El Gobierno cubano excarcelo ayer miércoles a Jonathan David Muir Burgos, un adolescente de 16 años recluido en la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, y que era considerado el preso político más joven del castrismo. La excarcelación de Muir Burgos ha sido confirmada por organizaciones de derechos humanos. El joven fue detenido tras las protestas del 13 de marzo en Morón, las autoridades lo acusaron de “sabotaje” y estuvo en prisión más de tres meses. “Preocupa muchísimo que el Estado utilice los procedimientos penales para privar de la libertad a menores y llevarlos a centros penitenciarios cerrados”, critica Laritza Diversent, destacada abogada de derechos humanos y activista exiliada en Estados Unidos.
El caso de Muir Burgos expone de manera cruda una de las realidades más alarmantes de la Cuba contemporánea: la criminalización sistemática de los menores de edad que participan en las protestas sociales. Detenido tras sumarse a las manifestaciones populares de marzo en la localidad de Morón, motivadas por los asfixiantes apagones y la escasez generalizada de alimentos, Muir se ha convertido en un símbolo de la desesperación de una generación atrapada en la peor crisis económica de la isla en tres décadas. Diversent, fundadora de Cubalex -una organización que monitorea la situación de derechos humanos en la isla- afirma que tenían identificados cuatro menores de edad privados de libertad por participar en la protesta de Morón, entre ellos Jonathan.
La liberación de Muir Burgos ha sido recibida con profunda cautela por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Diversent advierte desde el exilio que este paso no representa el fin de la política represiva del régimen cubano contra las manifestaciones ciudadanas, sino una táctica recurrente de supervivencia política y descompresión penal.
Para Diversent, el foco principal de alarma sigue estando en la vulnerabilidad de los menores de edad dentro del actual ciclo de descontento social. “Es importante, sobre todo en el contexto de protesta por el deterioro de las condiciones del país, ver que son los menores los que están tomando muchas veces el rol de manifestarse y que el Estado reacciona sin tener en cuenta las características legales y sociales que tienen estos menores”, explica la abogada.
La detención de Muir no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón punitivo que se consolidó a partir de las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11-J). Desde entonces, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel ha utilizado el aparato judicial para desactivar el descontento social mediante condenas ejemplarizantes, alcanzando incluso a adolescentes que, según el Código Penal cubano modificado en 2022, son penalmente responsables a partir de los 16 años. Organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y Justicia 11J documentan que cientos de menores han pasado por procesos cautelares o condenas de internamiento, violando los convenios internacionales sobre la protección de los derechos del niño.
La directora de Cubalex insiste en que la salida de Muir Burgos del centro penitenciario de Canaleta no debe leerse como un acto de justicia o un alivio definitivo. De hecho, prefiere el término técnico de “excarcelación” antes que el de “libertad”, puesto que el menor continúa bajo el control punitivo del Estado. “No han hecho juicio todavía, pero pueden haberle cambiado la medida de prisión provisional por una fianza o una obligación contraída en acta, que significa que el menor va a seguir siendo controlado por las autoridades policiales en sus comunidades y esto a veces es mucho más contraproducente, porque se trata de citaciones constantes, amenazas”, denuncia Diversent, alertando sobre el daño psicológico e irreversible y el estigma social que este acoso genera en un adolescente.
El caso adquiere una dimensión diplomática de alta sensibilidad debido al momento en que se produce. La detención de este adolescente ocurrió en medio de discretas pero complejas negociaciones bilaterales entre La Habana y Washington, en las cuales la Administración estadounidense mantiene como exigencia irrenunciable la liberación de los más de mil presos políticos que se contabilizan en la isla. El Gobierno de Trump también ha recrudecido las sanciones y la asfixia económica contra el régimen, para forzar un cambio de timón en el gobierno cubano.
Diversent vincula directamente las excarcelaciones con la asfixia interna en la isla y la necesidad del régimen de emitir señales diplomáticas hacia Washington en un momento de máxima tensión. “Todas las excarcelaciones que vimos, la de 2025, 2026, todas han sido bajo presión”, insiste. Añade que el Gobierno enfrenta una severa crisis de hacinamiento carcelario y utiliza a los detenidos como fichas de negociación. “Las excarcelaciones siempre han sido bajo presión y lo que ha tratado de hacer el Gobierno es usarlas como moneda de cambio, que es lo que aquí estaríamos viendo. Estas liberaciones buscan decirle al Gobierno de Estados Unidos: ‘Mire, estamos cambiando de posición’. Porque tener menores presos ya es bastante feo”, explica.
