El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, participó este martes de un evento en Madrid en el que dejó algunas definiciones sobre el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur y también sobre cómo avanza la disputa con el astillero español Cardama por la construcción de dos patrullas oceánicas.
Manifestó que la situación geopolítica actual ha permitido lograr el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, algo que veía "imposible" hace tres años. En un evento denominado Tribuna EFE-Casa de América durante su primera visita a España como ministro, expresó su confianza en que el acuerdo se rubricará el próximo 20 de diciembre en Brasilia, tras la cumbre del Mercosur que se celebrará en esas fechas en la capital brasileña.
El escenario mundial de los últimos meses, "totalmente distinto" a lo anterior, es para el ministro lo que ha posibilitado alcanzar el acuerdo, por el vínculo "más desafiante" de Europa con Rusia y la guerra arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.
Sobre este último asunto, Oddone expresó su preocupación de que la política comercial caiga en "este tipo de iniciativas arancelarias", aunque admitió la escasa capacidad de influencia de Uruguay como país pequeño en el que la política arancelaria de EE.UU. no está impactando "de manera significativa". Por ello, resaltó la importancia de alcanzar acuerdos y "flexibilizar posiciones".
Existen factores "de naturaleza política" que favorecen el acuerdo entre la UE y el Mercosur, como poder mostrar a un mundo cambiante "que estamos en condiciones de un poder comunicacional mucho más grande y mucho más relevante que en cualquier otro momento", resaltó.
Ante las objeciones de algunos países europeos, se mostró optimista sobre que "las negociaciones van a llegar a buen puerto" y enfatizó su voluntad de seguir negociando si así no fuera por la importancia que tiene este acuerdo para Uruguay.
Sobre la situación interna del Mercosur, expresó su absoluto convencimiento de que el tratado es "firme" y se refirió a la reciente inclusión de Panamá en el bloque como Estado asociado, un país que está avanzando "firmemente" para cumplir con los requisitos de adhesión.
Asimismo, indicó que el acuerdo con la UE va a ser un "catalizador" para que otros países soliciten adherirse al bloque sudamericano.
Un año después de que el Mercosur y la UE anunciaran el acuerdo final del histórico pacto comercial, la firma definitiva sigue pendiente por los retrasos europeos. El acuerdo fue validado en setiembre por la Comisión Europea, pero sigue pendiente del visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo.
Bruselas confía en que la aprobación pueda completarse antes de fin de año y, según el canciller brasileño, Mauro Vieira, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quiere firmar el 20 de diciembre.
El Gobierno uruguayo trabaja para solucionar la disputa con el astillero español Cardama
Por otro lado, Oddone aseguró este martes que el Gobierno de Yamandú Orsiestá trabajando para encontrar una "solución" a la disputa con el astillero español Cardama y señaló que asesores de la empresa se han acercado al Ejecutivo uruguayo para alcanzar un acuerdo.
El titular de Economía subrayó que existe una investigación administrativa por parte de su ministerio y el de Defensa para revisar la documentación que da cumplimiento al contrato con la empresa española, a la que Uruguay acusa de "fraude".
En este sentido, dijo que se han producido "iniciativas de mediación" por parte de asesores de Cardama, que se han acercado al Ejecutivo uruguayo para encontrar una solución al conflicto.
Asimismo, adelantó que "seguramente" abordará este asunto durante una reunión prevista este martes con asesores del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, residencia oficial del jefe del Ejecutivo.
El Gobierno uruguayo decidió rescindir en octubre pasado el contrato con el astillero español Cardama para la compra de dos buques de patrulla oceánica (OPV), después de comprobar que la empresa EuroCommerce —que debía ofrecer el aval— se encontraba en proceso de liquidación.
Orsi afirmó entonces que existían indicios de "una estafa o un fraude al Estado uruguayo" y ordenó iniciar acciones judiciales. Dos días después, el Gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía.
La semana pasada, Orsi aseguró que el Estado uruguayo no va a tener más remedio que ampliar esa denuncia.
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