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análisis

Guillermo Asi Méndez Montevideo
Análisis El discurso con el que el presidente anunció los cambios en el organigrama de ministros y anticipó algunas medidas económicas podría titularse "Haciendo lo que no quería hacer". CLAUDIO JACQUELIN (La Nación (GDA) Parafraseando el eslogan oficialista, Mauricio Macri fue explícito en varios pasajes de su alocución con la admisión de que no son estas las decisiones por las que hubiera optado en otras circunstancias. Y, de manera elíptica, explicó por qué no lo había hecho antes y por qué lo hace ahora, en algunos casos tres años más tarde. A diferencia de lo que después manifestó el ahora ministro de Economía (ya no solo de Hacienda), Nicolás Dujovne, en su anuncio de las medidas fiscales, no hubo una autocrítica expresa en el discurso presidencial sobre su gestión, aunque sí de facto asumió errores y expresó definiciones que muchos le reclamaban que hiciera desde el comienzo de su mandato, como hablar crudamente de la herencia recibida. O, más recientemente, desde que empezó lo que hasta hoy Macri denominaba "una tormenta" y que ahora se llama lisa y llanamen-te crisis. En ese contexto se inscriben la confirmación de la vuelta de las retenciones, las medidas para paliar el impacto social que la crisis tendrá sobre los sectores más vulnerables y la reducción del gabinete. En uno de los discursos más largos de Macri (25 minutos), con excepción de las aperturas de sesiones, también se registraron omisiones que hablan de dificultades para ordenar el frente interno. La principal, la ausencia de los nombres de quiénes se mantendrían en funciones, sobre todo de los que verían su jerarquía y poder recortados. Hubo que esperar un documento posterior sin explicaciones adicionales. Ese documento expuso, al final, el fracaso hasta ahora del intento por sumar más volumen político con la incorporación de figuras con peso propio debido a la renuencia del radicalismo a aceptar cambios mucho más modestos de lo que ellos pretendían en la estructura de poder real del Gobierno. El eje Macri-Peña sigue siendo la viga maestra de la gestión, aunque a muchos aliados, opositores y analistas no les guste. El núcleo de la alocución presidencial, fuera de las medidas anticipadas, estuvo en la descripción de la situación actual y las causas que, según Macri, llevaron a esta realidad. El país que dejó el kirchnerismo, el cambio de la situación económica internacional, la contingencia climática sobre la producción agraria y la "irresponsabilidad" de los opositores fueron expuestos como los motivos casi excluyentes de la crisis. No hubo lugar para los errores propios. En la segunda parte del discurso buscó dar señales a los mercados y la sociedad, hacer un puente con la oposición y conectar con los más afectados por la crisis. En el caso de los opositores se advirtió casi una disociación con la primera parte crítica cuando los elogió por la disposición que estarían teniendo para aprobar el presupuesto. Hacia los mercados fue elocuente en el sentido que tendrán las medidas para paliar el déficit y depender menos del financiamiento externo. Y afirmó que está dispuesto a hacerlo sin anteponer otros objetivos, incluido el electoral, lo que algunos analistas llegaron a ver como una señal de que estaría dispuesto a posponer su sueño reeleccionista. Probablemente, un exceso buscado. Y otra realidad no deseada. Con la sociedad en general —y sobre todo con los más afectados— buscó a diferencia de mensajes anteriores generar empatía y obtener comprensión. Dijo lamentar el impacto de la crisis, así como la falta de recursos para otorgar mejoras en los ingresos. Habló, en especial, de los sueldos docentes y el presupuesto universitario, un problema sobre el que tampoco el Gobierno había mostrado sensibilidad o cercanía anteriormente. La respuesta del frente económico-cambiario, la sustentatibilidad política y la paz callejera son las preocupaciones urgentes. Habrá que ver si lo logra "haciendo lo que no quería hacer".
