El reclamo que frenó la importación de utilitarios usados a Uruguay por su impacto en el transporte

En medio de las discusiones que atraviesa el transporte de carga, referentes del sector resaltaron la eliminación del artículo 94 del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida planteado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que habilitaba la importación de vehículos utilitarios usados.

“Si al sector se le da un paquete integral de medidas y logra estabilizarse y que los precios de transporte reflejen los costos, y eso nos permite trabajar de manera formal, ahí sí podemos meter medidas de este tipo que nos van a beneficiar”, dijo a El País el presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC), Ignacio Asumendi.

“Tenemos competencia desleal, un exceso de camiones en determinados momentos, entre otros problemas, que son aspectos que complican que se llegue a la formalidad en el sector. Agregar esto es como agregar una distorsión adicional”, sostuvo Asumendi y agregó: “Si nosotros generamos una medida que va a deprimir los precios y el capital del transportista, lo que va a hacer es justamente agravar el problema”.

Natalia Rovira/Archivo El Pais

Por su parte, el gerente general de la Asociación de Comercio Automotor (ACAU), gremial que también se opuso a la importación de utilitarios usados, Ignacio Paz, señaló a El País que de haberse aprobado el artículo, Uruguay se convertiría en “un chatarrero del mundo”.

El presidente de la ITPC recordó que la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, presentó al MEF una serie de informes en los que exponía los motivos para retirar el artículo y postergar la discusión hasta que fuera posible establecer un "paquete integral de medidas para el sector”.

Durante la discusión en el Senado, el artículo 94 fue descartado luego de que ACAU solicitara su eliminación por motivos vinculados a la seguridad vial, las emisiones, la disponibilidad de repuestos, el mantenimiento, el fraude y el impacto sobre la actividad formal.

El gerente general de ACAU explicó a El País la importancia de los controles de seguridad en las importaciones y los problemas de trazabilidad que podría generar el ingreso de vehículos usados.

Leonardo Maine/Archivo El Pais

“El Poder Ejecutivo la defendió como mecanismo para abaratar bienes de capital manteniendo requisitos técnicos. La Comisión terminó rechazando el artículo”, indicó el informe de evaluación aprobado por el Senado.

En julio de este año, luego de que el proyecto ingresara al Parlamento, la Comisión de Hacienda del Senado recibió a una delegación de ACAU, que manifestó sus discrepancias y su “profunda preocupación” por el artículo.

“ACAU entiende que esta modificación implica un cambio de política pública sin respaldo técnico suficiente y sin que se haya hecho una consulta previa al sector, contradiciendo los fundamentos que dieron origen a la prohibición vigente, basada en criterios de seguridad vial, protección ambiental y control del parque automotor”, sostuvo ante el Parlamento el presidente de la gremial, Nicolás Papariello.

Papariello también reconoció que la importación de vehículos usados podría representar una "oportunidad de negocio" para los importadores, aunque advirtió sobre el posible “envejecimiento” del parque automotor local.

“Con respecto a la competitividad del transporte, entiendo claramente que el espíritu del artículo pasa por lograr tener un menor costo en la estructura y fundamentalmente en los fletes. El tema es que, aunque el costo inicial del camión sea menor que el nuevo -claramente por ser usado-, hay otros elementos que son muy importantes y que van a incidir a la inversa”, había señalado el presidente de ACAU ante la comisión.

En esa instancia, agregó que los camiones usados podrían implicar mayores gastos de mantenimiento y consumo de combustible, además de más tiempo de inactividad.