El sindicato de trabajadores del Frigorífico Carrasco (Sitfrica) resolvió declararse en conflicto ante la falta de avances en las negociaciones con la empresa Minerva Foods. La planta permanece sin actividad desde octubre del año pasado y unos 600 trabajadores se encuentran en seguro de desempleo.
En un comunicado, la organización sindical señaló que desde hace un año los trabajadores viven en una situación de incertidumbre y sostuvo que en las instancias de negociación existió "buena voluntad" tanto de los trabajadores como del Poder Ejecutivo, pero cuestionó que la empresa "no avanza, no propone, solo especula con la necesidad de los trabajadores".
Además, acusó a Minerva de utilizar el seguro de paro como una herramienta para administrar su economía y también como un "arma de extorsión" para alcanzar sus objetivos de ajuste, que, según expresó, incluyen despidos y rebajas salariales.
Entre sus principales reclamos, los trabajadores exigen certezas sobre qué ocurrirá con los puestos de trabajo, una fecha de reintegro a la actividad, definiciones sobre las licencias y un cronograma concreto de reactivación de la planta.
La situación del Frigorífico Carrasco también había sido cuestionada en el Parlamento, en una sesión en el mes de octubre. En una intervención anterior, el diputado colorado Horacio de Brum había puesto en duda que la paralización de la planta respondiera a dificultades económicas. "¿Quién se va a comer la pastilla de que acá hay un problema económico?", había planteado.
En octubre, el senador del Frente Amplio Óscar Andrade anunció en el Parlamento que el oficialismo tiene bajo análisis una normativa "que regule esta circunstancia del uso extorsivo del seguro de paro para negociar condiciones a la baja". Según consignó La Diaria, el legislador sostuvo que se trata de un problema que "viene de por lo menos una década" y que "han pasado las últimas dos administraciones y no le hemos encontrado la vuelta a una estrategia de las multinacionales", agregó Andrade.
Por su parte, el mismo medio consignó que la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi sostuvo que el problema de fondo es que Uruguay entregó buena parte de su industria frigorífica a empresas brasileñas. "Es un monopolio brasileño", afirmó la senadora y consideró que si bien los seguros de paro deben aprobarse para garantizar los ingresos de los trabajadores, es necesario revisar las decisiones que llevaron a que la mayor cantidad de frigoríficos quedara en manos de la industria brasileña.
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