El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, puso fin este viernes a todos los diálogos de la política de 'paz total' de su antecesor, Gustavo Petro (2022-2026).
La decisión supone un giro en la política nacional que deja en suspenso procesos que avanzaron hasta la concentración y dejación de armas de integrantes de algunas organizaciones armadas.
"Se acabó la falsa paz", escribió en X De la Espriella: "En mi gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad".
La decisión afecta las mesas de conversación con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Frente Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), así como los espacios de diálogo sociojurídico con grupos de Medellín y el Valle de Aburrá (Antioquia), Quibdó (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca).
Uno de los casos que ilustra las consecuencias del cambio de estrategia es el de los Comandos de Frontera, grupo que hace parte de la CNEB, cuyos miembros avanzaron durante el Gobierno Petro en un proceso de desarme.
Ese espacio había sido creado precisamente para facilitar el tránsito de los integrantes de la organización hacia la vida civil y contaba con mecanismos de monitoreo y acompañamiento institucional, pero De la Espriella ordenó su cierre mediante la Resolución 389 de 2026, con el 30 de septiembre como fecha límite para su desmonte.
La decisión general anunciada este viernes responde a la valoración del nuevo gobierno de que los procesos de diálogo y los mecanismos heredados "no produjeron avances suficientes" en materia de paz, desarme o sometimiento a la Justicia.
El gobierno también anunció el cierre de los espacios de negociación con los grupos mencionados y defendió que quienes manifiesten una voluntad efectiva de abandonar las armas deberán acogerse a la Justicia, mientras que aquellos que continúen ejerciendo violencia contra la población "serán enfrentados por la fuerza pública".
EFE
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