El Senado aprobó este miércoles la Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida propuesta por el gobierno de Yamandú Orsi. En su mayoría de artículos, recibió apoyo unánime del Frente Amplio (FA), Partido Nacional y Partido Colorado, mientras que otros solo fueron aprobados por el oficialismo.
Además, la oposición presentó varios aditivos y sustitutivos, pero se acordó que estos sean tratados cuando el proyecto pase a la Cámara de Representantes; este miércoles ingresó a la cámara alta la Rendición de Cuentas con un plazo de 45 días para ser aprobada.
Blancos y colorados estuvieron de acuerdo con la dirección de la iniciativa desde un comienzo. De hecho, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian destacó en la sesión su “disposición” y “voluntad de buscar acuerdos”.
“El gobierno lo considera algo importante y nosotros también, porque muchas de sus disposiciones tenemos cifrada esperanza que impacten directamente en la gente”, respondió el senador colorado Robert Silva.
“Vamos a votar esta ley en general, porque Uruguay necesita ser más competitivo, eliminar burocracia, facilitar y atraer inversión, y generar empleo”, remarcó.
Sergio Botana, del Partido Nacional, manifestó que la ley tiene objetivos “que no debe haber uruguayo que no comparta” y que “no es cierto que Uruguay esté condenado a ser un país caro”.
Por su lado, el frenteamplista Daniel Caggiani aseguró en rueda de prensa que el proyecto “permite la mejora de la calidad de vida de los uruguayos, porque va a simplificar algunos trámites”.
Qué propone
El proyecto fue presentado a principios de junio, a través de una conferencia de prensa en la que participaron los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería), Cristina Lustemberg (Salud Pública) y Alfredo Fratti (Ganadería, Agricultura y Pesca).
Con más de 240 artículos, el proyecto tiene como objetivo reformar el Estado a través de menos costos operativos, reducción de la burocracia, fomentar las pymes y estimular la competencia de mercado.
Es una “modesta pero importante reforma del Estado, que desde 1995 no está sobre la mesa. Esto está en el corazón de esa agenda”, dijo Oddone por entonces.
Entre las principales medidas, destacó que varias refieren a “menos burocracia”, mediante aspectos como la unificación de registros (que la administración pública tiene de manera dispersa) y por eso se establece la creación de un registro unificado. “Por ejemplo, estamos creando un registro único de apoderados de compañías” para hacer trámites, agregó.
Otra medida para una menor burocracia es establecer en ciertos ámbitos el “silencio positivo” del Estado. “Una vez que la administración no dio respuesta en un período determinado, se toma como válida la petición que la empresa o el ciudadano realice”, indicó.
El ministro se refirió a que otro conjunto de medidas apuntan a bajar costos al comercio exterior. Una de ellas es el “autodespacho aduanero” y el deesempapelamiento” en el Estado: “Eliminando todos los papeles del comercio exterior, todo trámite será realizado en forma electrónica”.
A su vez, otra parte de las medidas apuntan a un menor costo de vida. En ese sentido, Oddone dijo que habrá “eliminación de barreras a la competencia, facilitando múltiples importadores de un producto” por ejemplo, cambiando los registros que hoy generan monopolios a la hora de importar un producto.
También habrá “información para el consumidor, estableciendo la publicación de precios según unidad de medida” como se realiza en varios países del mundo. “Que sea transparente para la persona y pueda elegir cuál es el costo unitario que más le conviene”, sumó el jerarca.
Además, otra parte de las medidas corresponden un impulso a la micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), “con medidas como la graduación tributaria, para eliminar rigideces tributarias y continuar con el nivel de formalización cuando las empresas crecen”, ejemplificó Oddone.