El proyecto de ley que trae "menos rigideces y menos burocracia" estatal para un país "competitivo" y "menos caro", según Oddone

"Esto es una modesta pero importante reforma del Estado, un tema que en Uruguay desde el año 1995 no estaba puesto sobre la mesa”, lanzó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, al referirse al proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida que está listo para ser presentado en el Parlamento la semana próxima, luego de las instancias de revisión jurídica que se están realizando, según anunció. Esta iniciativa había sido planteada por el propio y el presidente de la República Yamandú Orsi a mediados de marzo pasado para mejorar el país "lento y caro".

La última reforma del Estado de 1995 se centró en la reestructuración de la Administración Central y modernizaciones en educación y seguridad social. “Luego de eso, no ha habido iniciativas al respecto”, agregó el ministro, considerando que el nuevo proyecto de ley está “en el corazón” de la agenda país.

Ese fue el planteo que en conferencia de prensa, realizó Oddone junto a sus pares, Fernanda Cardona, de Industria, Energía y Minería (MIEM); Alfredo Fratti, de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); y Cristina Lustemberg, de Salud Pública (MSP).

El ministro dijo que esperan que este proyecto se apruebe en el Poder Legislativo este año y ante la consulta de si había algo innegociable en el texto, fue enfático: "En política no hay nada innegociable, todo es negociable", si bien dijo que el gobierno y el Frente Amplio tienen sus ideas de hasta dónde llegar con las modificaciones.

Oddone destacó que el proyecto de ley tiene un conjunto de reformas microeconómicas, y que el “buque insignia” del texto apunta a la simplificación de trámites en el país para aumentar su eficiencia y disminuir rigideces y costos, para aumentar la productividad y atraer inversiones.

Consultado por El País sobre cuándo la reducción de costos se verá reflejada en los precios al consumidor, Oddone reconoció que “a largo plazo”. Agregó que “esta ley es emblemática para el gobierno porque establece el rumbo para atacar problemas de competitividad y de altos costos de vida. Lo que esperaría es que el sistema político uruguayo entienda que para que el país sea más competitivo y menos caro, el camino está más en cosas de este tipo (las que indica este proyecto de ley) que en temas de macroeconomía”.

Oddone dijo que el proyecto generará resistencias. “Hay una zona de confort en la que están muchos agentes, que este proyecto pretende remover”, aseguró.

El ministro recordó que para la elaboración del proyecto de ley, tuvieron más de 40 reuniones con representantes de las cámaras empresariales, la academia, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil y que se recibieron más de 150 propuestas tanto en esos cónclaves como a través de la consulta pública. Además hubo más de 20 reuniones de equipos técnicos interministeriales para la redacción del texto.

Señaló que el exministro de Economía de Chile, Nicolás Grau, participó como asesor a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya que llevó adelante una reforma similar en el país trasandino.

El proyecto consta de más 240 artículos distribuidos en cuatro capítulos: agilización de trámites en la administración, facilitación en el comercio exterior, promoción de competencia y reducción del costo de vida, e innovación y aceleración de la inversión.

"Tenemos que generar un entorno competitivo para las empresas uruguayas, con menos rigideces y menos costos", señaló el ministro y añadió: "El sector público pone sobre la carga de las empresas y los contribuyentes un peso extraordinario".

Uno de los puntos que busca atacar el proyecto es el de la burocracia. El texto establece mecanismos para que el Estado sea más ágil y preciso a la hora de responder solicitudes de empresas y la ciudadanía.

"La burocracia encarece los productos de la canasta de las personas" porque tenemos "registros innecesarios" o se pide información una, dos y tres veces.

El proyecto de ley promoverá el uso de las declaraciones juradas (pasando a realizar controles ex post y no ex ante como ocurre actualmente), el establecimiento de plazos máximos para obtener una respuesta y el establecimiento de la falta de respuesta como un consentimiento de parte del Estado (silencios positivos).

También contempla la creación de un programa permanente de calidad regulatoria y agilización de trámites, orientado a mejorar los trámites de manera continua para simplificarlos, reducir sus tiempos y abaratarlos.

Por otro lado habrá plataformas accesibles para la agilización de trámites, buscando que ciudadanos y empresas puedan realizar sus interacciones con el Estado desde donde se encuentren e ingresando la información necesaria una única vez. Esto conduce a mejorar la automatización y comunicación entre los organismos. De hecho, el proyecto crea y promueve: un registro único de apoderados y representantes (donde las empresas registrarán sus representantes solo una vez y el Estado está obligado a usar esa información, evitando pedir en cada oficina estos poderes), la centralización de estados financieros (el Registro de Estados Contables en la Auditoría Interna de la Nación, tendrá plenos efectos sobre otras dependencias estatales que no podrán requerir los estados financieros, salvo razón fundada).

