El después de la condena: aliados de Bolsonaro trabajan por una amnistía y el gobierno presiona para evitarla

Redacción El País
El equipo de coordinación política del gobierno trabaja para impedir que la amnistía para los condenados por intentos de golpe de Estado, que podría beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro, avance en la Cámara de Diputados.

El principal objetivo del Palacio de Planalto es impedir incluso que se considere la medida de urgencia, un mecanismo que agiliza la votación del proyecto de ley, pero funcionarios del gobierno admiten que la presión de los partidarios de Bolsonaro y parte del Centrão podría forzar la votación de la medida. Por ello, existen amenazas de destituir de sus cargos a quienes voten a favor.

Legisladores aliados de Bolsonaro intentan presionar al presidente de la Cámara de Representantes, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que aborde el asunto y exigen que la Cámara apruebe la urgencia y el mérito del texto el próximo miércoles. El presidente de la Cámara aún no ha designado un relator para el texto ni ha fijado una fecha de votación, pero se espera una señal más clara tras la reunión de Motta con los líderes del partido el martes.

Si la presión para votar sobre la urgencia de la amnistía afecta a Motta y a la mayoría de los líderes, los aliados del gobierno afirman que ya tienen una estrategia en marcha para evitar que se apruebe el instrumento que acelera el proceso. Se está intentando evitar que la urgencia alcance los 257 votos necesarios para su aprobación, y para ello, la Secretaría de Relaciones Institucionales (SRI), encabezada por la ministra Gleisi Hoffmann, está mapeando los cargos federales propuestos por representantes de los partidos del Centrão.

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Los aliados en el Palacio de Planalto creen que se debe instar a los parlamentarios a no votar a favor del proyecto de ley. En los casos en que los representantes no se sientan cómodos votando en contra, el gobierno ha recomendado que se abstengan de la sesión.

El ministro del SRI habló públicamente sobre el asunto después de que União Brasil y el PP anunciaran que solicitarían la dimisión de los ministros de Turismo, Celso Sabino, y de Deportes, André Fufuca. Esos partidos, junto con el Partido Liberal (PL), lideran la presión para que se considere la amnistía.

La decisión de los partidos sólo se aplica a los miembros que tienen mandato y no abarca, por ejemplo, los designados por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre (União), y el expresidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (PP).

Gleisi dijo a principios de septiembre que “quien permanezca debe estar comprometido con el presidente Lula y con las principales agendas que defiende este gobierno” y que “esto aplica a quienes tienen mandato y a quienes no, incluyendo a quienes nombran personas para cargos gubernamentales, ya sea en la administración directa, indirecta o regional”.

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El presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, reconoce que hay gran presión para que se discuta la amnistía, pero declaró que el partido está preparado para competir con la oposición.

“Será una guerra. No podemos permitir que se apruebe la amnistía. Tenemos que construir para impedirla. Sería una victoria para la derecha internamente y una victoria para (el presidente estadounidense) Trump externamente”.

Miembros de la base oficialista, dentro del PT y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), admiten que existe un sentimiento de insatisfacción en la Cámara de Diputados con el ritmo de aprobación de las enmiendas, y que el Palacio de Planalto debe abordar este problema para evitar derrotas. Este grupo ha abogado por una aprobación más rápida de las enmiendas para evitar que los diputados voten a favor de la amnistía.

Por otro lado, las bases del gobierno presentarán en la próxima reunión de líderes, donde se espera que la amnistía sea un tema clave, una petición para que el proyecto de ley que exime del impuesto sobre la renta a quienes ganen hasta R$ 5.000 se presente la próxima semana.

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La idea es competir por la prioridad en la votación con la amnistía e intentar movilizar a la sociedad señalando que el proyecto de ley solicitado por la oposición ha interferido con un texto de atractivo popular.

Aún no hay acuerdo sobre el alcance de la amnistía. Los miembros del PL más cercanos a Bolsonaro quieren que la amnistía le devuelva su elegibilidad, pero miembros del Centrão se han opuesto a esta posibilidad, argumentando que es más viable aprobar una versión que excluya a Bolsonaro de las urnas, pero anule su condena por el intento de golpe.

El diputado Zeca Dirceu (PT) dijo que el gobierno ha actuado para bloquear cualquier versión de la iniciativa. “No se atenderá la urgencia; esta es la realidad actual. Si cambia, la derrotaremos por votación. El gobierno ha actuado, y también el grupo parlamentario”.

En la misma línea, el líder del PT en la Cámara, Lindbergh Farias, declaró que sólo ve “la votación de amnistía en un escenario de derrota”.
Lauriberto Pompeu / OGlobo (GDA)

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Los abogados defensores de Jair Bolsonaro adelantaron que apelarán la condena del expresidente a 27 años de cárcel “incluso en el ámbito internacional”, en una nota divulgada a la prensa.

Los abogados Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, que integran la defensa de Bolsonaro, expresaron que consideran las penas “absurdamente excesivas y desproporcionadas”, y que analizarán la sentencia para posteriormente presentar un recurso. Bolsonaro aún no irá a prisión.

Por sus problemas de salud y su edad (tiene 70 años), podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, algo que ya ha sido considerado por su defensa.