Cinco años después del histórico estallido social del 11 de julio de 2021 (11J), Cuba vive protestas a diario que confirman que el pacto social se ha roto, lo que podría desencadenar sucesos similares pese a la creciente represión, coinciden en señalar disidentes cubanos.
Cuba atraviesa una profunda crisis desde hace seis años, con carestía de bienes básicos, apagones constantes, inflación desatada, dolarización parcial y un derrumbe de los servicios básicos. La presión de Estados Unidos en el último medio año ha agravado aún más la situación.
Los apagones -de varios días de duración en amplias zonas del país- son uno de los principales detonantes del creciente descontento social, que se evidencia en las protestas -focalizadas y pacíficas- principalmente en La Habana; aunque también han sido significativas las manifestaciones en la provincia de Santiago de Cuba y la ocurrida el pasado marzo en Morón, Ciego de Ávila.
La opositora cubana, Marthadela Tamayo, reconoce que desde el 11J no se ha visto una manifestación similar, “en el sentido que fue masiva”, pero señala que “las protestas, los toques de cacerolas son tanto en horarios de día y de noche”, lo que la mantiene convencida de que la isla pudiera vivir otro 11J, pues “el aire que se respira es de protesta”.
“Es como si de manera diaria vivieras en un 11J, claro que con esa diferencia que todos sabemos de la masividad. Pero si lo creo, porque las condiciones actuales llevan a ello”, recalca.
Coincide con Tamayo, el opositor Manuel Cuesta Morúa, quien insiste en que “la profundización estructural de las carencias y de las desigualdades pueden producir un evento parecido al del 11J”, que finalizó con más de 1.400 detenidos, según han denunciado entidades de derechos humanos.
Para Cuesta Morúa, las protestas que se viven en la isla, consolidan cinco años después del 11J, una “reconfiguración del tipo nuevo de relación entre la sociedad y el Estado cubanos: ruptura del contrato histórico entre pueblo y Gobierno revolucionarios, divorcio de los ciudadanos con las instituciones del Estado, explosión de las demandas frente a éste y normalización de la protesta”.
Atajar la protesta
Ambos opositores concuerdan en que, si bien se reportan más protestas, estás se disuelven más rápido y no alcanzan mayor transcendencia debido a una marcada “vigilancia hacia la ciudadanía para que no realicen”, en palabras de Tamayo. Actualmente se está registrando una “durísima represión ejemplarizante del Gobierno frente a la protesta ciudadana”, agrega Cuesta Morúa.
En este sentido, Tamayo habla de “regulaciones y restricciones de movimiento a los activistas de derechos humanos” en la isla, así como “restricción de movimiento o regulación migratoria”, para “realizar actividad de articulación ciudadana”. Por su parte, la ONG Prisoners Defenders (PD) en un informe sobre el significado de las protestas sociales del 11J señala que en los últimos años “las autoridades han perfeccionado las herramientas de identificación, vigilancia y castigo de la disidencia”.
Se trata, prosigue, de herramientas que combinan “vigilancia digital, persecución de organizaciones independientes, utilización de figuras penales ambiguas y despliegues represivos coordinados permite responder con mayor rapidez y eficacia a cualquier expresión de protesta o crítica pública”.
Al respecto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció “al menos 1.949 acciones represivas” cometidas por el régimen de Cuba durante el primer semestre de 2026.
“A punto de cumplirse cinco años de las masivas protestas del 11 de julio en Cuba, denunciamos la grave situación represiva en el país y en especial el ensañamiento contra los presos políticos: los están matando lentamente”, subrayó el OCDH.
La misma postura sostiene Cuesta Morúa, quien fue recientemente detenido y, según denunció el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), sufrió “maltrato físico y amenazas”. A su juicio, el Gobierno cubano “endurece su respuesta llevando a prisión e imponiendo duras sanciones a algunos de quienes protestan, a modo de mensaje sobre su determinación de encarecer el descontento manifiesto de los ciudadanos”.
“Esto tiene un efecto disuasorio”, señala y añade otros dos factores que dificultan una mayor articulación de la protesta en la isla: “la ausencia clara de espacio público” y “el diseño preciso para cortar (por parte del Gobierno) cualquier vínculo entre el liderazgo cívico y la ciudadanía”.
Cuesta Morúa señala que el 11J ha logrado “de algún modo”, aunque “sin lograr la satisfacción” de las necesidades ciudadanas, que los cubanos se hayan “empoderado” y se haya “destruido la narrativa del Gobierno”. “Éste manda -no gobierna- con escasa legitimidad”, afirma. Claudia Dupeirón (EFE) / La Habana
Cumplió su condena, pero está desaparecido
El artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara cumplió ayer jueves su condena de cinco años de prisión, pero desde hace dos días se desconoce su paradero, confirmaron a EFE fuentes próximas al preso político. “Hasta ahora no sabemos a dónde se lo llevaron; solo que lo sacaron de prisión desde el martes. Ayer dijeron a su tía que lo llevarían a verla; pero no lo llevaron”, explicó la curadora y opositora en el exilio Anamely Ramos, integrante de Movimiento San Isidro.
Otero Alcántara (38), considerado un preso de conciencia por Amnistía Internacional, estuvo encarcelado durante cinco años en el penal de Guanajay, desde donde había denunciado en varias ocasiones múltiples abusos. El líder del Movimiento San Isidro fue apresado el 11 de julio de 2021, cuando intentó sumarse a las masivas protestas de esa jornada, las mayores en décadas en Cuba.
Amnistía Internacional exigió la víspera la liberación inmediata e incondicional.
Sistema de salud al borde del colapso
En una sala de un instituto especializado de La Habana donde reciben atención pacientes con cáncer, Rosa Valentina Pérez espera hace semanas una tomografía para diagnosticar la causa de la pérdida de movilidad en sus piernas. Los hospitales de la capital no cuentan con servicio de tomografía a causa de desperfectos y estos exámenes se concentran en un instituto donde un único equipo atiende los casos de la ciudad y de otras provincias. “Ustedes no pueden imaginar lo que es tener estos dolores, saber que te está mermando la vida y saber que te están diciendo ‘vamos a ver cuándo se puede’” hacer el estudio, dice Pérez, postrada en una cama del Instituto de Oncología y Radiobiología (INOR).
Cuando esta mujer de 64 años nació, la revolución encabezada por Fidel Castro impulsaba un sistema de salud gratuito y accesible presentado durante décadas como una de sus mayores conquistas sociales. Incluso en la crisis de los años 1990, tras el colapso soviético, el modelo sobrevivió. Sin embargo, el covid-19 y la escasez de combustible agravada por el bloqueo de Estados Unidos desde enero lo han llevado al límite.
El gobierno ha concentrado los recursos en programas prioritarios como cáncer, cardiología, nefrología y atención materno-infantil. Aún así, esos programas están hoy entre los más afectados por falta de medicamentos, deterioro tecnológico, apagones y éxodo de personal.
En el INOR, 1.200 pacientes esperan radioterapia. El 80% de la tecnología para diagnóstico y tratamiento está obsoleta o averiada. La crisis golpea incluso a los niños. Mariuska Forteza, jefa de Oncopediatría, asegura que hemogramas rutinarios, esenciales para pacientes de quimioterapia, no pueden realizarse con la frecuencia necesaria. “Es muy frustrante que tú sepas que puedes salvar al niño, lograr una supervivencia mejor, y no lo puedes hacer porque estás atada de manos”, lamenta. La tasa de supervivencia infantil por cáncer cayó del 85% al 65%, según datos oficiales. AFP
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