La Seguridad del Estado, la temida contrainteligencia cubana, arrestó a Ernesto Ricardo Medina frente a su hija de tres años. Los agentes tocaron a la puerta principal de la casa a las seis de la madrugada. Era viernes 6 de febrero. Justo a esa hora se había ido la luz en Holguín, en el oriente de la isla. Nada extraño en una ciudad acostumbrada a las penumbras.
“Tico, es la policía”, le advirtió su esposa, Doris Santiesteban, tras asomarse a la ventana. Medina bajó y abrió la reja. “Solo es una orden de registro”, respondió después de que el jefe de la operación le enseñase el documento.
Los policías se llevaron todo lo que pudieron. Su celular, el de Doris, las laptops, los cargadores, el trípode, la cámara. A Medina le pusieron las esposas y lo subieron a la patrulla. En ningún momento mostraron una orden de arresto, según relata la esposa de Medina a El País.
“¿Dónde está el cuartico?”, le soltó un agente en tono amenazante. Se refería a la pequeña habitación que motivó una movilización policial. El rinconcito de la casa en donde, desde 2024, Tico y su amigo Kamil Zayas grababan los vídeos en los que criticaban al régimen ante más de 140.000 seguidores en redes sociales. Lo que Medina ignoraba mientras se lo llevaban era que a su compañero lo acababan de detener a esa misma hora.
El 11 de febrero se decretó la prisión preventiva. Siete meses después, la Fiscalía ha formalizado la acusación contra ambos por tres delitos: propaganda contra el orden constitucional; difamación de las instituciones, organizaciones, héroes y mártires; e instigación a delinquir.
El País de Madrid ha tenido acceso a la petición fiscal, al auto de apertura del juicio oral y a la resolución que les negó la posibilidad de seguir el proceso en libertad. El expediente judicial presenta a ambos amigos como una amenaza para el Estado. Y exige para ellos severas penas de cárcel: ocho años para Medina y 10 para Zayas.
La acusación está fechada el 15 de septiembre y lleva la firma del fiscal Fernando Sera Planas. En ella, los señala por crear el proyecto digital El4tico (El cuartico) “con el propósito de transmitir, a través de las redes sociales, su posición ideológica y exhortar al resto de la población a que se sume a esa forma de pensar”.
Medina y Zayas, continúa el documento, generaron “contenido de carácter contrarrevolucionario (...) instaban a las personas a que no aceptaran el orden social y político consagrado en la Constitución, (...) ultrajaban a los principales dirigentes del país, al Gobierno y a las organizaciones políticas como el Partido Comunista”.
El fiscal, que presume en redes sociales de su afección al régimen, ganó fama en la provincia de Holguín por sus peticiones de hasta 30 años de cárcel para los jóvenes que participaron en las históricas protestas del 11 de julio de 2021.
La detención de los dos amigos terminó de cerrar una pinza que la policía política llevaba meses apretando. De acuerdo con Paula Lobón, amiga de Zayas afincada en Estados Unidos, la familia del influencer ya sospechaba que el aparato represivo cubano iba a echar a andar la maquinaria. “Una persona que es amiga de la familia y que trabaja para la Seguridad del Estado les había advertido de que existía un caso abierto”, cuenta por teléfono.
La clave en el éxito de El4tico residía en la frescura: vídeos cortos y desenfadados, en formato de monólogo, donde desgranaban la crisis de la isla y cuestionaban al régimen. La cuenta se convirtió en una trinchera mediática montada en esa modesta habitación, de paredes desconchadas, armada con un escritorio, una pizarra y un viejo ventilador soviético.
La petición del fiscal va más allá. En el documento se asegura que los equipos con los que los dos amigos montaron el proyecto fueron adquiridos gracias a que “se relacionaron con elementos contrarrevolucionarios que radican en España”. Zayas y Medina, de 34 y 32 años, respectivamente, habrían recibido “financiamiento y donaciones (...) desde el exterior (...) que oscilaron entre cinco y 200 dólares”.
El fiscal señala a sus supuestos patrocinadores por nombre y apellido: el dramaturgo Yunior García, la activista Carolina Barrero y Amelia Calzadilla, líder del ilegal Partido Liberal Ortodoxo Cubano. Aunque inmediatamente después, el letrado reconoce que no se ha podido “identificar a los donantes”. De hecho, según la acusación, el antiguo abanico ruso, tan característico de la habitación, fue obtenido a través de la financiación desde España.
Para el abogado cubano Alain Espinosa, de la organización Cubalex (con sede en Estados Unidos), señalar esa conexión con el extranjero sin ninguna prueba documental no es mera coincidencia. “Es un mensaje disuasorio.
Intentan, de alguna manera, utilizar el financiamiento exterior para criminalizar el disenso, porque es una forma de precarizar a todos los activistas”, argumenta.