También crea la Ventanilla Única Marítima, que permitirá la gestión electrónica integrada de los trámites marítimos y portuarios (arribo, permanencia y salida de buques), bajo la dirección técnica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Se innovará con una "Plataforma de información positiva" que permitirá "mejorar el acceso al crédito" mediante la información positiva de los solicitantes (personas o empresas) ya que contendrá por ejemplo que alguien es buen pagador en UTE o Antel, indicó Oddone.

En la comunicación del MEF se indicó que se establecerá en este contexto: un sistema de información integral para la cadena cárnica, la promoción del Notariado electrónico, el mandato a interoperar con el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev) y mecanismos sectoriales para la agilización de trámites.

Oddone se refirió a que un conjunto de medidas apuntan a bajar costos al comercio exterior. Una de ellas es el "autodespacho aduanero" que permitirá, a las empresas registradas y con personal capacitado (esto lo definirá la reglamentación), prescindir (si así lo entienden) de la figura del despachante de Aduana. Esto lo aclaró Oddone a El País tras la conferencia y señaló que es una iniciativa conversada con los despachantes y que en vez de poner un límite en el monto (el proyecto de ley de Presupuesto establecía la posibilidad de prescindir de esta figura en importaciones o exportaciones de hasta US$ 10.000, pero naufrafó en el Parlamento), se hace mediante la estructura. Así se eliminaría en esos casos la obligatoriedad del despachante.

A eso se suma la agilización de procedimientos aduaneros, mediante la eliminación de la intervención previa de la Dirección General Impositiva (DGI) en mercadería que retorna e implementación del cobro diferido de tributos.

Y se hará el análisis de riesgo, sin controles redundantes. Aquí habrá canales de gestión diferencial y tramitación preferencial en el control de alimentos y bebidas importados por parte del LATU; un programa de reconocimiento de certificaciones u otras acreditaciones emitidas por autoridades u organismos certificadores de países con altos estándares regulatorios y la determinación de los canales de revisión en el control aduanero se realizará exclusivamente en base a análisis de riesgo de Aduana.

El ministro apuntó al "desempapelamiento" en el Estado en el comercio exterior: "Eliminando todos los papeles del comercio exterior, todo trámite será realizado en forma electrónica".

También habrá "ampliación de la duración de los registros sanitarios o técnicos", donde los registros de mercadería sometida a vigilancia sanitaria, fitosanitaria, técnica o ambiental tendrán una vigencia de 10 años, al igual que en Argentina y Brasil (actualmente, la vigencia es de cinco años). Además, en la renovación se quita la obligatoriedad de la traducción para documentos en inglés o portugués, y bastará la presentación de una declaración jurada por parte del responsable del registro, a menos que se hayan modificado las condiciones técnicas del producto.

El proyecto de ley revisa distintos registros y procedimientos de los sectores agro, industria y salud, promoviendo su agilización.

En agro: trazabilidad en la hortifruticultura; interoperabilidad y digitalización de registros en la cadena forestal.

En industria: eliminación de registro de empresas fabricantes de bebidas; simplificación del código minero; agilización de trámites ante el Banco de Previsión Social (BPS) para la industria proveedora de la construcción.

En salud: trámite en paralelo de habilitación de depósito y obtención de registros de productos; procedimiento simplificado a través de declaración jurada; se incorporan alternativas al certificado de libre de venta.

Foto: Leonardo Mainé, El País.

Oddone dijo que se fortalecerá y dotará de mayor independencia técnica a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) a los efectos de que tome un rol más proactivo en sus cometidos.

Para ello se la convertirá de un órgano desconcentrado del MEF a un servicio descentralizado. El proyecto de ley crea una autoridad de competencia autónoma, con nuevas reglas de gobernanza, independencia, financiamiento, personal y funcionamiento institucional, destacó el ministerio.

Habrá separación de las funciones investigativas y resolutorias. La Dirección de Investigación investiga y los comisionados hacen la valoración de la prueba y deciden. Además, se fortalece la capacidad investigava: se definen nuevas reglas sobre acceso a la información y mayores poderes para requerirla, realización de inspecciones y solicitud de medidas cautelares, junto con garantías procesales para los investigados.

Luego hay una serie de medidas para reducir el costo de vida y facilitar la toma de decisiones en base a información de calidad, según el MEF.

Allí está la facilitación de importadores múltiples de un mismo producto. Se habilitan múltiples registros de un producto sin requerir información que el regulador ya tiene, debiendo garantizar que el producto es el mismo y asegurar la trazabilidad de cada lote. Se permite aplicación restringida a orígenes confiables. Esto permitirá que no se generen monopolios a la hora de importar un producto, lo cual lo termina encareciendo, planteó Oddone.