La abogada recuerda que el sistema judicial de la isla carece de independencia y sigue instrucciones políticas para dictar condenas severas con fines de control social: “Esto de imputar sabotaje cuando se protesta contra los símbolos del Gobierno es erróneo, no es un delito de sabotaje, es un hecho más de carácter político contra la seguridad del Estado. Eso se está convirtiendo en un hábito para el Estado”, explica. La preocupación central de Cubalex, por tanto, permanece intacta. Mientras Jonathan David Muir Burgos abandona la celda bajo restricciones, el mecanismo de la “puerta giratoria”, dice Diversent, asegura que el flujo de personas detenidas en Cuba no se detenga. Carlos S. Maldonado / El País de Madrid
Cuba “No tiene otra opción que reformas”
Estados Unidos afirmó durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que concluyó el miércoles en Panamá, que Cuba debe emprender reformas económicas y políticas inmediatas ya que “no tiene otra opción” ante la situación que atraviesa el país. Durante su intervención en el foro anual celebrado en Ciudad de Panamá, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, sostuvo que el aparato castrista lleva 67 años en el poder sin elecciones libres, y aseguró que el sistema político de La Habana está “colapsando” y que la isla debe cambiar su modelo de Gobierno.
“No tiene otra opción”, añadió. Landau insistió en que Cuba, que rechaza participar actualmente en la OEA, es un “Estado fallido” y denunció lo que calificó como una “larga historia de socavar las instituciones democráticas y fomentar la agitación civil” en la región.
Por otra parte, Landau destacó avances en Haití, donde valoró el respaldo de la OEA a la transición hacia la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Aun así, advirtió de que el trabajo “está lejos de completarse” y pidió más financiación, equipos y personal internacional. “No se puede permitir que Haití vuelva al caos”, sostuvo. EFE
El modelo de China y Vietnam, o el de Rusia
Al anunciar un programa de reformas promercado, el régimen comunista de Cuba mencionó como modelos a China y Vietnam, pero muchos en la isla temen una evolución hacia un capitalismo oligárquico, similar a lo ocurrido en Rusia tras la caída del bloque soviético.
Entre las 176 medidas aprobadas, algunas prevén que las empresas estatales se transformen en sociedades por acciones y se abran a inversores, que se autorice la banca privada y que los privados puedan invertir en infraestructura turística.
El dictador Miguel Díaz-Canel aseguró que este programa busca “preservar” el socialismo, citando los ejemplos de Vietnam y China. En estos países, el Partido Comunista mantuvo el poder mientras liberalizaba la economía a partir de las décadas de 1970 y 1980. Desde entonces, China se ha convertido en la segunda potencia mundial y Vietnam en una de las economías más dinámicas del sudeste asiático.
Pero en el caso de Cuba, varios economistas han advertido del riesgo de que una élite vinculada al régimen comunista sea la principal beneficiaria de una transición apresurada e implementada sin la menor reforma democrática.
Para el economista cubano, Pedro Monreal, una venta expeditiva de las empresas estatales “sin salvaguardas legales robustas” podría desembocar en “la captura de activos estatales por parte de insiders bien conectados con el poder”.
“Inevitablemente pienso en el +capitalismo de amiguetes+ de la transición rusa”, escribió Monreal en X, en referencia a los antiguos dirigentes comunistas que se apropiaron de activos públicos a precios irrisorios tras el colapso de la Unión Soviética.
Ricardo Torres, otro economista cubano, investigador en la American University de Washington, subraya también este riesgo de “apropiación por actores internos”. Recuerda a la AFP que “no existen mecanismos de valoración independientes, ni requisitos de licitación competitiva, ni un organismo de supervisión independiente del control del Partido (comunista)”, el único permitido en la isla de 9,6 millones de habitantes.
En el poder entre 2006 y 2008, el expresidente Raúl Castro, hoy de 95 años, expresó en repetidas ocasiones su intención de aplicar en Cuba el modelo de desarrollo implementado por Vietnam. AFP
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