Corrupción en Argentina: Las Coimas K De los innumerables escándalos de corrupción de los últimos años, el que estalló ayer (por el miércoles) es el de mayor impacto institucional y político. CARLOS PAGNI* - LA NACIÓN (GDA) Los bolsos que el noctámbulo José López revoleó tras el muro de un convento; las bóvedas de Lázaro Báez; el éxito de Cristóbal López en el negocio de la evasión fiscal, o, vista a la distancia, la miserable valija de Guido Antonini Wilson causaron grandes cimbronazos. Pero tenían dos peculiaridades por las que, mediante una manipulación eficaz, sus efectos podrían moderarse. Los involucrados eran pocos y estaban engranados en el aparato de poder a través del cual se corrompían. La bomba que hicieron explotar los obsesivos cuadernos del chofer Oscar Centeno es muchísimo más agresiva. En la redada, que, a raíz de una investigación de La Nación, dispusieron el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, cayeron numerosos empresarios que, a pesar de ser contratistas consuetudinarios del Estado, no están integrados a una urdimbre de lealtades políticas. Imposible controlarlos. Imposible coordinarlos. Ya en el origen de esta saga hay un anticipo de que su dinámica puede ser inmanejable. Un ignoto chofer estatal, acaso presionado por las exigencias de una esposa despechada, que redacta en un inesperado diario íntimo, con solemnidad y rigor, las manualidades del delito. En los próximos días pueden aparecer más imponderables. Muchos de los constructores acusados compartieron uniones transitorias con colegas que también pueden estar complicados en las maniobras. Además, el dinero ilegal solía recaudarse entre los subcontratistas de las obras, dispuestos a pagar coimas con tal de que les pagaran los trabajos. Las ramificaciones pueden ser aún más enojosas. Entre los detenidos está el logorreico Gerardo Ferreyra, zar de la obra pública kirchnerista a través de Electroingeniería. Antiguo compañero de militancia de Carlos Zannini, Ferreyra fue una pieza central en el sistema comandado por Julio De Vido. Su conducta, bien examinada, podría generar alguna tensión internacional. Con un procedimiento escandaloso, ganó la licitación de las faraónicas represas Kirchner y Cepernic, de Santa Cruz , asociado a la china Gezhouba, un gigante de la infraestructura. ¿Habrá una revisión de ese negocio? El festival de coimas que investigaron Diego Cabot y Candela Ini presenta otros dos rasgos que lo vuelven explosivo. Uno es la persuasiva verosimilitud de los manuscritos de Centeno. Narran desde los "depósitos" en el departamento de los Kirchner hasta el stock mensual de postres que demandaba el diabético De Vido en su heladera. Como los monacales bolsos de López, los cuadernos tienen, por su materialidad, una contundencia superior a cualquier transferencia multimillonaria a una cuenta suiza. La otra característica de esta megacausa es que estará disponible la figura del arrepentido, legislada en noviembre de 2016. Este instituto fue crucial para la investigación del Lava Jato. Los magistrados brasileños explican que el principal incentivo del que confiesa no es abreviar su estadía tras las rejas, sino conservar una porción mayor del patrimonio: "Saben que, en adelante, les costará conseguir negocios y eso les hace pensar en la situación material de la familia", comentan esos jueces y fiscales. Bonadio y Stornelli están ante el caso más relevante de sus carreras. No solo por su trascendencia política e institucional. También porque esta investigación sobre corrupción, la más impactante de la historia nacional, desafía a una Justicia Federal bajo sospecha. A ellos se les ofrece la posibilidad de redimir a esa usina de impunidad en que se ha convertido desde hace décadas Comodoro Py. Bonadio llamó a declarar para el próximo 13 a un largo listado de exfuncionarios, encabezado por Cristina Kirch-ner. La nómina es también un reflector sobre los propios tribunales. No solo porque figura Norberto Oyarbide. También está José María Olasagasti, secretario