El experto también asegura que la acusación de propaganda contra el orden constitucional es una “interpretación muy extensiva del tipo penal con el objetivo, básicamente, de poderle imputar o sancionar de una manera más severa”.
El fiscal propone como principales pruebas durante el juicio un par de DVD con fragmentos de los vídeos subidos por los influencers y los testimonios de un funcionario municipal, el de un vecino y el de un capitán de la Seguridad del Estado. En Cuba es común que se utilice a integrantes del aparato estatal como testigos clave en los juicios contra activistas y disidentes.
Para Espinosa, a los jueces les bastará con comprobar que Medina y Zayas hayan dicho en alguno de sus vídeos que es necesario enterrar el modelo socialista cubano para que proceda una sentencia por propaganda contra el orden constitucional.
Entre las pruebas aportadas por el fiscal se encuentra un fragmento en el que, según Sera Planas, los jóvenes “exhortaban a la población, a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y al Ministerio del Interior a tomar el poder para cambiar el orden constitucional, la forma de gobierno y el Estado socialista”.
En medio de un apagón, Doris Santiesteban envía una nota de voz a El País. Habla de la tristeza que se vive en casa sin su esposo. Pero también habla de esperanza. “Viendo los delitos que le imputan… sí son muchos años. Espero que pase algo milagroso. Yo tengo mucha fe. Tengo fe en que no sea una condena tan alta”, dice mientras se escucha en el fondo a su pequeña preguntando por su padre. Juan Carlos Espinosa / El País de Madrid
Reducción de las misiones laborales en el exterior
Estados Unidos cree que gracias a su presión diplomática Cuba se vio obligada a reducir en cerca de un tercio sus misiones laborales en el exterior, aseguró el Departamento de Estado. En su informe anual sobre tráfico humano en todo el mundo divulgado la semana pasada, el organismo dedica un capítulo a Cuba.
“El aumento del compromiso diplomático de Estados Unidos para denunciar las prácticas de trabajo forzoso y emplear restricciones de visado, entre otras, reducirá el número de trabajadores afiliados al régimen y de países que reciben misiones laborales”, según el informe.
“Estas acciones contribuyeron a combatir el esquema de trata de personas del régimen cubano (...) y disminuir el número de trabajadores afiliados al régimen cubano en el exterior de 24.000 al inicio de 2025 a entre 15.000 y 18.000 trabajadores en 2026”, una reducción de entre el 25% y el 37,5% respectivamente.
Las “misiones laborales” cubanas son una fuente de ingresos de divisas para La Habana en medio de una grave crisis financiera y social. Los profesionales de la salud representan el 75% de la fuerza laboral civil exportada por Cuba y constituyen una fuente financiera vital para el régimen”, aseguró el Departamento de Estado. AFP
Autorizan concesiones en el sector petrolero
Cuba anunció esta semana una reforma de su sector petrolero, que incluye concesiones a inversionistas extranjeros y la apertura al sector privado local, como parte de su programa de liberalización económica.
El país comunista busca ampliar su producción de petróleo y gas con nuevas normas aprobadas en el contexto del paquete de 176 reformas a favor del mercado libre, adoptadas en junio, para hacer frente a una de las peores crisis económicas del país.
Desde principios de la década de 1990, compañías extranjeras han participado en el sector de los hidrocarburos, pero solo mediante contratos de producción compartida a través de empresas mixtas con el Estado.
La nueva legislación “incorpora otras alternativas, entre ellas la concesión petrolera, que puede resultar más atractiva para determinados inversores”, explicó Pedro Abigantus, directivo del Ministerio de Energía y Minas, citado por el portal oficial Cubadebate. Asimismo, “contempla la participación de actores económicos privados nacionales en actividades de la industria petrolera”, agregó.
La norma busca “el incremento progresivo de la producción de petróleo crudo y gas natural”, según Abigantus, en “un escenario económico y energético diferente”, de liberalización económica, aunque sin renunciar al “control estatal sobre los recursos petroleros”.
Como parte de su política de “máxima presión” contra La Habana, Estados Unidos aplica desde enero un bloqueo petrolero que ha agravado la crisis económica y energética que ya enfrentaba la isla de 9,4 millones de habitantes. Varias empresas estatales y dirigentes del sector han sido sancionados.
El país produce el 40% del petróleo que consume y que se destina principalmente al funcionamiento de las siete viejas termoeléctricas que constituyen el pilar de su sistema eléctrico.
Washington solo ha permitido desde febrero la entrada de combustible adquirido en Estados Unidos por emprendedores privados cubanos. Sin embargo, estas compras representan solo un 3% de las necesidades de consumo del país, según datos oficiales.
En julio, el gobierno cubano permitió la apertura a los privados de amplios sectores de la economía como gasolinaras, farmacias, puertos y bancos. Según datos oficiales, más de 15.000 pequeñas y medianas empresas operan en Cuba y emplean a más de un tercio de la población activa. AFP
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