Estados Unidos intensifica cada vez más la presión sobre el régimen comunista de Cuba para forzarlo a encarar reformas políticas y económicas. El Departamento de Estado anunció ayer jueves nuevas sanciones contra nueve entidades -entre ellas la que tiene que ver con las brigadas médicas- y dos funcionarios del régimen cubano.
Entre las entidades señaladas figuran tres vinculadas al sector energético cubano: el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Empresa de Energía S.A. (ENERSA) y Einarbo S.A.
La Administración de Donald Trump también sancionó a varias entidades que, según su investigación, forman parte de los esfuerzos del conglomerado empresarial militar cubano Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) para eludir las restricciones estadounidenses, entre ellas la Terminal de Contenedores de Mariel S.A., operadora del principal puerto de contenedores de Cuba.
Brigadas médicas
Las nuevas sanciones incluyen además a entidades relacionadas con el sistema cubano de misiones médicas en el extranjero, que Estados Unidos acusa de utilizar un esquema de trabajo forzoso y de retener una parte significativa de los salarios de los profesionales enviados al exterior. Los dos funcionarios sancionados son la directora de la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), Gretza Sánchez Padrón y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda.
El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas del régimen comunista de Cuba, con 7.000 millones de dólares en 2025, según cifras oficiales.
El año pasado, unos 24.000 médicos y otros profesionales cubanos de la salud fueron enviados a 56 países. Pero en los últimos meses, Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana finalizaron esos acuerdos.
El Departamento de Estado considera que esas brigadas son una forma de tráfico de seres humanos y de explotación. “Las autoridades cubanas explotan leyes y condiciones económicas inherentemente coercitivas para manipular u obligar a los trabajadores a incorporarse y permanecer en programas de exportación de mano de obra”, asegura su comunicado.
Las sanciones dejan bajo jurisdicción estadounidense los bienes y activos de las entidades y las personas mencionadas y prohíbe las transacciones de personas o instituciones de Estados Unidos con ellos.
El pasado mes de junio, las sanciones alcanzaron al dictador de Cuba, Miguel Díaz‑Canel, a varios de sus familiares y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro, hermano menor de Fidel Castro.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos también ha presentado una acusación contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.
La administración Trump aplica una política de “máxima presión” contra Cuba, en particular desde el derrocamiento a principios de enero del dictador venezolano Nicolás Maduro, hasta entonces el mayor aliado de La Habana y principal suministrador de petróleo a la isla .
Muerte de presos
La ONG Cubalex denunció ayer jueves que durante la primera mitad de este año se constataron unas 34 muertes bajo custodia del Estado cubano, cuatro de ellas de presos políticos, a los que identificó como Ernesto Brieva Sempé, Roberto Álvarez Ávila, Luis Miguel Oña Jiménez y Lázaro García Ríos.
Cubalex denuncia que “las personas privadas de libertad por motivos políticos suelen estar expuestas a mayores niveles de arbitrariedad, represalias y vulneraciones de derechos dentro de los centros penitenciarios y otras instituciones bajo custodia estatal”.
Puntualiza, además, que este grupo enfrenta condiciones de reclusión “más severas”, así como “restricciones adicionales al contacto con sus familiares y abogados”, además de “aislamiento prolongado, traslados punitivos, negación o retraso deliberado de atención médica”. Cubalex aclara que los datos “representan un subregistro y que el número real de fallecimientos puede ser significativamente mayor debido a la falta de transparencia” del Gobierno de la isla. EFE, AFP
Plan alternativo a “medidas parciales”
Cinco reconocidos economistas cubanos presentaron esta semana una propuesta de reforma económica “integral” para la isla que, aseguran, “debe ir acompañada de una transformación política e institucional”. El objetivo es “construir una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de Derecho”, explican los expertos que firman este documento de 120 páginas: Mauricio de Miranda, Pedro Monreal, Omar Everleny Pérez, Ricardo Torres y Pavel Vidal. “Cuba necesita emprender un proceso integral de transformación que permita estabilizar la economía, recuperar sus capacidades productivas e institucionales y construir un nuevo modelo de desarrollo capaz de generar prosperidad, equidad y oportunidades para todos los ciudadanos”, afirman. A su juicio, la “magnitud” de la crisis hace “inviable” tratar de atajarla con “medidas parciales o ajustes administrativos”.
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