La Paloma después de que Hernández recibiera el disparo, en 2012.

Entre ellos hay vecinos que declararán sobre las movilizaciones realizadas para ayudar al herido, las gestiones de la comunidad y las cartas enviadas a las autoridades. Como Fiscalía no cuestionó que esas acciones hayan existido, la jueza propuso que las partes las dieran por probadas sin necesidad de citar a todas las personas.

La defensa rechazó esa posibilidad. Argumentó que los testimonios son necesarios para explicar el contexto en el que las autoridades resolvieron asistir a Hernández y los reclamos que existían para que el Estado se hiciera cargo de su situación.

El tono de la audiencia aumentó a medida que avanzaba el análisis. “Nosotros no pedimos favores. Se oponen o no”, expresó la abogada durante uno de los cruces.

Foto: Estefanía Leal/El País.

La tensión escaló cuando Fernández calificó de “extorsivo” uno de los planteos de Fiscalía. “Yo no voy a permitir que diga eso”, respondió la fiscal Valeria Bovio, integrante de la Unidad Especializada de Litigación.

Olivera intervino en varias oportunidades para ordenar el intercambio y advirtió que “el control de acusación ya está avizorando lo que va a ser el juicio”.

Finalmente, después de un receso, la defensa aceptó entregar información más amplia sobre una serie de testigos. Su incorporación será analizada después de que Fiscalía conozca con mayor precisión los asuntos sobre los que serán interrogados.

A través de sus testigos, los abogados procurarán demostrar que la asistencia brindada a Hernández respondió a una decisión institucional ante una situación excepcional y no a una orden personal de Carrera.

Para sostener la versión de la defensa, uno de los testimonios centrales será el de Leonardo Anzalone, entonces director de Sanidad Policial. Según adelantaron los abogados, declarará sobre la orden para que Hernández ingresara al Hospital Policial, pese a saber que no era funcionario policial. La defensa también convocó a personas que conocían cómo se tramitaban las autorizaciones especiales para que civiles fueran atendidos en el centro de salud. Buscará demostrar que existía un procedimiento para habilitar esos ingresos y que Hernández no fue el único particular asistido de forma excepcional.

Otro bloque de testimonios estará dirigido a reconstruir la situación que se vivía en La Paloma después del disparo. Declararán vecinos, representantes de organizaciones de derechos humanos y personas que participaron en las gestiones realizadas ante autoridades nacionales y departamentales para conseguir asistencia para Hernández. Los abogados sostienen que esas declaraciones son necesarias para demostrar que la intervención del Estado no surgió de una decisión aislada de Carrera, sino de los reclamos de la comunidad y de distintas instituciones ante la posibilidad de que el disparo hubiera salido de una vivienda asignada al entonces comisario de La Paloma. En el plano sanitario fueron propuestas la exministra de Salud Pública Susana Muñiz y el exsubsecretario Miguel Fernández Galeano. Ambos declararán sobre las alternativas de atención evaluadas, el funcionamiento de la red pública de salud y los beneficios que representaba para Hernández ser tratado en el Hospital Policial.