Lideco propone crear un “clearing” para el crédito comercial, similar a la Central de Riesgos del Banco Central

La Liga de Defensa Comercial (Lideco) propuso crear un sistema de registro de operaciones de crédito del sector comercial mediante burós de crédito regulados, La iniciativa fue planteada durante la discusión del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida que analiza el Parlamento.

La iniciativa apunta a que determinadas empresas comuniquen tanto el cumplimiento como el incumplimiento de operaciones crediticias. Según Lideco, el sistema podría cumplir para el crédito comercial una función de protección del mercado semejante a la que desarrolla la Central de Riesgos del Sistema Financiero del Banco Central del Uruguay (BCU).

La propuesta forma parte de un conjunto de planteos que la institución presentó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes durante el tratamiento del proyecto. Si bien reconoció algunos elementos tenidos en cuenta por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sostuvo que aún se puede “profundizar” en algunos temas. En ese sentido, consideró que la iniciativa del gobierno avanza en materia de disponibilidad, interoperabilidad y circulación responsable de información relevante para la actividad económica, pero entiende que algunos de esos mecanismos pueden mejorarse.

Uno de los cambios que la institución valora es el previsto en el artículo 19, que permite que los contribuyentes otorguen su consentimiento informado a la Dirección General Impositiva (DGI) y al Banco de Previsión Social (BPS) para habilitar el acceso de entidades autorizadas a información destinada a una mejor evaluación del riesgo crediticio.

Para Lideco, contar con información que no solo registre incumplimientos sino también el comportamiento regular y el cumplimiento de las obligaciones permite que quienes solicitan crédito puedan hacer valer su buen comportamiento como un activo reputacional. Según la institución, esto puede reducir las "asimetrías de información entre quienes solicitan crédito y quienes deben evaluar el riesgo".

La entidad empresarial consideró que este mecanismo podría ampliarse a otras fuentes de información, en particular, había planteado que mediante el consentimiento del interesado, pudiera accederse a información de la historia laboral, la facturación electrónica y las declaraciones ante la DGI.

Foto: Archivo El País

La institución señaló que esta posibilidad podría resultar especialmente útil para las pequeñas y medianas empresas, debido a que muchas veces no cuentan con información financiera suficientemente estructurada. A su juicio, permitir que la propia empresa habilite el acceso a información objetiva sobre su actividad, cumplimiento y capacidad económica podría contribuir a una evaluación crediticia más precisa.

El planteo sobre los burós de crédito va en línea con una propuesta más amplia de Lideco para aumentar la disponibilidad de información comercial y crediticia bajo mecanismos de consentimiento y protección de datos.

Sobre ese tema, el documento que presentó la institución ante el Parlamento también consideró relevante que el proyecto de ley pueda avanzar en el uso de la infraestructura pública de interoperabilidad para determinados actores privados. Según Lideco, la plataforma de interoperabilidad de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), podría ser utilizada, bajo determinadas condiciones y finalidades, por entidades vinculadas con la evaluación del riesgo crediticio, la prevención del fraude, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El proyecto también incorpora el Sistema de Finanzas Abiertas, que contempla la posibilidad de que los usuarios compartan de forma segura sus datos financieros y de pagos.

Foto: Ministerio de Economía y Finanzas

Entre las propuestas que la institución considera pendientes también está la posibilidad de acceder, bajo condiciones adecuadas, a información sobre personas fallecidas con fines de prevención del fraude y ampliar, cuando exista un interés legítimo, el acceso a información registral sobre bienes.

En materia de contrataciones públicas, Lideco había planteado además que en licitaciones superiores a 3.000.000 de unidades indexadas los oferentes acreditaran su solvencia patrimonial y crediticia mediante información de entidades especializadas, incluyendo su situación patrimonial, comportamiento de pago y antecedentes crediticios. Esa propuesta tampoco fue incorporada al proyecto.

Para Lideco, el acceso a mayor cantidad de información permitiría complementar las medidas destinadas a ampliar la concurrencia en las contrataciones públicas con herramientas para evaluar el riesgo de incumplimiento cuando se trate de contratos de una determinada magnitud económica.