Otro aspecto que plantea la normativa es que los locales comerciales deberán publicar, junto al precio de venta de los productos, los precios según unidad de medida (equivalente en kilos, litros o metros o unidades). Por ejemplo cuál es el precio por litro de un agua mineral de 0,5 litros, de 1,5 litros y de 2,25 litros.

Quedan contemplados los comercios con grandes superficies, los establecimientos que vendan alimentos y artículos de higiene personal o de uso doméstico. También alcanzaría a los canales de comercio electrónico.

El precio de venta y el precio por unidad de medida deberán exhibirse tanto en la etiqueta del producto en góndola como en medios digitales y mensajes publicitarios.

Con respecto a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), Oddone advirtió que actualmente hay “saltos discretos” en el sistema tributario que habría que hacer desaparecer. En esa línea, la ley promueve una “graduación tributaria”, más simplificada para este tipo de empresas, entre otras medidas.

Para las micro y pequeñas empresas se establece una facilitación de la gestión y facturación electrónica a través de la creación de un Sistema integrado de gestión y facturación gratuito. Además, hay una reducción de los costos de registro de productos de Mipymes.

También se apunta especialmente al desarrollo de las fintech (con la posibilidad de que en innovaciones o startups no tengan toda la regulación al inicio), a las finanzas abiertas, al fomento de financiamientos productivos y al apuntalamiento de fondos de inversión cerrados.

El proyecto de ley estimula la innovación de las fintech, con la habilitación de espacios controlados de prueba (sandboxes), los efectos de probar y desarrollar nuevas soluciones financieras.

En finanzas abiertas, se crea un sistema regulado por el Banco Central (BCU) que permite a los usuarios compartir de forma segura sus datos financieros con instituciones autorizadas mediante su consentimiento. Esto con el objetivo de promover la inclusión financiera, la interoperabilidad, la innovación y la competencia.

Respecto a los fondos de inversión cerrados promovidos, el proyecto de ley amplía el espectro en lo que se puede invertir, reduce barreras de entrada al eliminar la garantía hipotecaria y “los hace transparentes, por lo que tributariamente son beneficiosos”, dice el texto del MEF.

Las plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding) adquieren una definición ampliada con el nuevo proyecto de ley, además de establecerse incentivos tributarios para éstas.

En cuanto a los estímulos sectoriales, el proyecto de ley establece que para parques industriales, mayores incentivos tributarios a usuarios, facilidades en las autorizaciones de recategorización del suelo. Para la investigación clínica, se proponen incentivos para que se realicen en el país, dado que actualmente no se llevan a cabo. Y en materia de proyectos mineros, el proyecto de ley establece un ajuste en la definición de “minería de gran porte”.

Foto: Leonardo Mainé, El País.

Ante la pregunta de El País sobre si la parte de Finanzas Abiertas que promoverá el proyecto de ley (para que la información financiera sea de la persona o empresa que tiene una cuenta bancaria y pueda compartirse con fintechs por ejemplo) significará una flexibilización o levantamiento del secreto bancario en los hechos, el ministro Oddone respondió: “En la iniciativa que estamos incluyendo no hay, a entender nuestro, ninguna afectación de la regulación vigente del secreto bancario”.

“Esa es una discusión aparte que la vamos a procesar cuando lo consideremos necesario, de la misma manera que lo hicimos el año pasado, pero no involucra ningún cambio sobre el secreto bancario”, remarcó.

Y continuó: “El propietario de la información relevante sobre su comportamiento financiero es el ciudadano, por lo tanto (el otro planteo de levantar o flexibilidad del secreto bancario) está vedado”.

El ministro aclaró que “el secreto bancario protege al ciudadano, no a la entidad financiera. Entonces, la flexibilidad es para darle al ciudadano la garantía de que, cuando quiera, su información se puede compartir para que la interoperabilidad funcione mejor”.

“La propiedad de la decisión respecto a qué se comparte, qué no se comparte, con quienes se hace y la manera en que se hace, es del ciudadano. Eso es inviolable”, concluyó Oddone.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, destacó que el tiempo de presentación de este proyecto de ley es “perfecto”, dado que recientemente se ha firmado el acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) y las nuevas medidas facilitarán también las relaciones con Europa.

Cardona acaba de venir de un viaje a España y, al respecto, dijo a El País que “allí hay empresarios españoles entusiasmados con invertir y están viendo lo que hace Uruguay. Es un momento ávido en el que mundo nos mira”, afirmó.

Por su lado, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Afredo Fratti, recordó que “hace por lo menos 30 años que las gremiales agropecuarias y otras, vienen reclaman menos formularios, lo que hace más amigable para las empresas instalarse en Uruguay”.

Desde la cartera de Salud, Cristina Lustemberg destacó que “una población sana, es también una población productiva”, por lo que se involucraron en este proyecto de ley desde un comienzo. La ministra señaló que la simplificación de procedimientos no representará una disminución de los controles en el sector, sino mejores resultados.