"Terminamos siendo rehenes”, dice Evelyn Cavallo. Ella trabajó 15 años en refugios para personas en situación de calle. “Se pasan las responsabilidades: el Mides dice que es culpa de la organización y la organización dice que es culpa del Mides”, lamenta. “En el medio, vos tenés que seguir trabajando sin cobrar, en hogares donde pasa de todo y las situaciones son muy complejas”.
¿De qué habla? Los atrasos en el pago de salarios a trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no son nuevos. En los últimos años se multiplicaron las denuncias sindicales por adeudos de semanas e incluso meses en refugios y programas vinculados a personas en situación de calle, violencia basada en género y salud mental. Trabajadores consultados para este informe relataron haber atravesado períodos de hasta cuatro meses sin cobrar mientras seguían asistiendo a trabajar.
Evelyn se quedó sin trabajo hace apenas unas semanas. El 19 de abril venció su contrato y la organización decidió no renovárselo. No hubo argumentos formales, aunque ella entiende -como otros trabajadores que relatan situaciones similares- que detrás hubo persecución sindical. Pero el desempleo es, para Evelyn, apenas la última escena de una historia que conoce de memoria. En los distintos lugares donde trabajó -tres organizaciones diferentes, todas vinculadas a iglesias evangélicas- hubo algo que se repitió siempre: los atrasos salariales.
La última experiencia fue en un centro 24 horas para hombres, gestionado por una ONG vinculada a una iglesia. Empezó a trabajar allí en agosto y ya el primer mes no cobró. Después llegaron tres meses enteros de atraso salarial. Mientras algunos compañeros sufrían desalojos, cortes de luz o certificaciones por salud mental, Evelyn rebajaba la leche con agua para sus hijos y sobrevivía a mate durante el día. “Mis hijos comían en el comedor de la escuela y nosotros, los adultos, una vez al día”, cuenta.
Las personas que trabajan con población en situación de calle lo hacen, en muchos casos, en condiciones laborales precarias, con contratos a término de pocos meses y sin certezas sobre su renovación. Se trata de un sector con alta rotación, algo que los propios trabajadores vinculan al nivel de estrés y desgaste que implica la tarea cotidiana.
Son, al mismo tiempo, quienes están en la primera línea de atención de una emergencia social en expansión: el aumento sostenido de personas en situación de calle. En ese rol, muchas veces deben dar respuestas que tensionan el vínculo con los usuarios, como informar que no hay cupos disponibles y derivar a refugios ubicados en otros puntos de la ciudad.
El Mides señala que los atrasos en el pago de salarios a trabajadores contratados a través de organizaciones de la sociedad civil constituyen un problema “complejo y de larga data”, que la actual administración asegura estar abordando desde el inicio de la gestión.
Desde la cartera dicen a El País que las organizaciones son las empleadoras directas y, por lo tanto, las responsables del pago de salarios, aunque los convenios se financian con fondos públicos. Agregan que esas instituciones, pese a regirse por normas de derecho privado, deben cumplir procedimientos administrativos y controles propios del Estado, una combinación que -según el ministerio- genera parte de las dificultades estructurales detrás de los atrasos.
Un problema que es estructural
Diego Andrada conoce el sistema desde adentro. Es educador social desde hace más de una década, trabaja en refugios y en equipos de calle que recorren Montevideo intentando convencer a personas en situación de calle de aceptar un cupo para pasar la noche bajo techo. Hoy es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) y trabaja en Plenario de Mujeres del Uruguay (Plemuu), una de las organizaciones sociales más grandes que convenian con Mides.
Andrada sostiene que los atrasos salariales, la precarización y los conflictos laborales no empezaron ahora. Pero asegura que el crecimiento de la población en calle y la multiplicación de convenios terminaron por hacer explotar un modelo que, para el sindicato, “ya caducó”.
El mecanismo funciona así: el Mides transfiere fondos a ONG y asociaciones civiles que administran refugios, programas vinculados a violencia basada en género, discapacidad o pensiones subsidiadas. Las organizaciones que ganan los convenios deben presentar proyectos completos: desde los currículums y perfiles específicos de psicólogos, trabajadores sociales, educadores y auxiliares de limpieza, hasta las cargas horarias y la estructura de funcionamiento.
Los trabajadores quedan contratados por esas organizaciones, aunque el propio Estado mantiene responsabilidades legales sobre lo que sucede en esos servicios. Según Andrada, cuando una ONG no paga salarios, administra mal los fondos o directamente desaparece, muchas veces es el propio Estado el que termina enfrentando juicios laborales. “La plata se paga dos veces”, resume. Primero a la organización y después, otra vez, a los trabajadores afectados.
Los motivos de este problema estructural son múltiples: dificultades con las rendiciones de cuentas de las organizaciones exigidas por el Tribunal de Cuentas para liberar los pagos, nuevas exigencias del Tribunal, retrasos administrativo-burocráticos, firma tardía de convenios y falta de espalda financiera de las organizaciones, entre otros.
