Quitar beneficios fiscales a autos eléctricos: la cifra millonaria que podría recaudar Uruguay, según estudio de Ceres

En medio de la interpelación al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y en pleno debate sobre las proyecciones del Presupuesto, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) defendió la reducción de las exoneraciones impositivas a los vehículos eléctricos, propuso cerrar el negocio de producción de pórtland de Ancap y planteó críticas al proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida.

“¿Vale la pena seguir destinando recursos a exoneraciones transitorias?”, cuestionó el director ejecutivo de Ceres, Ignacio Munyo, en el desayuno organizado por el centro y titulado “La dura realidad: datos, análisis y perspectiva”.

Sobre ese punto, el economista coincidió con la idea del gobierno de avanzar hacia un retiro parcial de incentivos a particulares eléctricos y respaldó que tengan que pagar impuestos de los cuales están exonerados actualmente (Imesi) y una reducción del costo de la Patente, aunque resaltó la idea de mantener los beneficios arancelarios (Tasa Global Arancelaria).

"No hay forma de sostener una ciudad con un parque automotor que se multiplicó tres veces y medio en 25 años", señaló Munyo. En 2025 la Asociación del Comercio Automotor (ACAU) comercializó cerca de 20.000 vehículos eléctricos e híbridos y proyecta ventas de unas 30.000 unidades para este año.

El estudio de Ceres supuso que si con la eliminación de estos incentivos la venta de vehículos eléctricos se reduce en una tercera parte de los comercializados hasta ahora y se mantienen las ventas de vehículos a combustión, la recaudación potencial adicional del Estado sería de unos US$ 90 millones anuales.

“¿Vale la pena, en un contexto (donde) no hay margen de tener recursos, destinar US$ 90 millones a autos eléctricos?. Nosotros creemos que no, que hay otros fines más relevantes para utilizar estos recursos hoy en Uruguay”, sostuvo Munyo.

Foto: Estefanía Leal

Por otra parte, Munyo cuestionó la producción de pórtland de Ancap, negocio que arrojó pérdidas por US$ 31 millones en 2025, según datos de la estatal. Para abordar esta problemática, Ceres defendió “hacer una transición laboral financiada” con un subsidio temporal a cada trabajador por $ 80.000 mensuales por un año mientras se realizan capacitaciones a través del Instituto Nacional de Formación Profesional (Inefop), lo que supondría un costo estimado de US$ 8,8 millones.

“La realidad es que si se toma la decisión contundente de cerrar las dos plantas (ubicadas en Paysandú y Minas) y venderlas a los valores actuales de los activos que suman los dos, aproximadamente US$ 30 millones, nos ahorramos por año simplemente de la pena de US$ 22 millones”, justificó Munyo.

El director de Ceres destacó el proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aunque puntualizó algunas observaciones vinculadas a la regulación laboral para atacar la falta de competitividad en Uruguay. “Todo lo que hay va a contramano de mejorar la competitividad en materia de regulación laboral”, sostuvo Munyo.

Foto: Leonardo Mainé, El País.

En ese sentido, mencionó el proyecto de despidos anticipados impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y sostuvo que esto “no es una práctica que vaya de la mano con mayor competitividad para las empresas”.

Munyo también se refirió a la reducción de la jornada laboral promovida por el Pit-Cnt que procura bajar la carga horaria laboral de 48 a 40 horas semanales. Ceres sostuvo que Uruguay sufre de una productividad estancada y que la reducción de la jornada implicaría un aumento del costo laboral de 20%.

Por otra parte, el director de Ceres señaló que una de las falencias del proyecto de ley radica en un aumento del gasto público con un costo anual por persona de $ 316.000 anuales y un Estado “cada vez más complejo” con 79 entidades nuevas creadas durante los últimos 25 años.