Isaac Alfie: En la reforma previsional “al final no había diálogo social, era una cosa mayoritaria que impuso su visión”

El economista, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y exministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfie, cuestionó la instancia de Diálogo Social promovida por el gobierno de Yamandú Orsi para la reforma del sistema previsional. Entrevistado por Javier de Haedo en el podcast Nominal de la Universidad Católica (UCU), Alfie sostuvo que uno de los principales problemas de las propuestas que se han impulsado en esta materia es la ausencia de un verdadero diálogo social. A su juicio, una instancia que debería servir para construir acuerdos terminó convirtiéndose en un mecanismo para imponer una visión mayoritaria. “En el fondo no había diálogo social: era una cosa mayoritaria que imponía su visión”, afirmó durante la entrevista.

El exjerarca planteó sus reparos al proyecto que promueve el Poder Ejecutivo, particularmente por los cambios en las condiciones de acceso a la jubilación y la posibilidad de reducir la edad de retiro a los 60 años. Su principal cuestionamiento es que la propuesta puede generar incentivos para que las personas se jubilen antes, incluso cuando continuar trabajando podría resultar más conveniente para el sistema y para sus propias prestaciones.

Según explicó, el incentivo económico para postergar el retiro no sería sustancialmente diferente al que ya existe en la legislación vigente. Aunque reconoció que el nuevo esquema podría ofrecer un incentivo algo mayor, consideró que el problema central está en la suficiencia de las prestaciones y en los costos que implica adelantar las jubilaciones. “Vas a pagar antes, aunque pagues menos, y vas a dejar de recibir aportes de la persona. Vas a dejar de recibir esos aportes más el aporte patronal”, señaló.

El economista también cuestionó la metodología utilizada para evaluar el impacto de la reforma. En particular, hizo referencia al cálculo del valor actual neto de las prestaciones, que, según indicó, estaría realizado con una tasa de descuento de cero. Para ilustrar su argumento, planteó que las decisiones de consumo presente frente al consumo futuro deben considerar una tasa de descuento positiva.

A su entender, si se aplicara una tasa real del entorno del 5%, el resultado del cálculo cambiaría y el retiro anticipado podría resultar económicamente más conveniente para una parte de los trabajadores.

Foto: UCU.

En ese escenario, advirtió que quienes tendrían mayores posibilidades de aprovechar la opción de jubilarse antes serían las personas de ingresos relativamente más altos, que ya alcanzaron el promedio de los mejores 20 años de aportes y tienen menos margen para mejorar su futura jubilación si continúan trabajando. En cambio, quienes tienen trayectorias laborales más fragmentadas podrían enfrentar mayores dificultades para acceder a los requisitos contributivos.

Otro de los puntos que cuestionó fue la eliminación del mínimo no deducible para determinados ingresos adicionales de quienes reciben el suplemento solidario. Explicó que la normativa vigente establece un umbral por debajo del cual ciertos ingresos complementarios —como rentas de alquileres o intereses— no afectan el beneficio. La modificación, sostuvo, podría generar una carga muy elevada sobre los ingresos de personas que construyeron un ahorro para complementar su jubilación.

“Te van a cobrar un impuesto del 33% arriba del IRPF. Te van a sacar el 50% de tu ahorro”, advirtió. Y agregó que la clase media no debería ser penalizada de esa manera: “Es la que sostiene la sociedad en todos lados, la que paga los impuestos, la que trabaja”.

Más allá de la discusión previsional, Alfie hizo un balance crítico del desempeño económico uruguayo desde el retorno de la democracia. Si bien reconoció avances importantes en materia de estabilidad macroeconómica, institucionalidad y reformas estructurales, consideró que el país no ha logrado sostener un ritmo de crecimiento suficiente en los últimos años.

A su entender, el crecimiento registrado entre 1985 y 2014 permitió financiar el modelo de convivencia y protección social característico de Uruguay. Sin embargo, la situación cambió a partir de 2015.

“Después de 2015, imbancable. Absolutamente imbancable”, afirmó al referirse a la posibilidad de sostener el gasto público con los niveles de crecimiento de la última década.

En ese sentido, cuestionó que Uruguay haya normalizado un déficit fiscal cercano al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) durante un período prolongado. También planteó que la medición de la deuda pública debería contemplar la totalidad de los pasivos, incluidos los del Banco Central.

Para revertir esa situación, consideró necesarias reformas que impulsen el capital humano, mejoren la educación y transformen la gestión del Estado. En particular, reclamó avanzar en mecanismos de evaluación del gasto, desburocratización y cambios en la administración pública.

Como referencia, mencionó las reformas fiscales implementadas en Estados Unidos durante la década de 1990, que establecieron restricciones al crecimiento del gasto y exigieron justificar los nuevos programas públicos mediante resultados y beneficios concretos.

El exministro de Economía y exdirector de OPP, también cuestionó el diseño de la política monetaria y cambiaria uruguaya. A su entender, el uso de la tasa de interés como principal instrumento tiene limitaciones en una economía parcialmente dolarizada, donde el crédito en moneda nacional representa una porción reducida de la actividad económica.

“Estás usando un instrumento que en el fondo prácticamente estás manejando el tipo de cambio con la tasa de interés”, explicó. Consideró que el principal canal de transmisión de la política monetaria en Uruguay es el tipo de cambio y no el crédito, como sucede en economías menos dolarizadas. Esto genera, a su juicio, un problema adicional: cuando se aprecia el peso, la demanda no necesariamente se contrae, sino que puede desplazarse hacia bienes importados, viajes y otros consumos en el exterior.

Foto: leonardo mainé / El País.

Respecto a la meta de inflación del 4,5%, consideró que no sería prudente reducirla en el corto plazo, debido a los compromisos salariales y presupuestales construidos sobre esa referencia. También señaló rigideces en el funcionamiento de los Consejos de Salarios. Sin embargo, aclaró que los principales problemas del mercado laboral no están en los derechos vinculados a las licencias o las formas de despido, sino en la organización del trabajo.

“Es un tema de organizarlo distinto y organizarlo con una flexibilidad moderna”, afirmó. En particular, apuntó a la antigüedad de las categorías laborales y a las dificultades para adaptar las condiciones de trabajo a las transformaciones productivas.