Las empresas asociadas a la Cámara de Asesores de Inversión y Gestores de Portafolios de Uruguay (CAIU) manejan alrededor de US$ 40.000 millones de un total de unos 40.000 clientes en el sector, buena parte uruguayos, según el Banco Central (BCU).

El dato fue manejado en el “CAIU Day”, que -en su segunda edición- se llevó a cabo ayer en un auditorio de Zonamérica, donde se compartió información regulatoria y de innovación -abarcando temas sobre prevención en lavado de activos y financiamiento al terrorismo, modelos de detección de operaciones sospechosas, actualización sobre los resultados de las inspecciones del BCU, inversiones en la economía real, etcétera- entre autoridades del ente, entidades privadas y gestores.

Se trató de una puesta al día en la que se manejó cómo la figura del agente de gestión del BCU ha ido evolucionando (al principio era solo de fiscalización a partir de denuncias y ahora cumple una función más estratégica), el nuevo requerimiento de que las entidades deberán presentar más información cruzada a partir del próximo año, las regulaciones sobre protección de datos e inteligencia artificial que han surgido, el rol de Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) en esta materia, la operativa con criptoactivos, el mercado privado de capitales (cuyos retornos pueden duplicar o más a los de mercados públicos), entre otros frentes.

Pablo Rubio, presidente de la CAUI, dio apertura al evento destacando la importancia del trabajo de colaboración entre las partes para robustecer el sistema. Por su parte, el presidente del BCU, Washington Ribeiro, consideró que una de las funciones del ente que dirige -además de mantener la inflación controlada y generar confiabilidad en el mercado-, no solo es velar sino promover el desarrollo de los negocios, como el de este sector.

Lo cierto es que la convocatoria se centró en destacar cómo es necesario desarrollar nuevas acciones de prevención y supervisión para proteger a los clientes.

Ribeiro también dedicó parte de su exposición al plebiscito de la reforma de la seguridad social promovido por el Pit-Cnt y algunos sectores del Frente Amplio, alertando que, en su opinión, no generará empleos (al contrario) y que será perjudicial para el país.

Foto: Francisco Flores

Daniel Torregiani, jefe de Unidad de la Supervisión de Cumplimiento de la autoridad monetaria, compartió que desde 2017 a la fecha el regulador ha aplicado nueve sanciones en el sector, las que se debieron principalmente a cancelaciones de actividades en el marco del mercado de valores y también sanciones por realización de actividades reguladas a entidades que no contaban con la licencia de asesor de inversión o gestor de portafolios.

Algunas infracciones identificadas consistieron en incumplimientos severos a cambio de comisiones importantes (con el resultado de “clientes que perdieron todo”, dijo), falsificaciones de registros, entidades que tenían licencias para operar pero para otro tipo de actividad, obstáculos al acceso del fiscalizador a las oficinas a inspeccionar y actividades fuera del país con licencia del BCU.

“En el transcurso de las actuaciones de fiscalización, determinados asesores de inversión solicitaron la baja voluntaria del registro”, agregó Torregiani, al tiempo que comentó que en otros casos se iniciaron sumarios al personal superior de las entidades.

Cabe señalar que las multas aplicadas varían entre 50.000 UI (unidades indexadas) y 300.000 UI, dependiendo de la existencia de circunstancias agravantes, pudiendo llegar a la cancelación de la actividad.

¿Cuáles han sido las irregularidades más frecuentes? Según Torregiani, la falta de entrega de información a los clientes (o entrega parcial de la misma), en particular sobre los costos en los que incurrirían con sus operaciones (esto sucedió en el 80% de los casos fiscalizados). “Los clientes dicen que tuvieron que pagar comisiones para bajarse de una operación o por otras cosas, pero no hay constancia de que hayan sido informados de ello”, dijo Torregiani.

También el BCU detectó debilidades vinculadas a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (70% de los casos), incumplimientos sobre los perfiles de clientes (muchas veces incompletos) o en las estrategias de inversión (70% de las inspecciones), e incluso faltante de documentación mínima sobre los clientes (57% de los casos).

Foto: Darwin Borrelli

Sobre las debilidades vinculadas al lavado de activos y financiamiento al terrorismo ya mencionadas, destacó sobre todo la falta de elaboración de informes circunstanciados (detallados), la no actualización de estos o la ausencia de justificación adecuada sobre el origen de los fondos de los clientes.

En esa línea, también se identificó falta de documentación de respaldo de los informes, o la imposibilidad de verificar la realización de cruce de datos con listas negras (el BCU recomienda que esto se lleve a cabo mensualmente).

Torregiani también advirtió a la audiencia (asesores de inversión y gestores) que las declaraciones de impuestos no alcanzan para justificar los fondos (como muchas veces los argentinos intentan hacer y se permite). También han visto estrategias de inversión muy generales o breves, por lo que recomendó especificar mejor los criterios para conformar los portafolios de inversión.

Por su parte, Albana Rodríguez Capurro, chief operating officer de Boulder Tech y community builder de Ethereum, defendió el mundo cripto y las billeteras electrónicas, afirmando que son monitoreados, que hay plataformas que chequean automáticamente las transacciones y que son más seguras de lo que se cree. “Es imposible borrar los orígenes de los fondos en criptos”, lanzó.

La Ley de Protección de datos personales data de 2008, pero mucha agua corrió bajo el puente y existen nuevas disposiciones con mayores exigencias.

No alcanza con proteger los datos en sí, sino registrar la base correspondiente, actualizarla, tomar medidas de seguridad, cumplir el deber de no divulgarla y demás. “Las sanciones por incumplimiento van desde observaciones hasta la clausura de la base de datos, además de económicas”, advirtió Gonzalo Sosa, coordinador de Protección de Datos en la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de Agesic.

Actualmente las disposiciones vinculadas a la inteligencia artificial en relación a la protección de datos pasan tanto por el Sistema de Gestión de la Unidad Reguladora de Datos Personales (Urcdp) como por Agesic, como rector de la estrategia de inteligencia artificial.

Sosa aclaró algunos puntos, como por ejemplo que subir datos a Google también se considera “transferencia internacional de datos”, que el uso de datos abiertos es promovido por Agesic pero “hay que pensarlo bien” (sobre cómo se hace) -dijo-, también recordó que la imagen es “dato personal”, y apuntó que el consentimiento que se obtiene del cliente “no sirve para todo”.

Cecilia Gallero, del BCU, planteó que los “modelos de detección de operaciones sospechosas” fortalecen los programas de prevención de lavado de dinero en instituciones de cualquier tamaño.

La premisa es que, utilizando análisis algorítmico, esas soluciones -bien elaboradas- permiten mitigar el riesgo de actividades ilícitas, detectando comportamientos inusuales o sospechosos. Esto también permite que la institución en cuestión reduzca el riesgo de sanciones y mejore la capacidad de respuesta real ante actividades ilícitas que sobrevengan.

El modelo que presentó a modo de ejemplo en el evento, incluye factores de riesgo con puntuaciones y alertas.