BROU objetó una orden de Armada de pagar a Cardama, pero el Ministerio de Defensa de Lazo la reafirmó y autorizó

La intención del gobierno de rescindir el contrato con el astillero Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas generó varias reacciones de parte del Poder Ejecutivo, luego de que se comprobara que la firma española había presentado una garantía falsa y que a partir de esta se hizo entrar en vigencia el acuerdo que se había firmado en diciembre de 2023.

Además de la denuncia penal que presentaron personalmente el prosecretario Jorge Díaz y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, desde la cúpula del gobierno también se solicitó al Banco República (BROU) un informe sobre los pagos que se habían realizado al astillero desde que se hizo el primer anticipo en diciembre de 2024. En ese caso, fue por 8.227.000 euros.

A mediados de febrero de 2025 se abrió la carta de crédito en el banco por 28.794.500 euros para ser utilizada como medio de pago a medida que los hitos del contrato se fueran cumpliendo y documentando por parte del Deutsche Bank de Madrid.

“Es de destacar que la carta de crédito con fondos propios (prepaga) es un medio de pago habitualmente utilizado por el Ministerio de Defensa (MDN), así como por otros organismos del Estado para la adquisición de bienes”, consignó el BROU en una parte del informe del que dio cuenta Búsqueda. Por tanto, los pagos por hitos a partir de la carta de crédito, que se acordó se dividiera en tres cuotas a medida se cumplieran hitos de la construcción, fueron realizados todos durante la actual administración.

La gestión por el primer pago se dio el 12 de marzo cuando el Deutsche Bank informó al BROU sobre el cumplimiento del primer hito. Días después envió la documentación que corroboraba su cumplimiento. El primer hito consistía en la presentación de los planos de cuadernas maestras referente a los dos buques.

Sin embargo, al revisar lo presentado el BROU observó “discrepancia” con lo que se había pactado en la carta de crédito y comunicó sobre ello tanto al MDN como a la otra institución financiera actuante.

El banco estatal marcó que lo estipulado señalaba que la aprobación dada por el ordenante -del pago- no avalaba por la forma en que estaba expresado el cumplimiento del hito. Lo que se planteó fue que la carta de aprobación que había sido firmada en febrero por el comandante en jefe de la Armada Nacional, Jorge Wilson, debió decir “certifico y avalo” el pago cuando se manifestó “certificar y avalar”. Una cuestión de formas.

Estefania Leal/Archivo El Pais

Tras esta notificación, el propio MDN, liderado por Sandra Lazo, levantó la “discrepancia” y ordenó efectuar el pago por 8.227.000 euros que finalmente se realizó el 20 de marzo. A esa fecha, Wilson, que posteriormente fue sancionado por la ministra junto a otros tres oficiales, ya había abandonado la fuerza. A la semana, el 27, la cartera envió una nota al BROU consultando si el pago se había realizado. Consultada por El País, Lazo dijo que se enteró el mismo 20 de marzo que se había dado la orden y que la decisión no había pasado por el ministerio ni la tomó ella.

Según supo El País, el ida y vuelta entre el BROU y las autoridades del MDN por los pagos de los hitos hasta ese momento lo estaban manejando las principales jerarquías de la Armada. Al responder al BROU para ordenar el pago de la primera cuota a Cardama, la institución estaba encabezada por el actual comandante en jefe, José Luis Elizondo, quien había quedado como encargado de despacho de forma interina tras la salida de Wilson.

Meses después, en agosto, Lazo designó a Elizondo como máxima autoridad de la Armada. El documento elaborado por el BROU no detalla quién fue el interlocutor de la parte compradora y se refiere únicamente a que la orden de pago provino del MDN.

Posteriormente, el 30 de mayo, el Deutsche Bank notificó al BROU sobre el cumplimiento del segundo hito por la finalización de la colocación de la quilla. En junio, se transfirieron a nombre de Cardama 12.340.500 euros sin marcarse reparos. El segundo pago se concretó el 11 de junio.

Con la carta de crédito todavía vigente resta por abonarse de parte del Estado uruguayo lo que sería la cuota correspondiente al tercer hito (recepción de los motores), que se proyecta se dé en enero de 2026. El importe a pagar en ese caso es de 8.227.000 euros y una vez hecho, en caso de seguir adelante con el proceso establecido en el contrato -lo que está por dilucidarse-, se deberá abrir una nueva carta de crédito.

Foto: Estefanía Leal

El 23 de octubre, un día después de la conferencia de prensa en la que el presidente, Yamandú Orsi, habló de presunta estafa y fraude al Estado uruguayo, el gobierno consultó a la Asesoría Letrada del BROU para interiorizarse si era posible tomar “medidas suspensivas” sobre el pago de la última cuota de la carta de crédito. El BROU contestó que “desde el punto de vista jurídico” el banco tiene la obligación de pagar.

Por tanto, subrayó la entidad bancaria, el único mecanismo por el que se puede valer el banco para frenar el pago sería que no se presente la documentación correcta. “Si bien existen comunicaciones de las autoridades nacionales indicando la intención de rescindir el contrato, el crédito por su naturaleza es un operación independiente del contrato. Los bancos no están afectados ni vinculados. Por lo tanto, el compromiso de honrar, negociar o cumplir cualquier otra obligación en virtud del crédito no está sujeta a reclamaciones o excepciones por parte del ordenante (MDN). Sería en todo caso el ordenante el que debería activar mecanismos judiciales o extrajudiciales a fin de evitar el pago de la carta de crédito”, aclaró el BROU al gobierno sobre la imposibilidad de poder frenar el tercer pago por los buques oceánicos.