Gobierno asume gravedad por aumento de personas en calle y apuesta a cambio de modelo para “amortiguar” impacto

El primero en tirar la piedra fue el senador suplente Rafael Michelini. “Sigue la gente durmiendo en la calle. ¿Es que yo solo lo veo? Hiere mi sensibilidad como uruguayo, frenteamplista y hombre de izquierda. Sé que el gobierno está sensibilizado y el presidente Orsi más. Sé que hay planes. Pero hay que actuar. ¡Ahora!”, escribió el dirigente político, que asumirá una banca en la cámara alta en lugar de Constanza Moreira en agosto de 2027.

A una semana, y después de que se fueran sumando algunas voces críticas en el propio oficialismo, el gobierno reaccionó. El presidente de la República, Yamandú Orsi, junto al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, anunciaron los ejes centrales de lo que se denominó por parte del Ejecutivo la “Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle”.

Orsi, que respaldó políticamente la gestión del socialista —cuestionado en las últimas semanas—, afirmó apenas hizo uso de la palabra que “para el gobierno vivir en calle no es una opción”.

“Tenemos que resolver un problema que no es chico. No es de unos cientos ni de unos pocos miles. Es un problema mucho más grande y los números así lo indican. En una década la cantidad de gente viviendo en calle se triplicó. La cantidad de personas que hizo uso de dispositivos de alojamiento fueron 11.251, lejos estamos de aquellos 3.000 de los que hablábamos”, graficó Orsi la problemática creciente. Según informó, para el año 2025 la cifra trepó a 13.597, un 20% más.

“La magnitud de la situación es bastante mayor de lo que suponíamos y es a nivel nacional. Lo que venimos haciendo no termina de resolver el problema. Es difícil que vayamos a llegar al punto cero, pero tenemos que hacer el esfuerzo para frenar este crecimiento y de ser posible hacerlo retroceder, amortiguar esta situación que nos rompe los ojos y el alma”, reconoció el presidente.

A su turno, Civila enumeró las principales acciones que, según indicó, el gobierno llevará adelante para intentar contener una situación que el sistema político ya considera insostenible y crítica.

Entre ellas, el ministro destacó que las políticas de calle van a ser “desestacionalizadas”, es decir, comenzarán a implementarse un plan anual para los 365 días del año, “contemplando las particularidades estacionales”.

En términos comparativos, el jerarca señaló que el 7 de abril de 2024 había 1.186 personas alojadas por una noche, mientras que hoy, bajo el mismo régimen de refugio de contingencia, la cifra asciende a 2.426.

“Más que duplicamos la cantidad de personas que reciben apoyo del Estado en alojamiento de contingencia”, dijo el secretario de Estado. Prosiguió que en consecuencia a la coyuntura crítica que se vive en el país “surge la necesidad de un cambio de modelo” para atacar la problemática.

En este sentido, entre las 42 medidas informadas se destacó la conversión de los centros de estadía transitoria del Mides, que hasta ahora funcionaban solo de noche, en dispositivos de atención las 24 horas. Hoy, aclaró Civila, 13% opera bajo el régimen nocturno.

Entre los anuncios más novedosos se adelantó que se creará una aplicación para que la ciudadanía “pueda reportar de manera ágil y sencilla alertas sobre personas en situación de calle” con el fin de “coordinar una respuesta efectiva” por parte del Estado.

El enfoque a ponerse en marcha tendrá como eje lo que el ministro Civila llamó modelo “3V” (Vida, Vivienda, Vínculo), destacando como objetivo —al mediano y largo plazo al menos— la necesidad de promover el acceso a la vivienda, la recomposición de redes comunitarias y actuar sobre las condiciones “estructurantes" de las personas como el trabajo, la salud y la educación.

Otras de las medidas anunciadas, en referencia a estos puntos, consisten en la creación para 2028 de 2.000 puestos de trabajo para brindarle oportunidad a las personas en calle y una de las principales apuestas del gobierno —desde donde se asume la complejidad de resolver el tema— es ir hacia una “transición gradual” para que los afectados logren la “autonomía habitacional”.
En los centros de estadía, anunció Civila, se ampliará la presencia de equipos especializados en consumo problemáticos de drogas y salud mental.

También se les brindará a los privados de libertad que sean liberados plaza para una estadía transitoria por siete días, con el objetivo de acompañar el egreso del centro penitenciario. Según informó Orsi, en Uruguay salen de la cárcel 30 personas por día y seis de cada 10 en situación de calle actualmente son exprivados de libertad.