privado de De Vido y álter ego de Alfredo Lijo, gestor judicial de, entre otros, el exministro de Planificación, y hermano del juez Ariel Lijo. Este magistrado figura como uno de los habitués de la joyería Simonetta Orsini, de quien fue socia hasta 2016 Miryam Cohen, la esposa de Ferreyra, el titular de Electroingeniería que terminó preso. Círculos mágicos. Olasagasti fue también el segundo de la AFI durante la gestión de Oscar Parrilli, quien también sería convocado por el juez. La pesquisa de Bonadio y Stornelli alcanzaría también a Javier Fernández, actual auditor de la Nación por iniciativa del bloque de senadores que conduce Miguel Pichetto. Fernández se hizo célebre por su influencia sobre muchos magistrados, ejercida a las órdenes del tenebroso Antonio Stiuso. Cabe la posibilidad, remotísima, de que la peripecia que se inició se proyecte sobre el propio terreno judicial. Las esquirlas llegan al presente. Uno de los detenidos es Javier Sánchez Caballero, que fue gerente general de Iecsa, la empresa que Franco Macri puso en manos de su sobrino Ángelo Calcaterra, primo hermano del Presidente. Iecsa fue comprada por el solícito Marcelo Mindlin, quien de inmediato exoneró a Sánchez Caballero. Macri padre y Calcaterra formaban parte del sistema de De Vido y tenían un vínculo simbiótico con Lázaro Báez. Calcaterra entró en zona de riesgo con las investigaciones por los sobornos de Odebrecht, de la que fue socio en el soterramiento del Sarmiento. La causa está bajo el discreto monitoreo de Gustavo Arribas, el jefe de la AFI. ¿Sánchez Caballero, un próspero desarrollador de la zona norte, era autónomo de su jefe Calcaterra? También cayó Juan Goycochea, de Isolux. Fue quien vendió un parque eólico a la familia Macri para que lo traspasara, con una ganancia de 15 millones de dólares, a Genneia, de Darío Lizzano, y a los chinos. Todavía es muy temprano para calibrar las consecuencias de este gigantesco escándalo sobre la lucha del poder. Con independencia de la suerte de su primo, Macri se puede sentir beneficiado. El consenso de que le costará mucho cumplir con sus promesas económicas exige sostener el compromiso de una regeneración moral. El Gobierno tiene poquísimo que ver con las revelaciones de estas horas. Pero puede atribuirse el clima en que ellas se producen. La orgía de sobornos tiene efectos electorales todavía misteriosos. ¿Cuánto afectará a Cristina Kirchner? ¿O la expresidenta ya es, para su feligresía, incombustible? Aun así, puede enredar la estrategia kirchnerista para tejer alianzas. Una lectura superficial apostaría a que, al dañar a la expresidenta, estas novedades fortalecen a sus rivales peronistas. A Sergio Massa, a Juan Urtubey o a Miguel Pichetto. Es una suposición apresurada. Macri tal vez lamente un debilitamiento de la señora de Kirchner. Pero la impresión de que toda la dirigencia está contaminada por una ola de indecencia fortalece su principal línea de acción: presentarse como una ruptura frente a ese orden decadente. Marcos Peña tiene derecho a sentirse corroborado. Y, todavía más, Elisa Carrió. Aunque la convalidación de Carrió es siempre un arma de doble filo. En enero pasado declaró: "Calcaterra tiene que estar preso". Hace 14 años, cuando no soñaba con ser el juez del Lava Jato, Sergio Moro analizó el terremoto Mani Pulite. Atribuyó su éxito al cumplimiento de tres reglas. Primero, avanzar sobre los empresarios antes que sobre los políticos, debido a que tienen menos recursos para condicionar a la Justicia. Segundo, explotar las delaciones, para que otros comiencen a quebrarse. Tercero, filtrar novedades a la prensa para que el interés por el caso no decaiga. Estas tres condiciones estarían presentes en la secuencia que se inició ayer (por el miércoles). Aun así, falta algo esencial para que se convierta en un verdadero Lava Jato. Se necesitaría una Justicia inquebrantable en todos los niveles. Eso, en la Argentina, todavía está por verse. (Versión resumida de la columna publicada en La Nación).
