Por qué Standard & Poor's mantuvo la calificación de Uruguay pero lanzó advertencias sobre el déficit y la deuda

La calificadora de riesgo Standard & Poor's mantuvo la nota de Uruguay de BBB+, dos escalones por encima del mínimo dentro del grado inversor, con perspectiva "estable". La calificadora destacó el esfuerzo del gobierno por estabilizar la deuda, contener la inflación y abordar los problemas de crecimiento económico, pero advirtió por una "reducción más compleja" para el déficit fiscal que la prevista y que "un crecimiento inferior a lo esperado o una depreciación más pronunciada del peso uruguayo podrían presionar la carga de la deuda".

La agencia evaluó que la calificación de BBB+ "refleja la estabilidad de la democracia y de las instituciones políticas de Uruguay, un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita que sigue siendo el más alto de la región y un perfil externo sólido".

"Estas fortalezas se ven contrarrestadas por presiones fiscales, ya que el limitado progreso en la reducción del déficit del gobierno central ha derivado en una acumulación constante de deuda. La flexibilidad monetaria se está fortaleciendo a medida que el Banco Central (BCU) gana credibilidad, tras haber logrado situar la inflación dentro del objetivo; no obstante, un elevado nivel de dolarización sigue limitando el crédito en moneda local y los mecanismos de transmisión de la política monetaria", advirtió el informe.

S&P analizó que "el presidente Yamandú Orsi (Frente Amplio) transita su segundo año de mandato; su administración ha mantenido la continuidad en los esfuerzos por estabilizar la deuda, contener la inflación y abordar los obstáculos al crecimiento, todo ello mientras gestiona las presiones políticas —incluso dentro de su propia coalición— para aumentar el gasto social".

La calificadora destacó el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida como una una "amplia reforma de desregulación" y que "una mayor apertura de mercados y una mayor inversión, gracias al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, deberían impulsar el potencial de crecimiento a mediano plazo".

El informe señaló que "la estrategia quinquenal de corrección fiscal de Uruguay se apoya en un aumento de los ingresos. Las restricciones presupuestarias —que abarcan los salarios, las jubilaciones y el pago de intereses— representan más del 80% del gasto total. Estas limitaciones reflejan desafíos estructurales, como el envejecimiento de la población y la indexación de los salarios, pero también responden a un contrato social en el que las prestaciones estatales constituyen un pilar fundamental de la cohesión social".

"Hasta la fecha, la administración Orsi se ha mantenido comprometida con el plan fiscal presentado en 2025, a pesar de un desempeño de los ingresos algo más débil en un contexto de desaceleración económica. No obstante, la reducción del déficit prevista a partir del próximo año podría resultar más compleja si el crecimiento económico o la implementación de los nuevos impuestos (como el Impuesto Mínimo Global) no alcanzan las expectativas, sumado a las persistentes presiones sobre el gasto", añadió.

La calificadora evaluó que pese a que el plebiscito jubilatorio fracasó en 2024, la presión política y social tras la reforma jubilatoria de 2023 continuó. "La administración Orsi canalizó el descontento social mediante la creación de una comisión de 'Diálogo Social', la cual recomendó introducir modificaciones legislativas a la reforma de 2023. La propuesta, actualmente bajo consideración en el Parlamento, mantiene la edad legal de jubilación en 65 años, pero contempla la posibilidad de una jubilación anticipada a los 60 años", explicó.

"De aprobarse, estos cambios conllevarían ciertos costos fiscales durante los próximos cinco años; no obstante, la propuesta también busca preservar la sostenibilidad a largo plazo mediante el establecimiento de una tasa de reemplazo más baja", analizó.

El informe estimó que "la deuda del gobierno central —neta de los activos del gobierno central y de la seguridad social— se estabilizará por debajo del 60% del PIB para 2029, frente al 55% del PIB previsto para 2026. Dicho esto, un crecimiento inferior a lo esperado o una depreciación más pronunciada del peso podrían presionar la carga de la deuda".

Para S&P "a pesar de la trayectoria de estabilidad macroeconómica de Uruguay y de la sólida posición financiera de su sistema bancario, el crédito bancario se mantiene en niveles inferiores a los de sus pares —equivalente al 32% del PIB—, debido en parte a la elevada dolarización de los depósitos".