A su vez, se mencionó, entre otras medidas, un plan piloto para impulsar la creación de comunidades rurales, con el objetivo de que además de generar espacio de convivencia que se complemente con algún tipo de medio productivo.

Una de las modificaciones estratégicas que el Poder Ejecutivo piensa implementar refiere a la lógica institucional aplicada hasta ahora. “Habrá algunos cambios en la conducción de la estrategia, que requiere un enfoque integral. Necesitamos la participación de todos los organismos del Estado. Se conformará un ámbito liderado por el Mides y otro que será coordinado, en los aspectos vinculados a la emergencia sociosanitaria, por Presidencia de la República”, informó Civila.

Sobre el objetivo a corto plazo, Orsi y Civila reconocieron que a la hora de trasladar a las personas un problema común y central es la “voluntad”. Sin embargo, el presidente dijo que al momento de aplicar la alerta roja en 2025 “la resistencia fue bastante menor” con respecto a la que el gobierno se había imaginado.

“Partimos de un error, de un prejuicio o preconcepto. El problema existe, pero es menor a lo que pensábamos si se brindan herramientas convincentes”, afirmó Orsi, en referencia a la necesidad de aplicar medidas compulsivas como la ley de faltas o la internación involuntaria.

Aunque desde el sistema político se ha reconocido que la problemática del aumento de personas en situación de calle ha atravesado a las diferentes administraciones, incluida la anterior de la Coalición Republicana, desde la oposición se reclamó “más acción”.

El senador y exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, cuestionó que, para abordar un “tema de esta complejidad”, también debían haber tomado la palabra otros ministros como el del Interior, Carlos Negro; la de Salud Pública, Cristina Lustemberg; y la de Vivienda, Tamara Paseyro (estaban presentes al momento de la conferencia), entre otros jerarcas.

“Había que comunicar una respuesta integral. En segundo lugar, mucha literatura voluntarista y poca acción. El diagnóstico lo tenemos todos; había que ser más claro, entrar al área chica. ¿Cuántos cupos más por adicciones en ASSE va a haber? ¿Cuántos cupos más en materia de salud mental? Demasiada burocracia para un tema que requiere velocidad, celeridad y capacidad de respuesta. Están aplicando mal la ley de faltas, la de internación compulsiva y la gente se siente desprotegida. Hay cuadras que se han convertido en cárceles a cielo abierto en Montevideo”, apuntó Lema.

En tanto, legisladoras del Frente Amplio —como Julieta Sierra e Inés Cortés, que habían reclamado acciones urgentes— respaldaron el plan anunciado, aunque resta por ver su ejecución.

“Por supuesto que falta, lo he dejado claro estos últimos días, pero es la primera vez que se presenta un plan completo que contempla las diferentes causas que llevan a miles de personas (¡más de las que creíamos!) a esta situación de vulnerabilidad extrema, para prevenir y también para ofrecer alternativas y que la calle no destruya vidas”, escribió Sierra en X.

En el informe elaborado por los técnicos del Ministerio de Desarrollo Social se consigna que “la evolución de la cantidad de personas contabilizadas en situación de calle en Uruguay ha mostrado un marcado aumento en las últimas décadas”.

Según los últimos datos recabados sobre la población involucrada, en 2023 había 2.758 personas a la intemperie o en refugios. Sin embargo, las autoridades del gobierno nacional entienden que esa cifra no refleja la realidad del presente, ya que hay 8.266 plazas disponibles para el alojamiento —la mayor cantidad histórica— y la capacidad está colmada.

En el informe, al que accedió a El País, el Mides calificó la actual coyuntura como “una problemática persistente y en aumento, un verdadero ‘problema país’, que expresa una de las formas más extremas y complejas de exclusión, desigualdad e injusticia social”.

“Si bien (el fenómeno) describe la falta de acceso a la vivienda, implica dificultades severas en el acceso a otros derechos como la salud, el trabajo, la educación, la participación. Las personas que viven en la calle acumulan vulnerabilidades psicosociales, como el debilitamiento de redes sociocomunitarias, aislamiento social, padecimiento en salud física y mental, consumo problemático, y alta exposición a diversas violencias”, remarca el trabajo, que además menciona que producto de la situación de vulnerabilidad esta población está sujeta a vivir “procesos de discriminación que profundizan la distancia social con el resto de la sociedad”.