Corrupción en Argentina: Las Coimas K Las coimas en el Senado, el caso Skanska, la Rosadita, el capítulo argentino del Lava Jato, el escándalo por los aportantes truchos a las campañas políticas y, ahora, los llamados "cuadernos de las coimas" son parte de lo mismo. HUGO ALCONADA MON - LA NACIÓN (GDA) Son piezas de un rompecabezas que exponen cómo funciona en las sombras una red gigantesca de corrupción e impunidad. Tan grande que conforma un verdadero sistema de acumulación de poder y riqueza, impune, en la Argentina. Ese entramado incluye de todo: políticos, empresarios, periodistas y dueños de medios, jueces y fiscales, gremialistas, policías y espías, lobistas y mucho más. Y juntos conforman lo que un científico argentino que vive en Alemania, Matías Dewey, llama el "orden clandestino". Los cuadernos de las coimas son, por tanto, una nueva ventana que permite vislumbrar cómo funcionan los sótanos del poder en la Argentina. Por eso no es casual que en la misma trama aparezca el expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain. O el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, que también apareció en el entramado de los Panama Papers y en el capítulo argentino del Lava Jato. Según los arrepentidos brasileños de Odebrecht, fue Wagner quien les indicó con qué empresas locales debían asociarse, qué proyectos iban a ganar, a quién tendrían que coimear y a cuánto ascendería la coima. Por eso tampoco es casual que en el entramado aparezca un juez federal de Comodoro Py, como lo fue Norberto Oyarbide, junto a uno de los máximos operadores del kirchnerismo en la Justicia, Javier Fernández, quien también prestó servicios para Cambiemos durante los últimos años: para solucionar el meollo del Correo Argentino y para sacar a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Porque el "orden clandestino" excede a un sector político o empresarial. Es estructural. Por eso aparecen empresas cercanas al PRO, como Iecsa, con la detención de quien fue la mano derecha de Ángelo Calcaterra —primo de Mauricio Macri. Se llama Javier Sánchez Caballero, y los delatores brasileños de Odebrecht lo identificaron como otro de los articuladores de los negociados en el proyecto para soterrar el ferrocarril Sarmiento. Y aparecen también baluartes del empresariado kirchnerista como Carlos Mundin, de la empresa BTU —también mencionada en el Lava Jato brasileño— y Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería. ¿Acaso debe sorprendernos, a su vez, que muchos de los apuntados en los últimos años acudieron a las oficinas de Simonetta Orsini, más conocida como "la joyería del poder"? Liderada por un exnarcolavador convicto y la esposa de Ferreyra, y ubicada en la porteña esquina de Posadas y Cerrito, por allí desfilaron jueces, fiscales, empresarios y políticos deseosos de invertir fortunas en relojes y joyas, y cerrar allí más de un negocio sinuoso. ¿Un ejemplo? El legendario anillo de Oyarbide proviene de esa joyería. ¿Acaso sorprende, también, que el departamento de los Kirchner en otra esquina de la Recoleta porteña, Juncal y Esmeralda, sirviera de búnker para el dinero negro? ¿O que ese mismo inmueble haya sido uno de los departamentos que Cristóbal López les alquiló a los Kirchner durante años para, en teoría, uno de sus máximos colaboradores del Grupo Indalo? Porque esto es sistémico. Por eso tampoco debería sorprender que varias de las empresas allanadas ayer sean, a su vez, las grandes ganadoras de algunos de los proyectos de obras mediante el sistema de participación público privada (PPP) que impulsó el gobierno de Mauricio Macri y, también, algunas de las compañías identificadas en el Lava Jato. Al fin y al cabo, integran la llamada "patria contratista", más conocida en los últi-mos años como "el club de la obra pública". La pregunta ahora, no obstante, es qué ocurrirá con esta investigación judicial. ¿Morirá de inanición como tantas pesquisas previas? ¿Logrará "el aparato" dormirla durante años hasta su prescripción final, como ocurrió con cientos de expedientes sensibles durante las últimas décadas? Se trata, en suma, de un entramado que en los últimos tiempos recurrió a sus operadores para licuar la figura del arrepentido hasta convertirlo en un híbrido sin dientes. Lo mismo que con la ley de responsabilidad penal empresaria. Y lo mismo que ocurre ahora en el Senado con el proyecto de extinción de dominio. Al fin y al cabo, la Argentina, Venezuela y Angola son, también, los únicos tres países que aún no accedieron a la información sobre las coimas del Lava Jato, caso que duerme en Brasil desde el 1° de junio de 2017. Hace ya catorce meses. Eso acaso cambie pronto. Y junto con los cuadernos de las coimas, permita terminar con la red de corrupción e impunidad que desde hace décadas hunde a la Argentina. Será muy difícil.

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