La Cámara de Asesores de Inversión y Gestores de Portafolios de Uruguay (CAIU) realizó un evento ayer sobre la situación del sector, el cual abarcó temas de estándares de gestión, ética, pequeñas y medianas empresas (pymes), cómo Uruguay está posicionado en esta materia y otros aspectos de la realidad nacional.

El “CAIU Day” contó con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou, autoridades del Banco Central (BCU) y de Zonamérica, además de expertos y representantes de la CAIU, como su presidente Pablo Rubio; mientras que el moderador del evento fue el editor de Economía y Negocios de El País, Fabián Tiscornia.

Una de las conclusiones a las que se arribó, fue que las empresas en Uruguay podrían participar más del mercado de capitales si existieran incentivos adecuados y educación financiera temprana.

Patricia Tudisco, intendenta de Regulación Financiera del BCU, dedicó su exposición a la importancia de la ética para promover la confianza en el sistema, para lo cual la institución cuenta y difunde un código de ética, una guía de buenas prácticas -de adhesión voluntaria por parte de las empresas- y nuevos estándares para gestores y entidades del sector emitidos recientemente, entre otros instrumentos.

Tudisco hizo énfasis en que los mecanismos de resolución de disputas deberían ser más rápidos, también puso el foco en la privacidad de datos y en la prevención de lavado de activos y fraude.

En tanto, Federico Stanham, socio de Grant Thornton y miembro de CFA Society Uruguay, reconoció que existen asimetrías de información que desalinean a asesores y clientes, en especial al cliente de retail. “Hay dilemas éticos que aparecen en el día a día del cliente”, señaló Stanham. Entre ellos, destacó el cobro de comisiones presuntamente no transparentes, según los clientes y recomendaciones de inversión que muchas veces no corresponden con el perfil del cliente. Los fondos mutuos también generan dilema en Uruguay, dijo.

Según el socio de Bragard Abogados, Jean Jacques Bragard, la dificultad de acceso al mercado de capitales por parte de las pymes, que son mayoría en el país, es de larga data, pero en los últimos 15 años se lograron avances, por ejemplo, con políticas de Estado que canalizaron inversiones en infraestructura y en proyectos productivos como el forestal, precisamente con fondos de inversión.

Sin embargo, “la conexión entre las pymes y el mercado de capitales no es tan clara”, dijo Bragard. “Las pymes acceden al mercado de valores pero solo de la oferta privada y en forma aislada (...) Desconocen el circuito del mercado de valores, lo ven lejano y difícil”, afirmó. En ese contexto, Bragard lanzó que actualmente las pymes podrían considerar al mercado de capitales como opción, porque esta es una “alternativa real” al préstamo bancario, en tanto más flexible, con financiamientos a largo plazo y otras ventajas, destacó.

De hecho, la normativa se flexibilizó para las pymes, muchas de las cuales pueden hacer emisiones sin calificación de riesgo. Tampoco deben contar con auditoría externa sino que alcanza con revisiones limitadas, lo que disminuye los costos. “Hoy no se requiere una estructura pesada para salir al mercado”, dijo Bragard.

El abogado propuso que a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) se les permita realizar oferta pública, “como en el resto del mundo”, y que se incorporen otras figuras en el Sistema Nacional de Garantías (SIGA), ya que a su entender podría expandirse. Asimismo propuso “crear una figura que quite costos y barreras, con foco en las pymes”, y nuevas acciones sectoriales, aunque para esto habría que modificar leyes, señaló.

Por su parte, el líder de Banca y Finanzas de Ferrere, Diego Rodríguez, se centró en la responsabilidad de los asesores y gestores en casos de pérdidas financieras. Muchas veces existen zonas grises y se diluyen las causas de las pérdidas financieras, lo que da lugar a conflictos, señaló. En tal sentido, el abogado recomendó dar “información clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo a clientes, y documentar debidamente el asesoramiento. En tanto, la socia de Bragard Abogados, Agustina Bomio, aclaró aspectos legales y regulatorios sobre registros, autorizaciones y licencias y llamó la atención sobre el hecho de que hoy existen muchos “clientes compartidos” entre gestores, asesores y otras entidades, por lo que la información debe ser más clara que nunca.

El abogado de Hughes & Hughes, Santiago Camacho se refirió al sistema de tercerización en el sector y las normativas que se han modificado por parte de la Superintendencia del BCU en relación a los contratos de adhesión, quedando el desafío de la aplicación de las normas.

En tanto, el abogado de Posadas, Posadas & Vecino, Andrés Aznárez cuestionó las garantías que se les exige a los gestores y no a los inversores. Por su parte, Marcelo Casciotti, socio de Romay Consultores, habló sobre las modalidades de fiscalización, sobre todo para la prevención del lavado de activos por parte del BCU.

El abogado de Ferrere, Federico Lemos se refirió a los criptoactivos y a la necesidad de articular estas nuevas figuras con los roles de asesores y gestores de inversión. Asimismo, dijo que existen nuevos modelos de la banca privada, que implican desafíos para el regulador.