Para el presidente del sindicato, el problema excede a una administración puntual. Sostiene que los conflictos se repiten a lo largo de distintos gobiernos y cuestiona una política sostenida en el tiempo: la creciente tercerización de servicios sociales. “El Estado decidió delegar políticas extremadamente sensibles en privados”, afirma, y pone el foco en áreas como discapacidad, salud mental y violencia basada en género. “No pueden depender de si una organización gestiona bien o mal”, insiste.
Desde el Mides reconocen que en 2024 se registran situaciones de atrasos que, en algunos casos, llegaron a alcanzar hasta cuatro meses de adeudos salariales. Según sostienen, “en el primer año de nuestra administración asumimos sin créditos disponibles y con decenas de convenios -que se vencían en abril- para renovar o en ejecución sin créditos”. Agregan que a esa situación se suma la necesidad de ampliar la respuesta a la emergencia mediante nuevos convenios de ejecución inmediata.
Fuentes de la cartera aseguran que los atrasos vuelven a repetirse, aunque sostienen que las medidas implementadas permiten reducirlos “notoriamente, sobre todo en la extensión en tiempo de los adeudos”. Y que están en constante comunicación con las organizaciones para mejorar los sistemas de contralor.
Al momento, las situaciones de adeudos que tienen registradas son “puntuales” y corresponden a salarios o liquidaciones que debían abonarse el 10 de mayo. Mientras tanto, varios trabajadores -algunos sindicalizados y otros no- mantienen juicios laborales o reclamos abiertos contra las organizaciones que los emplearon, por atrasos en pagos y otras irregularidades laborales.
Fernanda Auersperg, diputada del Partido Nacional y exjerarca del Mides, dice que los atrasos en los pagos responden a una combinación de crecimiento acelerado del sistema, demoras administrativas y sobrecarga de gestión dentro del propio ministerio. Ella misma tuvo este problema en su gestión: contadora de profesión, Auersperg asegura que los trabajadores del Mides que están en estas tareas administrativas muchas veces no dan abasto.
La exdirectora admite que durante el período pasado también existieron demoras, aunque -en una versión contraria a las actuales autoridades- afirma que “nunca en la magnitud actual”.
“Puede pasar que un convenio se firme tarde y ya tengas que empezar a pagar sueldos antes de cobrar la primera partida. Pero ahora hay muchas organizaciones y muchísimos funcionarios atravesando situaciones críticas al mismo tiempo”, sostiene Auersperg.
En ese sentido, relata casos de trabajadores que le manifestaron estar al borde de quedar en situación de calle por no cobrar durante meses. “Me llamaron personas diciéndome: ‘Voy a tener que pedir lugar en un refugio porque debo tres meses de alquiler y me van a desalojar’. Es muy fuerte que alguien que trabaja atendiendo a personas sin hogar termine pensando que puede dormir en un refugio”, expresa. También menciona situaciones de agotamiento extremo. “Hay gente que se certifica porque no puede más. Me decían: ‘¿Cómo voy a ir a trabajar poniendo mi mejor cara si hace tres meses que no cobro?’”, cuenta.
Cuando los que cuidan caen: “cobramos marzo en mayo”
Patricia Rodríguez trabajó durante dos años en refugios de 24 horas para personas en situación de calle. Pasó por cinco centros y dos organizaciones sociales distintas. Dice que lo más duro no fue solamente convivir con historias atravesadas por la violencia, las adicciones o la enfermedad mental, sino descubrir que quienes sostienen el sistema también viven en condiciones precarias. “Los que cuidan a la gente más vulnerable tampoco tienen condiciones dignas”, resume.
Es jefa de hogar, tiene tres hijos e hipertensión. Aun así, estuvo cuatro meses sin cobrar salario mientras trabajaba. Sobrevivió gracias a préstamos familiares, fiado en almacenes y ayuda de compañeros. “No tenía ni para los remedios”, cuenta. “Cobramos marzo recién en mayo”, dice.
Describe refugios con chinches, cucarachas y ratas. Habla de trabajadores agotados, mal pagos y emocionalmente desbordados. “Yo era auxiliar y muchas veces terminaba haciendo de psicóloga”, dice.
Pero también insiste en algo que, según ella, suele quedar invisibilizado: las personas en situación de calle no son solamente adictos o delincuentes. “Hay profesores, trabajadores, personas con enfermedades mentales graves, gente que perdió todo”, señala.
Para Patricia, el sistema se sostiene gracias al compromiso personal de trabajadores que muchas veces ponen dinero de su bolsillo para ayudar a usuarios o sostener talleres.
Para ella se habla mucho de “rescatar a las personas en situación de calle”, pero nadie mira cómo viven y trabajan quienes sostienen ese sistema todos los días.
La precarización laboral crece
El 30 de abril, Nicolás Martínez recibió un mensaje que ya venía intuyendo. La organización para la que trabajaba, de las más grandes que gestionan refugios del Mides, Otras Manos, no le renovaría el contrato. Hacía apenas unos días que había participado de medidas sindicales por atrasos salariales y era uno de los trabajadores que más había hablado dentro de su centro. Nadie le dijo que esa fuera la razón, pero para él el contexto habla solo.
“Te desvinculan y listo”, dice. Así funcionan muchos contratos en el sistema de refugios: vínculos laborales de seis meses o un año que se renuevan -o no- según decida la organización. Cada renovación implica volver a empezar de cero. Se cobra la liquidación, se pierde antigüedad y otra vez arranca la cuenta: “Nunca generás estabilidad”, resume Nicolás. Ni para alquilar, ni siquiera para demostrar continuidad laboral.
¿Pero por qué el Mides hace tercerizaciones? Según opina Auersperg, el ministerio terceriza gran parte de la atención vinculada a personas en situación de calle y emergencia social debido a la complejidad y exigencia que implica sostener estos dispositivos. “Los centros funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Hay que cubrir Navidad, Año Nuevo, madrugada”, señala. Y agrega que, cuando esos servicios eran cubiertos exclusivamente por funcionarios públicos, había una alta rotación, certificaciones médicas y pedidos de pase debido al desgaste permanente que implica el trabajo.
¿Por qué ahora se estarían dando estos atrasos de tantos meses? “Cuando aumentás cobertura, centros, equipos y dispositivos, multiplicás la cantidad de convenios y expedientes. Y cada convenio implica procesos jurídicos, contables y administrativos muy complejos”, señala Auersperg.
Habitualmente, las organizaciones reciben una primera partida equivalente al 40% del convenio y luego deben rendir cuentas para acceder a nuevos desembolsos. “Muchas veces aparecen observaciones: falta un comprobante, hubo errores en la rendición, no se pagó el BPS o no coinciden las horas liquidadas con lo estipulado en el convenio”, explica.
Para Andrada, el sindicalista, buena parte de los problemas actuales comenzaron a profundizarse durante la administración anterior, cuando ingresaron al sistema organizaciones sin experiencia previa en políticas sociales. “Con Martín Lema tuvimos el problema de que ingresaron nueve o diez organizaciones que no tenían ningún tipo de experiencia en política pública. No se sabía de dónde salían”, afirma.
Evelyn, la de la historia al inicio de este informe, relata que mientras los trabajadores acumulaban meses sin cobrar, la iglesia celebró su aniversario con una fiesta de gala en el Movie. “Nosotros estábamos pasando hambre y ellos festejando”, dice. Ahora, junto a otros, inició un juicio contra la organización. Según relata, el dinero estatal destinado a salarios había sido transferido, pero nunca llegó completo a los trabajadores.
Desde el sindicato advirtieron con anticipación que varias de esas organizaciones iban a tener dificultades para sostener los convenios y rendir cuentas. “Y no estuvimos tan errados”, dice Andrada. En varios casos, el propio Mides dejó de conveniar con ellas.
El dirigente sindical también cuestiona el discurso sobre la “experticia” de las organizaciones sociales, una idea que el actual ministro Gonzalo Civila ha defendido públicamente para justificar el modelo de gestión tercerizada. Civila define a las organizaciones sociales como actores fundamentales y aliados estratégicos del Estado, no como simples tercerizadas. Además, sostiene que las políticas sociales deben apoyarse en modelos de cogestión y en la participación activa de la ciudadanía en la construcción de estrategias y redes comunitarias.
Andrada, sin embargo, pone reparos sobre cómo funciona ese esquema en la práctica. “Hay organizaciones que no tienen recursos ni siquiera para formar a sus propios trabajadores o transmitir esa experiencia”, plantea. Agrega que si se quiere mejorar y dar más oportunidades a las personas en situación de calle, se tiene que cambiar el sistema, “porque no está funcionando, no solo hay más personas, sino que cada vez las realidades son más complejas”.
Nicolás trabaja desde 2021 en programas vinculados a mujeres con hijos, adolescentes y refugios 24 horas. Siempre como educador. Entró cuando todavía el rol de educador tenía determinadas exigencias y equipos más o menos estables. Pero dice que en los últimos años el sistema cambió drásticamente.
Describe una transformación silenciosa que, según él, profundizó la precarización laboral. Hasta 2023, explica, las organizaciones debían presentarse a licitaciones públicas con proyectos técnicos, equipos definidos y perfiles profesionales concretos. “Ahí apareció el rol de facilitador o cuidador”, cuenta. Una figura con menos requisitos, menor salario y condiciones laborales más débiles. Según explica, el cambio permitió bajar costos, pero también redujo la formación exigida para trabajar. “Pasamos de turnos de seis horas con salarios más altos a jornadas de ocho horas cobrando mucho menos”, resume.
Detrás de cada atraso, de cada convenio trabado y de cada expediente que demora meses en resolverse, hay trabajadores que siguen sosteniendo refugios abiertos toda la noche, acompañando crisis de salud mental, situaciones de violencia y personas que perdieron todo. Muchos lo hacen sin cobrar, endeudados o al borde del colapso emocional.
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